Los dos Tesoreros del Municipio de El Fuerte durante el Gobierno de José Eleazar Rubio Ayala tienen órdenes de aprehensión por el delito de desempeño irregular de la función pública.
Por su gestión como Tesorero durante un año y medio, Marco Vinicio Vega Herrera, enfrenta siete órdenes de aprehensión; y Carlos Sarmiento Carabeo, tiene dos mandamientos judiciales.
Sarmiento Carabeo fue Tesorero de 2011 a agosto de 2012 cuando fue removido del cargo; y su lugar fue ocupado por Vega Herrera hasta el término de la administración en diciembre de 2013.
El ex Alcalde, José Eleazar Rubio Ayala, también tenía una orden de aprehensión por peculado y con un amparo logró anularla.
Vega Herrera tenía ocho órdenes de aprehensión, pero una fue anulada por un Juez de Distrito debido a que el delito ya había prescrito cuando se presentó la denuncia.
El ex Tesorero fue vinculado a proceso penal en 2015 por otra acusación por el delito de peculado, denunciado por la Secretaría de Desarrollo Social federal por desviar un millón 40 mil pesos del Programa Empleo Temporal.
Las nuevas órdenes de aprehensión fueron libradas por cuatro denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado en 2016 y cuatro presentadas en 2017.
Las órdenes de aprehensión fueron concedidas por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte.
Mediante amparos, el ex funcionario mantenía frenada la ejecución de los mandamientos judiciales.
Los jueces de distrito le concedieron amparos contra tres órdenes de aprehensión y solicitaron a la Jueza de El Fuerte que anulara los mandamientos y tras revisar de nueva cuentas las evidencias, dictó una nueva resolución.
El 5 de enero pasado la Jueza de El Fuerte dejó insubsistente una de las órdenes y el mismo día volvió a dictar una nueva orden de aprehensión.
Por otra causa penal, el 10 de enero la Jueza anuló otra orden y tras analizar las evidencias decidió emitir de nueva cuenta el mandamiento judicial.
El 14 de febrero la Jueza anuló otra más y el mismo día la volvió a librar.
Una de las denuncias fue por la transferencia de 10 millones 689 mil 785 pesos de la cuenta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal a la cuenta de gasto corriente del Ayuntamiento.
El municipio reembolsó el dinero, pero quedaron pendientes 2 millones 450 mil pesos.
Otras de las órdenes de aprehensión fue librada por el faltante de un millón 736 mil 551 pesos de la cuenta del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
De ese fondo, el Municipio recibió 41 millones 451 mil pesos y al 31 de diciembre de 2013 la cuenta bancaria presentaba un saldo de cero pesos.
La ASE encontró que había un faltante 4 millones 393 mil pesos para el pago de obras que ya habían sido realizadas pero no pagadas.
Durante la auditoría aclararon el destino de 2 millones 657 mil 108 pesos, pero quedó sin justificar un millón 700 mil pesos.
El dinero faltante era para pagar la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario y descargas, en la calle 5 de Mayo, de la comunidad Jahuara II.
En otra denuncia, la ASE acusó el faltante de 502 mil pesos del Impuesto Predial.
Supuestamente el funcionario trasfirió ese dinero de la cuenta del Impuesto Predial Rústico a la cuenta del Fondo de Fortalecimiento Municipal.
Otras de las demandas fue el traspaso de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para los Municipios a una cuenta distinta.
Por este caso, la Jueza libró la orden de aprehensión pero el Juez de Distrito la anuló.
El Juez señaló que el delito ya había prescrito cuando se presentó la denuncia.
En las demandas de amparo, Vega Herrera señaló que siempre se ha conducido con apego a la Ley.
“Reclamo de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, la inminente detención y/o aprehensión que giraron en mi contra por presuntos hechos delictivos de los cuales soy ajeno en virtud de que nunca he dejado de comportarme con rectitud y apego a la ley, sin mediar en contra del suscrito quejoso, juicio alguno mediante el cual se sigan y cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”.
“Todos los ilegales e indebidos acuerdos dictados dentro acuerdos dictados dentro o fuera de juicio que afecten mis derechos y garantías individuales ya que nunca se me otorgó la posibilidad de defenderme, y no fui oído ni vencido cabalmente en juicio, no obstante que el suscrito no soy parte en ningún procedimiento judicial, con ninguna persona quien se pudiera llamar ofendida”, alegó.
El otro ex Tesorero, Carlos Sarmiento Carabeo, tiene dos órdenes de aprehensión.
Los mandamientos fueron librados en abril de 2017, pero el ex funcionario promovió un amparo.
El Juez de distrito concedió el amparo para que la Jueza dictara una nueva resolución.
El 10 de enero la Jueza de El Fuerte anuló las órdenes de aprehensión y las volvió a dictar.
Según los jueces, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el Código Penal de Sinaloa establece una pena de seis meses a tres años de prisión y de 30 a 80 días de multa; y cuando el monto del daño exceda mil veces el salario mínimo, la pena será de uno a nueve años de prisión y de 180 a 500 días de multa.
Vinculado a proceso
Marco Vinicio Vega Herrera, fue vinculado a proceso penal por el delito de peculado desde 2015.
La denuncia fue presentada por la Secretaría de Desarrollo Social federal contra el ex Tesorero y el ex Alcalde, José Eleazar Rubio Ayala.
Contra el ex Alcalde, el juez también giró orden de aprehensión pero un Juez de Distrito la anuló.
La Sedesol acusó que desviaron un millón 391 mil pesos que eran para el pago de mano de obra de 31 proyectos de limpieza de caminos.
El dinero fue usado para pagar combustible, gastos médicos, nómina y apoyos económicos.
Artículo publicado el 1 de abril de 2018 en la edición 792 del semanario Ríodoce.
