En marzo de 2014, la promotora de crédito Credifiel llegó a un plantel de Jardín de Niños en Mazatlán a ofrecer créditos vía nómina con permiso de Sepyc y el SNTE. Varios docentes solicitaron créditos para pagar en 48 meses. A mayo de 2021, los trabajadores no han podido pagar los créditos y la deuda es mayor.

La hoy diputada de Morena, Delia Esmeralda López Altamirano, cuenta en primera persona, el problema que viven cientos de trabajadores. Ella había solicitado un crédito de 35 mil pesos, pero ahora debe 300 mil pesos, a pesar de que le han descontado su aportación cada quincena en los últimos casi siete años.

Relata que en 2016 comenzó a recibir llamadas de Credifiel para notificarle que no habían recibido el pago por parte del Gobierno del Estado. Por ello, para resolver la situación, acudió con todos sus talones de cheque en mano para acreditar los descuentos que le habían realizado la Secretaría de Administración y Finanzas cada año. No logró ninguna solución.

La legisladora asegura que el problema de las retenciones hechas a los trabajadores, pero no entregadas a las financieras, no es un asunto aislado ni solamente en su centro trabajo, sino también reportado con otras empresas aseguradoras como Metlife e Inbursa.

Un informe sobre la situación financiera del Gobierno del Estado, del 31 de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, detalla que existen retenciones pendientes por pagar por 9 millones 537 mil pesos.

En cada quincena los talones de cheques de los trabajadores aparecen los descuentos, pero el Gobierno Estatal no reporta los montos retenidos a los trabajadores. En el 2021, existen un total de 39 empresas que tienen convenio de descuento vía nómina de trabajadores de la educación del SNTE Sección 53, según una respuesta a solicitud de información 00055321 a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.

La operación de empresas financieras y la presumible participación en actos de corrupción de funcionarios de gobiernos que operan sobre la nómina de los trabajadores que administra el Gobierno Estatal fue denunciada por la legisladora de Morena en tribuna y derivó en la aprobación del Pleno para que la ASE realice una auditoría.

La legisladora puso bajo sospecha la operación de las financieras que están en convenio con el Gobierno Estatal porque entre el listado de empresas que reportó la Secretaría de Administración y Finanzas está WAC de México entre 2016 y 2021.

La empresas WorldAcceptanceCorporation (WAC) tiene reportes en 2018 por la Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos porque quebrantó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, sobre todo la filial WAC México, lo que provocó una multa de 21.7 millones de pesos.

De acuerdo al comunicado No.89489 de la Comisión Bancaria de Valores de Estados Unidos, la empresa WAC construyó un esquema de sobornos en México desde diciembre de 2010 hasta junio de 2017, para obtener y retener negocios relacionados con Préstamos Viva.

Dichos créditos eran considerados de poco riesgo para cobrar, ya que los empleados de gobierno tienen empleos seguros y los pagos de los créditos son directamente deducidos de la nómina de pago de los empleados, los cuales eran recolectados por los sindicatos y enviados a WAC México.

El reporte señala que al menos se realizaron 30 contratos con gobiernos, secretarios de educación, salud, sindicatos locales, mediante el pago de sobornos calculados en 4.1 millones de dólares pagados en efectivo o en depósitos bancarios a parientes o familiares de líderes o secretarios, aunque no precisa nombres.

WAC vendió su subsidiaria en México. La empresa sigue apareciendo en listado de empresas con las que la Secretaría de Administración y Finanzas tiene convenio para el descuento de créditos de trabajadores vía nómina.

Ante la necesidad monetaria de los trabajadores y no existir ninguna restricción, cada vez es más frecuente que las empresas financieras y de seguros, se presenten en los centros de trabajo para ofrecer sus servicios, comenta la diputada.

De acuerdo al Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado deberá realizar una fiscalización para cuantificar el monto de los recursos retenidos a los trabajadores en exceso por concepto de intereses y otras penalizaciones producto de la omisión del Ejecutivo Estatal de no enterar las retenciones a las empresas financieras.

El Congreso del Estado también solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas y organismos descentralizados, realicen un informe sobre las empresas que trabajan vía nómina, el monto descontado, el número de deudores, así como que la ASE determina si los descuentos tienen sustento legal.

Los diputados propusieron a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación sobre los hechos denunciados por la Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos que podrían implicar a funcionarios y líderes sindicales en Sinaloa.

En el informe de la auditoría de la cuenta pública del Ejecutivo Estatal, la ASE reportó que la cuenta de Crediamigo, la Secretaría de Administración y Finanzas había hecho retenciones por 11 millones 243 mil pesos efectuadas a los trabajadores por créditos voluntarios, pero solo se reportaron pagos por 68 mil 900 pesos, quedando entonces pendientes 11 millones 174 mil pesos. Los auditores encontraron otros pagos por 3 millones 385 mil pesos, cantidad que bastó para no registrar ninguna observación, a pesar que significaba apenas la tercera parte del saldo pendiente.

En el caso de Metlife México la ASE encontró en la cuenta de 2019, se le retuvieron a los trabajadores un total de 39 millones 410 mil pesos por concepto de seguros voluntarios, pero el Ejecutivo Estatal solo realizó pagos por 5 millones 509 mil peso, por lo que quedaron pendiente de saldar 33 millones 901 mil pesos. En la revisión los auditores encontraron que se hicieron también pagos por 22 millones 172 mil, por lo que no ameritó observación por la ASE, a pesar de que todavía quedarían pendiente poco más de 11 millones de pesos.

En el expediente de la empresa Total Credit, S.A.P.1. de C.V, la ASE detectó que se había retenido a los trabajadores 30 millones 004 mil pesos por concepto de créditos voluntarios, pero solo se habían hecho pagos por 97 mil 077 pesos, quedando pendiente un saldo de 29 millones 907 mil pesos. A los auditores, de la ASE les bastó que se hayan encontrados depósitos por otros 13 millones 639 mil pesos, es decir, menos de la mitad del saldo, para no levantar ningún reporte de observación.

La ASE, cuestionada por su eficiencia y objetividad en la fiscalización, deberá investigar y emitir su informe sobre la legalidad con la que operan las financieras y aseguradoras en los descuentos bajo nómina de los trabajadores del SNTE y de la burocracia estatal.