La estrategia de los ex rectores obliga al juez a retrasar el juicio

El rector de la UAS Jesús Madueña Molina; el ex rector, Juan Eulogio Guerra Liera; y el Comité de Adquisiciones, tomaron la decisión inédita de revocar a sus abogados para obligar al juez a diferir una audiencia después de que el juzgador insistía en celebrarla y los defensores en que no estaban preparados porque la Fiscalía les acababa de entregar 5 mil fojas más del expediente.

La semana pasada en el Centro de Justicia Penal de Culiacán estaba programada una audiencia para formular imputación por la supuesta compra irregular de más de 120 millones de pesos sin licitación.

Además del rector y el ex rector están involucrados Manuel de Jesús Lara Salazar, Ismael García, Salvador Pérez Martínez, Soila Maribel Gaxiola, Jorge Pérez Rubio, Héctor Melesio Cuen Díaz, Norma Alicia Aguilar y Óscar Orlando Guadrón.

Al iniciar la audiencia, el abogado de Salvador Pérez, Víctor Álvarez, dijo que un día antes habían entregado a la Fiscalía mil 30 facturas canceladas para que las integraran al expediente.

Mencionó que también un día antes la FGE entregó a los defensores siete tomos más con cinco mil fojas y un agregado de la carpeta de investigación.

El abogado del rector, Milton Ayala Vega, manifestó que no había podido analizar los nuevos documentos porque tenía menos de 24 horas que se los entregaron, por lo que no estaban en igualdad de condiciones con la fiscalía por que los defensores desconocían el contenido de los nuevos tomos.

En los tomos, indicó, hay pruebas periciales contables y los abogados no tienen conocimientos técnicos en contabilidad por lo que es necesario que un experto las revise.

Reconoció que la Fiscalía los citó para que fueran a recogerlos el viernes 6 de octubre, pero no pudieron hacerlo porque estaban en el plazo para presentar las demandas de amparo por la vinculación a proceso, dictada el 14 de septiembre.

Señaló que la FGE tenía esos documentos desde agosto y los entregó hasta octubre.

El defensor pidió al juez diferir la audiencia para que la defensa pudiera revisar la información y preparar una estrategia.

El fiscal Marco Antonio Álvarez respondió que no usarían la información de los siete tomos, solo la contenida en los otros 20 tomos, de los cuales la defensa ya conocía porque contaba con ellos desde hace más de un mes.

Aseguró que se trataba de una defensa colegiada con una estrategia de dilatar el inicio del proceso penal.

Manifestó que todos los abogados, excepto los de Guerra Liera y Norma Alicia, presentaron un oficio por separado para justificar que no podían acudir por los documentos el viernes 6 y todos son idénticos, solo cambia el nombre del abogado.

Además, detalló, los defensores entregaron a la Fiscalía mil 30 facturas canceladas, horas antes de que iniciara la audiencia, con la intención de retrasar el proceso penal.

El juez, Adán Alberto Salazar Gastélum, resolvió que sí había condiciones para iniciar la audiencia de imputación.

Aseguró que el sería vigilante de que la FGE no usara la información que contienen los siete tomos.

Milton Ayala respondió al juez que no podía ser vigilante de que la Fiscalía no usara los documentos, porque los juzgadores no conocen el contenido de la carpeta.

Pidió al juez revocar su decisión de celebrar la audiencia ese día y deferirla, y que de iniciar la sesión estaría obligado a renunciar la defensa porque no está en condiciones por desconocer el contenido de siete tomos de la carpeta de investigación.

El ex rector Juan Eulogio Guerra Liera dijo al juez que ellos han aportado a la sociedad y son parte de la educación de la misma sociedad y lo menos que merecen es la posibilidad de una defensa adecuada.

Pidió que diera la oportunidad de que los abogados conozcan la información de los documentos para seguir confiando en la justicia.

“Si se dan días no cambiará el posicionamiento de la Fiscalía, pero sí se mantendrá la confianza en el Poder Judicial”, manifestó.

Giancarlo Salvador Loza, abogado de Guerra Liera, dijo al juez que si decidía celebrar la audiencia estaría impidiendo el derecho a la defensa adecuada y adelantó que sería revocado por su defendido.

Usted no está garantizando ni velando por la defensa adecuada, expresó.

El abogado de Cuen Díaz, Julio Hernández, manifestó que la celebración de la audiencia violaría flagrantemente la Constitución.

Señaló que no estaba en condiciones técnicas de llevar la defensa y pidió ser removido.

Alfonso Carlos Ontiveros Salas, abogado de Pérez Rubio, manifestó que el titular del Poder Ejecutivo ha hecho manifestaciones de que hay corrupción en la universidad y señala a los imputados como responsables.

Ontiveros Salas dijo al juez “espero que el Ejecutivo no incida en su imparcialidad” y anunció también que renunciaría si la audiencia no era reprogramada.

El resto de los abogados, Raúl Monzón, Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazábal, Alonso Astorga; Víctor Sepúlveda, Jesús Fernández y Luis Alfonso Navidad, también mencionaron que no estaban preparados porque no conocían los nuevos tomos.

Todos advirtieron al juez que de iniciar la audiencia renunciarían o serían revocados.

El juez resolvió que sí había condiciones para celebrar la audiencia.

Señaló que él no conocía absolutamente nada del contenido de la carpeta y estaría vigilante de que la FGE no usara la nueva información a través de lo que manifestaran las partes.

No se advierte incapacidad para la defensa ni vulneración a los derechos de los imputados, expresó.

Tras la negativa, el rector pidió la palabra y dijo al juez que revocaba a su abogado; luego siguió el ex rector y dijo lo mismo; después Soila Maribel y continuaron uno a uno el resto de los imputados.

Debido a que los involucrados no tenían defensa, la audiencia no podía celebrarse.

El fiscal Marco Antonio Álvarez pidió al juez que nombrara defensores de oficio, pero los imputados se negaron y dijeron que nombrarán particulares.

Artículo publicado el 15 de octubre de 2023 en la edición 1081 del semanario Ríodoce.