Los mexicanos ya pagamos más impuestos.

Pagamos costos extras a los que señala ley por servicios que debiera darnos el gobierno y no lo hace.

Dos ejemplos.

Pagamos impuestos extra por seguridad en forma de cuotas por vigilancia privada; gastos en seguros, candados, herrería y por derecho de piso y extorsiones.

Según INEGI, el costo de la inseguridad en nuestro país, en 2022, fue de 319 mil millones de pesos.

Pagamos un impuesto extra por el mal servicio que dan las instituciones públicas de salud a sus derechohabientes.

Según INEGI, en 2022, a pesar de tener derecho a todas las medicinas y todas las atenciones médicas, los afiliados al IMSS gastaron, en promedio, 5 mil 350 pesos de su bolsa para obtenerlas. Los inscritos al ISSSTE, 9 mil 881 pesos, los a Pemex, 5 mil 441, y los del IMSS Bienestar, 4 mil 776.

Ya pagamos impuestos extra pero no es una carga fiscal distribuida equitativamente, suele encajarse con el más débil, no corrige la falla estatal, por el contrario, por ejemplo, los pagos a la delincuencia significan firmar una cadena perpetua con la extorsión.

Invertimos poco y mal.

Los rezagos sociales son enormes. Por ejemplo, en pleno siglo XXI, 9 millones de mexicanos viven en casa con piso de tierra y 64 millones no tienen seguridad social.

El rezago en economía y seguridad es muy alto: en 2022, el PIB per capita (142 mil pesos) fue menor al de 2016 (144 mil) y en el 27 por ciento de los hogares alguno de sus miembros fue víctima de un delito.

Los retos por resolver son imponentes: cambio climático, sequías, migración, narcoterritorios, nearshoring, digitalización, etc, etc.

El gasto público tendrá un tamaño equivalente, en 2024, al 26 por ciento del PIB, mientras que los países de la OCDE tienen un promedio de 40. Tenemos un Estado “mínimo” que no satisface las necesidades básicas ni impulsa el desarrollo económico.

Los ingresos que se recaudaron por impuestos en 2022 fueron del orden de 13.3 por ciento del PIB. El promedio de los países de la OCDE es 34; de América Latina, 24 y, de África, el 17.

Ya inició la feria de promesas electorales. No nos engañemos, todas ellas hay que pagarlas, requieren de una fuente de financiamiento.

Necesitamos gastar mejor. Planear bien costos, tiempos y beneficios.

En 2019 el presidente dijo que el proyecto “Dos bocas” costaría 8 mil millones de dólares. Hace un mes el secretario de Hacienda reconoció que costará 17 mil millones de dólares. Lo “inauguró” en julio de 2022 y prometió el primer barril para diciembre de ese año. Hasta hoy no ha producido un solo litro de gasolina. La posibilidad de que sea rentable esta inversión es del 2 por ciento.

Urge establecer un sistema de inversión pública con un órgano técnico especializado que sea el responsable de definir cuáles son las necesidades de infraestructura física con base en diagnósticos sustentados y proyectos ejecutivos firmes con una visión de largo plazo del México al que aspiramos y del camino que debemos recorrer.

Necesitamos gastar honestamente.

La fórmula que ha funcionado es que existan organismos independientes que vigilen, controlen y castiguen a los funcionarios. Esos órganos serán fuertes si son autónomos en su presupuesto y en la forma de designar a sus miembros. Son débiles si las autoridades les recortan recursos o el aparato electoral oficial es quien decide su nombramiento.

Necesitamos un sistema tributario suficiente y eficiente.

“…gravamos más donde debíamos gravar menos, como a las empresas para estimular la inversión; y menos donde deberíamos gravar más, a los más ricos para corregir la desigualdad.” Dice Suárez Dávila. O sea, rediseñar el ISR.

Las multinacionales y los ultra ricos mundiales eluden anualmente 483 mil millones de dólares. México debe apoyar los trabajos de la Comisión Independiente sobre la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas, lo que, sorpresivamente, no ha hecho un gobierno que, muchas mañanas, lanza diatribas contra los “neoliberales”.

Propongo conformar un acuerdo nacional sobre la tributación basada en las propiedades. Dirigirnos hacia una ley general que regule que pague más quien más tenga, la renovación catastral y fortalezca la capacidad de cobro para que no se escapen los poderosos.

Ampliar la base gravable.

Disminuir tasas preferenciales del IVA, limitada a una canasta básica de verdad vinculada a la pobreza.

Asentar en la ley que los impuestos tienen una función de reducción de la desigualdad lo que disminuiría los recursos jurídicos de los mayores evasores.

Celebrar una Convención Nacional Hacendaria para rediseñar las funciones de los diferentes órdenes de gobierno, reforzar la rendición de cuentas de todo organismo y persona que reciba recursos fiscales y reestructurar las razones y las formas de asignar el dinero público.

La reforma fiscal es necesaria porque, para sostener un crecimiento mediocre y mejorar muy levemente las condiciones de la población, se está pidiendo prestado.

Vivimos mal y de prestado.

Tenemos la deuda más grande de nuestra historia porque, como dice OXFAM, se recauda menos de lo que se puede y se gasta más de lo que se tiene.

De forma velada, en el presupuesto para 2024, el gobierno nos dice: estos programas y estas obras con sobre costo las pagarán tus hijos, ellos deberán cubrir los préstamos que estamos pidiendo.

Tenemos que invertir más, para eso sirve una reforma fiscal, para organizar una cooperación social equitativa y suficiente.

Artículo publicado el 08 de octubre de 2023 en la edición 1080 del semanario Ríodoce.