Al cuarto día de paro, la amenaza fue simple: si continúan serán sancionados.
Después del despido arbitrario de la delegada sindical en la dirección de Fiscalización, las represiones del Ejecutivo amagan a los burócratas amparados en un sindicato de oídos sordos.
En la semana que concluyó, un supervisor de la zona sur fue bajado de categoría a auditor, a otra empleada se le cambió su horario de trabajo y el resto de los sindicalizados que participaron en el paro laboral están amenazados con levantarles actas administrativas si regresan a la protesta.
Lilian Raygoza Ochoa, delegada del STASE en el área de Fiscalización, con 21 años de antigüedad en el aparato gubernamental, fue notificada de su despido el pasado 25 de abril, bajo un primer argumento de recorte del gasto por el decreto de austeridad y después, asegurando la acumulación de actas administrativas por mal comportamiento.
Despido turbio
De acuerdo a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, en el capítulo que se refiere a la “Estabilidad, suspensión y terminación de los efectos de la relación laboral”, se detallan las causantes para concluir la relación laboral con un trabajador de base.
Según el artículo 65 de la ley: Cuando el trabajador incurra en alguna o algunas de las causales a que se refiere el artículo anterior, la entidad pública podrá levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos que se propongan, actuación que se firmará por los asistentes, debiéndose entregar en ese mismo acto una copia al trabajador y otra al representante sindical.
Sin embargo, Raygoza Ochoa asegura que desconoce las actas administrativas que se le imputan, nunca fue notificada de su existencia y hasta el momento, no se le han mostrado.
“Yo ya no sé cuál es la realidad, escucho puros rumores de lo que dicen en los medios pero a mí no se me ha explicado formalmente ¿las actas administrativas?, ellos siguen sin mostrármelas”, enfatiza Raygoza Ochoa.
Y aunque los documentos debieran sustentar el despido de la delegada, el director de Gobierno, Raúl Pérez Miranda, no ha detallado los motivos por los que se levantaron actas administrativas y se concluyó el cese laboral.
Pérez Miranda justificó que aunque las actas no tengan la firma de Raygoza Ochoa, cuentan con las rúbricas de otros testigos. Una de ellas, según explicó de forma escueta, se elaboró debido a que Raygoza Ochoa habría hecho caso omiso a un cambio de área, ordenado por su jefe directo.
Por el caso de Raygoza Ochoa se han realizado dos reuniones entre la Dirección de Gobierno y la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, pero en ninguna se ha permitido el acceso a la trabajadora cesada.
“Yo estaba confiando en que él (Heráldez Machado) tiene buenas relaciones con gobierno, en ninguno momento debió permitir que yo no estuviera en esas reuniones”, denunció la empleada de base.
El pasado martes 3 de mayo, horas antes de realizar una segunda reunión con el STASE para tratar el conflicto en la dirección de Fiscalización y evitar que los trabajadores continuaran en paro laboral, el secretario de gobierno Gerardo Vargas Landeros indicó que el caso de Raygoza Ochoa ya se había turnado a la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde se resolvería su condición laboral.
“Yo tengo dos meses para presentar una demanda por despido injustificado pero no quiero irme a la demanda porque ahí me van a tener años y mientras tanto tengo una familia que mantener, ya nada más me faltan cuatro años para jubilarme”, reclamaba Raygoza Ochoa el pasado jueves 8 de mayo en los pasillos del Congreso del Estado.
La burócrata acudió al recinto legislativo para pedirle a los diputados su intervención ante el gobernador, Mario López Valdez.
La auditora se entrevistó con la diputada Yudit del Rincón Castro, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y presidenta de la Comisión de Equidad y Genero; Silvia Miriam Chávez López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y la diputada, Imelda Castro Castro, integrante de la Junta de Coordinación Política.
Raygoza Ochoa les explicó a las diputadas que el líder del STASE, Armando Heráldez Machado no le ha informado los resultados de las reuniones que ha sostenido con el Ejecutivo, donde supuestamente se ha tratado el tema del cese laboral.
Además, la dirigente sindical enfatizó su antigüedad en el aparato gubernamental y su condición de mujer, madre de familia y único sustento económico de su hogar.
“El gobernador declaró la semana pasada que iba a resolver mi caso, él dijo que respetaba los derechos de los sindicalizados pero hasta ahorita no se ha resuelto nada. Yo creo que ellos como diputados pueden acercarse más a él y explicarle cómo está realmente mi caso”, señaló Raygoza Ochoa.
En el 2013, Raygoza Ochoa denunció a Jesús Alanís Chaídez, director de Fiscalización, por retener los bonos de compensación de los auditores.
A partir de la denuncia pública, la delegada sindical ha acusado al funcionario, en reiteradas ocasiones, por ejercer represalias en contra de los empleados de base, hostigamiento y acoso laboral. Los trabajadores del área han realizado innumerables manifestaciones en el Palacio de Gobierno para exigir un alto al hostigamiento.
“Si esto le hacen a una delegada sindical, ¿qué pueden esperar los trabajadores?, cuestiona la empleada rescindida.
