“Nosotros queremos ser solidarios con la comunidad lésbico gay”, le habían dicho a los diputados los integrantes del Consejo Interreligioso Estatal de Sinaloa, al pedirles que no polarizaran el tema de reformas al Código Familiar para permitir las uniones de personas del mismo sexo.
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El encuentro se dio a finales de marzo, días después de que las instalaciones del Poder Legislativo sirvieran de sede del Primer Encuentro Estatal de Activistas LGBTTTICQ+Sinalonses.
“Me extraña que en todo este discurso siempre aparezcan las iglesias como las malas. En discursos que a veces los mismos diputados han hecho en televisoras: ‘Ya no vamos a permitir este intervencionismo de las iglesias’. Como si nosotros fuéramos malas personas. Polarizan a la sociedad. Nos la ponen en contra”, reclamó entonces Baltazar Zamora Zamora, dirigente del Consejo Interreligioso Estatal de Sinaloa.
Los representantes de los cinco grupos religiosos más representativos, entre ellos, católicos, cristianos, y evangélicos, cuestionaron a los diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, y Equidad, Género y Familia, que habiendo tantos temas por resolver como el campo, los niños de guarderías y la gasolina, hubiera tanta prisa para el tema del matrimonio igualitario, incluso que tenían versiones de que ya había un dictamen prácticamente listo.
El tema volvió a revivirse de nuevo, con mayor solidez, cuando al iniciar abril y el segundo periodo ordinario de sesiones, el Grupo Parlamentario de Morena presentó su agenda legislativa e incluyó las reformas al Código Familiar para cambiar la definición de matrimonio y así superar la vigente que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo al calendario parlamentario, las reformas pudiesen votarse a más tardar el 31 de julio del presente año, tras tres legislaturas que han postergado llevar el tema al Pleno para su votación.
La atención a la comunidad LGBTTTICQ
En un hecho sin precedentes, las instalaciones del Congreso del Estado sirvieron de sede para una reunión de la comunidad LGBTTTICQ. La reunión fue realizada el domingo 10 de marzo y concluyó ese día por la tarde.
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La organización del evento fue cuestionada por el Consejo Interreligioso Estatal de Sinaloa, aunque después la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Graciela Domínguez Nava, les explicara que la reunión fue facilitada por el Poder Legislativo a petición de la comunidad LGBTTTICQ, quienes solicitaron un salón para realizar el encuentro estatal de activistas.
En el encuentro con la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual y Queer, participaron la senadora Imelda Castro Castro y las diputadas federales, Nancy Yadira Santiago Marcos y Merary Villegas Sánchez, así como la diputada local Yeraldine Bonilla Valverde, todas integrantes de las bancadas legislativas de Morena.
En su participación, la presidenta de la JUCOPO y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena les dijo que el matrimonio igualitario está en las primeras reformas que el Congreso del Estado realizaría y que no falta mucho para que eso sucediera.
En este encuentro estatal, la legisladora explicó a los participantes que el tema de matrimonio igualitario no ha sido dictaminado, no por un asunto de exclusión, sino porque se estaban creando las condiciones para en lo inmediato avanzar y aprobar derechos que no deberían de regatearse.
Además de matrimonios igualitarios hay otros mandatos que el Congreso debe atender y la prioridad de esta legislatura, será en materia de derechos humanos, comentó.
El Congreso del Estado está comprometido con el respeto de todos los derechos y ninguna autoridad debería regatearlos, menos cuando existen ordenamientos constitucionales expresos o sentencias del Poder Judicial que deben atenderse, aseguró ante la comunidad LGBTTTICQ reunida.
El reclamo de los grupos religiosos
El Consejo Interreligioso Estatal de Sinaloa no tardó en reaccionar y reclamar que sean vistos como ciudadanos de segunda.
En una audiencia con diputados de diversos grupos parlamentarios y participantes de las comisiones de Derechos Humanos, Puntos Constitucionales y Gobernación, y Equidad de Género y Familia, el Consejo Interreligioso Estatal de Sinaloa se quejó que los hacían ver como homofóbicos y malos, cuando en realidad forman parte de un sector que brinda atención a la comunidad como por ejemplo con refugios para migrantes, comidas calientes a personas de muy bajos recursos en zonas marginadas, entre otros apoyos asistenciales que brindan.
“Nos presentamos delante de ustedes, no solo para que simulen un requisito”, les señalaron a los diputados al exponer que no eran omisos a las diferentes realidades sociales, y reconocían la necesidad de que se busque una figura jurídica para las uniones de un mismo sexo.
Ahí los representantes religiosos aclararon que no están en contra que el tema se lleva al Pleno, pero pidieron que antes de que se presente un dictamen se realicen los foros necesarios para abrir un espacio de diálogo con diversos especialistas en el tema.
Expresaron que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió una información, cada entidad tiene sus instancias para fomentar el diálogo, por lo que propusieron la realización de foros que deberán ser tomados en cuenta a la hora de tomar una decisión final.
“El estado laico es el respeto a las diferentes formas de creencia. No es hacer a un lado todo lo religioso. Es un derecho humano, vivir el aspecto de la fe”, expresaron.
Las iniciativas para reformar el código familiar
A la fecha existen cuatro iniciativas presentadas en espera de ser dictaminadas sobre reformas al artículo 40 del Código Familiar del Estado de Sinaloa que define al matrimonio, y una más sobre sociedades de convivencia, como una figura jurídica alterna.
La iniciativa de mayor antigüedad es la presentada por Sandra Judith Lara Díaz. Su iniciativa de reformas para crear la figura del matrimonio y el concubinato igualitario fueron presentadas por primera vez el 3 de septiembre de 2014 en dos legislaturas anteriores, cuando era diputada.
En la descripción de motivos argumenta el principio de no desigualdad por motivos de preferencia sexual, además cita la tesis publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2014, en la cual se señala expresamente que el matrimonio del mismo sexo no tiene razón de índole constitucional para no reconocerlo.
El texto de la iniciativa define que tanto el matrimonio, como el concubinato, son uniones voluntarias de dos personas, en lugar de establecerlas sólo entre un hombre y una mujer.
Otra iniciativa en la materia fue presentada en julio de 2017 por el entonces diputado del PAN, Roberto Cruz, y ratificada al inicio de la presente legislatura, sobre la definición de matrimonio.
Una iniciativa similar fue presentada por la entonces compañera de Legislatura, Merary Villegas, actual diputada federal de Morena, quien la ratificó junto con activistas líderes de la comunidad LGTB, Almendra Ernestina Negrete, y Santiago Ventura Cárdenas.
En el mismo tema, pero con un enfoque diferente también está esperando una iniciativa de reforma del Código Familiar presentada en julio de 2018 por el entonces diputado del PAN, Juan Pablo Yamuni Robles, para crear la figura de sociedades de convivencia.
La propuesta que fue ratificada en diciembre del presente año, argumenta que busca la protección jurídica de la unión de personas sin distinción alguna que no estén dentro de la figura del matrimonio o concubinato.
La propuesta, sostiene, que las sociedades de convivencia que ya funcionan en otros países pueden ser de igual o diferente sexo, se establecen en un lugar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua, sin que sea necesario una relación amorosa de pareja.
Las últimas dos legislaturas prefirieron no discutir en el Pleno el tema de las reformas al Código Familiar para permitir en Sinaloa los matrimonios de personas del mismo sexo. Las iniciativas pasaron entonces a la “congeladora legislativa”.
Al inicio de la presente Legislatura, el Grupo Parlamentario de Morena, junto con diputados del PT, Marco César Almaral y Mario Rafael González, y la legisladora del PES, Karla Montero, también presentaron su propuesta colectiva de reforma al Código Familiar, para definir tanto el matrimonio como el concubinato como la unión de dos personas, en lugar de limitarlo a la unión de una mujer y un hombre.
La necesidad de discutir en el Poder Legislativo el tema del matrimonio igualitario es ahora la nueva coincidencia de todas las partes involucradas y grupos parlamentarios, aunque no todos comparten la decisión que deberá tomarse.
“No le vamos a sacar la vuelta a ningún tema que ha sido incómodo en el pasado a las Legislaturas”, dijo el diputado del PRD, Edgar González, al inicio del presente periodo ordinario de sesiones al afirmar que en la actual Legislatura no hay temas tabús, ni escondidos.
“No hay necesidad de tanto forcejeo, ni envalentonarse contra quien no tiene la fuerza para poder sostener una propuesta. Ni tampoco hacer escarnio. Ni tratar con desdén a quien hoy quiere abrirse al diálogo”, dijo el perredista a manera de remate en el encuentro sostenido con grupos religiosos.
Artículo publicado el 21 de abril de 2019 en la edición 847 del semanario Ríodoce.
