Sí, Lucila Ayala de Moreschi dijo ya tener miedo por su vida. Fue en una carta que difundió en Twitter, con copia a la cuenta del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
—¿Por qué lo hizo?
Podría parecer exagerado, pero su razonamiento no es mínimo, el amparo que se le otorgó para ser reinstalada en el Tribunal de Justicia Administrativa tiene otra implicación: llevar a Quirino Ordaz Coppel ante tribunales:
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“La ley me obliga a denunciar esos hechos y, si no, incurro en responsabilidad por omisión, lo que quizá le sucedió a todos los magistrados que están ahí, y todos los que saben del tema, porque estamos obligados, y más como autoridad y como peritos en el derecho”, dijo.
Lo que refiere Ayala de Moreschi es que cuando fue destituida el proceso fue viciado, tal como lo establece el amparo.
El Artículo Quinto de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo establecía que para la elección de magistrados, el Pleno tenía que presentar una terna por cada vacante, las cuales debían ser enviadas a Gobierno del Estado y este, a su vez, a la Cámara de Diputados.
Pero no fue así. Para febrero de 2017, cuando se determinó hacer los cambios en el Tribunal, que pasaría a ser Tribunal de Justicia Administrativa, el proceso fue distinto, Quirino Ordaz Coppel envió dos ternas al Congreso que organizó el mismo titular del Poder Ejecutivo.
En ese tiempo, Lucila Ayala de Moreschi y Gilberto Plata Cervantes eran magistrados y tenían derecho a una reelección. Ambos enviaron una carta al Poder Legislativo, como lo establecía la Ley, mostrando sus intenciones de repetir en los cargos, pero se les negó de forma informal.
En ese tiempo la diputada Irma Tirado dijo en entrevista que ninguno de los dos sería ratificado.
Entonces Gobierno del Estado armó una convocatoria, con la que conformó las dos ternas que envió al Congreso.
Fue un acto de control total desde el Ejecutivo sobre un organismo que tenía una visión de ser autónomo, con el que se nombró a dos magistrados que llegaron a un Tribunal de Justicia Administrativa que aún no existía, solo de iniciativa en el Congreso local, la cual fue enviada también por Quirino Ordaz Coppel, en su paquete de proyectos en pos de la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Él manda una terna para sustituirnos y él escoge, el error es ese, escogerla, porque él no tiene facultades para escogerla, sino que la facultad era de Sala Superior”, explicó.
El proceso de selección, según el Primer Tribunal Colegiado ubicado en Mazatlán, violó los derechos de Ayala de Moreschi, y por eso tendrá que ser reinstalada, se le deberá pagar su salario y prestaciones que dejó de percibir por dos años y ella tendrá que presentar un recurso en contra de Quirino Ordaz Coppel, Gonzalo Gómez Flores y los diputados de la 62 Legislatura.
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“Estoy en indefensión, porque yo estoy obligada a ejercer las acciones correspondientes en contra del Gobernador que violentó la Ley y en contra de los magistrados que debieron no haber asumido el cargo”, aseguró.
—¿Cómo? ¿Ante quién lo debe de hacer?
—Es en el deber jurídico que debo de hacerlo, si no incurro en una irresponsabilidad.
—¿Pero es iniciar un procedimiento al Gobernador?
—Así es, al Gobernador por haber hecho un acto que no debía hacer, y hasta puede configurarse el fraude.
—¿Entonces usted no solo va a llegar a asumir un puesto, sino va a llegar a asumir un puesto y abrir un proceso?
—Así es, en contra del Gobernador, de los magistrados y los legisladores de la Legislatura pasada, el Secretario del Congreso en aquel tiempo y el Secretario General de Gobierno, todos están involucrados. Ese es mi temor.
“El problema no era que yo asumiera otra vez la magistratura…”
—¿Sería un procedimiento administrativo?
—Administrativo y tal vez penal.
—¿Será en un análisis de la Sala Superior o lo tendría que elaborar usted?
—Yo lo voy a elaborar directamente porque yo soy la quejosa, sería como magistrada en virtud de la violación que hicieron en mi proceso de ratificación, porque eso se planteó en el amparo.
—¿Ante quién va a presentar ese recurso?
—Yo a la ASE, es la competente, y ante la Fiscalía, y al Congreso del Estado.
—¿Es donde se podría convertir en penal (el caso) y con ello el desafuero?
—Sí, exactamente, por qué crees mi temor, porque para allá puede ir, está gravísimo, por eso no quería que yo siguiera ahí, ya me imagino… yo ya lo dije en muchas ocasiones.
—¿Entonces, lo que se intentaba por los diputados priistas, de atrasar la lectura de la sentencia en el Pleno, era retrasar todo el proceso?
—Pues es muy obvio, si hay una resolución que tienes que acatar, porque no hay otra, pues tienes que hacerlo.
—¿Era el último recurso de Quirino?
—Sí, exactamente, jurídicamente hablando, aunque no se puede escapar de todas maneras, yo como particular lo puedo hacer, por ejemplo, promover un juicio político, cualquier particular lo puede hacer.
El amparo indica que una vez reinstalada, Ayala de Moreschi podrá ejercer cualquier acción jurídica que necesite para resarcir sus derechos, y esta será la de llevar a Quirino Ordaz Coppel ante tribunales.
El caso podría ser únicamente administrativo, pero también podría recaer en una acción penal, toda vez que la acusación es el haber violentado la Ley del Servicio Público, así como la autonomía de los organismos y los derechos de participación.
“Yo siempre me he defendido. Me defendí de mis compañeros magistrados, que en mi momento violentaron mi derecho a ser presidenta”, recalca.
“El problema que tenemos en México es que cuando tú eres honesta y capaz, estorbas, sobre todo cuando eres honesto”, agrega.
—¿Usted va a estorbarle a Quirino?
—Sí, por supuesto.
Artículo publicado el 28 de abril de 2019 en la edición 848 del semanario Ríodoce.
