Marchan por justicia a los desaparecidos

Por cuatro calles de Los Mochis, Hermelinda Astorga Coronado marchó codo a codo con poco más de 50 madres “rastreadoras” de cuerpos.

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Oculta en sus ropas llevaba una carta escrita de su puño y letra dirigida a Juan José Ríos Estavillo, el Fiscal General de Justicia de Sinaloa, en la que le dice: “Por favor atienda nuestro llamado, queremos a nuestros hijos. En la fiscalía aún se encuentran restos, cuerpos de personas sin resultado de ADN, somos madres desesperadas, con mucho dolor por no saber dónde están nuestros hijos. No queremos culpables, los queremos a ellos, de una manera u otra”.

Nadie atendió la súplica.

Rosa María Urías también dejó su petición pegada en el ventanal de la Vicefiscalía Regional de Justicia: quiero que encuentre a mi hijo Cristian Iván Avilés Urías. Desapareció el 25 de septiembre del 2013. La última vez que lo vi fue en el panteón Municipal, estábamos en un velorio de un vecino quien murió de cáncer y ya no lo volví a ver. Viajaba en una motocicleta.

A ella tampoco nadie la escuchó.

María Icela Zavala escribió: “… madre de el doctor Óscar Roberto Blanco Zavala. Mi hijo está desaparecido desde el mes de mayo del año 2020. Él desapareció en la ciudad de Los Mochis, a la fecha no se sabe qué fue lo que pasó, no se ha dado ningún avance en su investigación. Yo le pido de favor investigar qué fue lo que pasó con mi hijo”.

Y también fue ignorada.

Lucía Guadalupe Gastélum narró su peregrinar en una instancia sorda y muda: “Yo también exijo justicia para mi hijo y su esposa, Andrés Serna Gastélum y Cinthia Yoselín Peinado vega. Ya tiene cuatro años y medio su desaparición forzada y hasta ahora la fiscalía no ha informado ninguna investigación. Cuando uno va y exige que le informen cómo va la investigación no nos dice nada porque no han investigado nada para que aparezcan nuestros hijos. Mi hijo Andrés y Cinthia desaparecieron el 29 de julio del 2016 rumbo a Aguas de las Arenas junto con tres más, que son los cinco desaparecidos ese día. Yo estoy muerta en vida, les pido por favor que investiguen. Yo no busco culpables, sólo quiero de vuelta a mi hijo Andrés Serna. Y al igual que el resto, ella también se quedó esperando una respuesta.

El colectivo Rastreadoras de El Fuerte y Rastreadoras de Fe y Esperanza se aliaron para marchar por la ciudad en protesta por la pasividad con que tratan cientos de casos de desapariciones y la celeridad con que la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa sacó el caso de Margarito Álvarez Castro, un empleado universitario cuyos amigos entre profesores y alumnado protestaron en las calles exigiendo resultados. En poco menos de 100 días, la fiscalía atrapó a tres implicados y exhumó el cadáver que estaba sepultado en un dren que serpentea contiguo al panteón del ejido Primero de Mayo, pero lo que las irritó es que las pruebas genéticas se realizaron en 48 horas y en ese mismo lapso se entregó el cadáver para las pompas fúnebres.

Al principio de la manifestación, el contingente fue abanderado por patrullas de Vialidad, pero una vez en el plantón, el resguardo policial desapareció, exponiendo a las mujeres a ser embestidas por cafres del servicio público y a la molestia de conductores. Para autoprotegerse, el colectivo atravesó sus propios vehículos como barreras metálicas. Allí, paradas, sosteniendo sus cartulinas y sus banner con sus desaparecidos, persistieron durante horas.

La protesta fue ignorada por el Vicefiscal, Arnoldo Serrano Castelo, que nunca les dio la cara ni envió un emisario para al menos informarse de viva voz sobre las demandas.

Las mujeres se mantuvieron fuertes, unidas. Nadie las acobardó, y el desdén oficial les dio más combustible. Allí se quedaron.
Cuando el tiempo pasó, las damas pasaron el cerrojo de la protesta: sacaron sus cartas que llevaban escritas de puño y letra a manera de denuncia y exigencia. Se encaminaron a un ventanal y las pegaron con cinta. En ese ventana quedaron las misivas, y ellas, caminando como llegaron, se retiraron. No retornaron tristes, ni molestas, sino enjundiosas. Sabían que ignorar las protestas era la forma en que Arnoldo Serrano trata los casos.

Mirna Nereyda Medina Quiñónez, lideresa y fundadora del colectivo que ha localizado casi dos centenares de tumbas y ha llevado sosiego a decenas de familias a punto de la desintegración por la ausencia forzada de un ser querido, denunció que aunque tienen una relación pasadera con el fiscal general, Juan José Ríos Estavillo y con el vicefiscal, Serrano Castelo, la institución ha sido mediocre en los meses recientes porque ha retardado las pruebas de identidad genéticas en decenas de cuerpos que están depositados en las funerarias locales.

“Aducen falta de tiempo y carencia de reactivos, pero eso es una mentira porque en el caso de Margarito, lo hicieron con mucha rapidez”.

La “rastreadora” asegura que hay eficiencia, pero mal empleada; elitista, selectiva para los grupos de poder y denigrante, de confinamiento y olvido para el resto de casos, para los que no son nadie.

“Nuestros desaparecidos valen lo mismo que los de las familias adineradas, o de los políticos, de los profesores universitarios, como cualquiera, entonces ¿Por qué la fiscalía hace esas diferencias?”

Medina Quiñónez aseguró que el colectivo había sido participativo con la fiscalía y las mujeres habían entregado parte de su vida a búsqueda de ausentes cuando esa es una responsabilidad de la dependencia, pero ante el trato indignante que han recibido las orillaron a ser radicales, a no esperar resultados, sino exigirlos y tomarlos.

“Si la fiscalía no entiende más que con protestas, entonces saldremos a la calle. Les tomaremos las oficinas, exhibiremos a los deficientes, y gritaremos la ineptitud que tantos meses han sufrido las mujeres con desaparecidos”, dijo.

Paola López, marcha en el contingente. Ella lleva un banner en el que anuncia que busca a su esposo, Enrique Beltrán Beltrán y a sus cuñados Emilio y Santos Beltrán Beltrán, que desaparecieron en la carretera Los Mochis-San Blas cuando acudían a reclamar el cuerpo de uno de sus sobrinos, Julio César, que había sido encontrado sin vida. “Marcho por justicia, porque nuestros desparecidos valen lo mismo que los de otras personas. Si con presión social salió el caso de la UAS, con presión saldrán los de nosotras”.

Migda Guadalupe Lugo va en medio de la marcha porque desde el 14 de diciembre del 2014 busca a su hermano, José Luis Lugo, a quien prácticamente se tragó la tierra cuando salió en motocicleta de La Divisa a La Capilla, El Fuerte, a buscar una chiva. “No hay respuesta de nada. No hay palabras de la fiscalía para nosotros. Por eso estoy aquí, exigiendo justicia”.

Este viernes, la protesta en las calles dio sus frutos: cinco cuerpos que estaban retenidos desde septiembre del 2020 fueron liberados tras informar a los deudos que las pruebas genéticas habían confirmado el parentesco.

Entre ellos está el de Fernando Acosta Valenzuela, quien desapareció en agosto del 2019 en el ejido 9 de Diciembre, y cuyo cuerpo fue exhumado por las “Rastreadoras” en un predio de concentración Bachomobampo.

“Algunos de los cuerpos datan desde el 2020 y tiempo atrás. Lastimosamente, la fiscalía los liberó el viernes. La protesta dio resultados. Continuaremos en ellas, porque sólo así hacen su trabajo”, dijo.