La noche del pasado miércoles 21 de noviembre, el Juzgado Sexto de Distrito resolvió el juicio de amparo indirecto 528/2018-7B con suspensión definitiva de la construcción y operación de la fábrica de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica del Noroeste a favor del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes-Mayos de Sinaloa.

La población indígena había impugnado la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que autorizó la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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Con esa resolución, se entraba al estudio de fondo de la controversia judicial: la suspensión definitiva de la construcción y operación de la planta de amoniaco, ubicada en Topolobampo, puesto que en la audiencia incidental y en la constitucional, los industriales no lograron acreditar que obtuvieron el MIA cumpliendo con la normativa que se exige, incluyendo la consulta a las etnias locales.

Sin embargo, 18 horas después de la resolución, Librado Bacasegua Elenes, presidente del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes-Mayos de Sinaloa, se desistió del amparo sin haber consultado a los concejales.

Para hacerlo recurrió al despacho jurídico Lozada y Asociados, y ocultó el hecho a su abogado representante en el amparo, Máximo Montes, y al colectivo “Aquí No”, que lo respaldó.

Montes explicó que Bacasegua Elenes no le ha informado del desistimiento y que éste interrumpió toda comunicación con él y con los consejeros. “Sin embargo, no es su obligación informarme, y puede desistirse a título personal, pero tramitó el amparo en una representación colectiva, y eso cambia el fondo del asunto”, dijo.

Bacasegua Elenes le confirmó el desistimiento del amparo a la concejal Reynalda Leyva, Kobanaro del centro ceremonial de Vallejo, quien molesta, citó a una asamblea este lunes para definir el destino de su representante.

Asesores del clan kobanaro afirmaron que Librado estaba siendo muy presionado por políticos, abogados afines y por mediadores de los empresarios, a tal grado que aceptó la construcción de un ramal carretero a su comunidad, una clínica de salud, un camión nuevo y 1.5 millones de pesos para desistirse.

Hasta ahora, Librado Bacasegua Elenes no ha respondido llamados de Ríodoce para dar a conocer el motivo por el que se desistió del amparo.

La decisión del líder indígena fue revelada en un comunicado por la misma empresa constructora de la planta de amoniaco Gas y Petroquímica de Occidente: “…GPO reconoce la decisión del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa de desistimiento de la demanda de amparo contra el proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo. La resolución es una oportunidad para la región y el país de fortalecer el campo mexicano y garantizar la autosuficiencia alimentaria que busca nuestro país. La construcción del proyecto y futura operación permitirá a México reducir su dependencia en materia de importación de fertilizantes y generará 2,000 empleos temporales aproximadamente y, de manera permanente, 273 empleos”.

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Agrega: “GPO, continuará con diálogo permanente y transparente con la comunidad en general, en especial con el Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa, para seguir escuchando y atendiendo las necesidades de la población. Estamos convencidos que en una colaboración con las autoridades, asociaciones, academia y comunidad se construirá un futuro más certero para Topolobampo, en el que se privilegie el desarrollo y la ampliación de mejoras y más oportunidades…”

No obstante que los industriales negociaron con el líder indígena para concluir la controversia legal, otros nativos iniciaron procedimientos iguales.

Y es que el civil Martín García Cruz tramitó el mismo amparo que los Kobanaros y consiguió lo que aquellos también lograron: la paralización de la construcción y operación de la planta de fertilizantes con el argumento de que no fue consultado para la elaboración del proyecto.

El miércoles 21 de noviembre, se notificó a García Cruz que el juez Sexto de Distrito había resuelto el expediente 628/2018/2A de manera provisional, otorgándole la paralización de la planta de amoniaco. La demanda de amparo había sido admitida el 16 de noviembre. La audiencia constitucional fue programada para el 26 de noviembre.

“Si bien los propietarios de Gas y Petroquímica de Occidente lograron que Librado Bacasegua Elenes se desistiera del amparo, nada consiguieron, porque ya hay otro amparo con las mismas sentencias y con el mismo juez. La planta continuará paralizada, y peor aún, la comunidad indígena aprenderá que por ese derecho cualquiera puede obstaculizar la construcción. La industria aún está en el aire porque no cumplieron las normas a que estaban obligados”, consideró el abogado Máximo Montes.

El líder pesquero José Alfonso Chaparro Bojórquez, que respalda la lucha del colectivo “Aquí No”, que unas horas antes de la primera resolución en firme en contra de la construcción de la planta de fertilizantes había protestado frente a la playa de la industria, aseguró que los industriales podrán tumbar un procedimiento legal, pero atrás llegarán decenas.

“Nuestro sector tiene otros trámites en contra de esa planta de amoniaco, que vamos a hacer valer en tribunales. La industria aún está en entredicho. La instalaron con mentiras y trámites fraudulentos que van a ser impugnados en los juzgados. Esa planta va a destrozar y acabar con nuestra bahía. El sector pesquero en el que trabajan miles de personas será arrasado, para beneficio de unas cuántas familias. Vamos a defender nuestro hábitat”, dijo.

Las maniobras del líder

Librado Bacasegua Elenes, presidente del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa volvió sobre camino andado.

Y es que no es nuevo en él abanderar causas indígenas colectivas, iniciar trámites y después desistirse, tras llegar a un arreglo con el demandado.

El caso más reciente sucedió en un conflicto con el entonces aspirante a la alcaldía de Ahome, Rubén Benjamín Félix Hays, a quien acusó de tranzar con terrenos de uso común en el ejido Ohuira.

Incluso llevó el caso a instancias legales y luego, inexplicablemente enfrió el caso, olvidándolo por completo.

Otro asunto fue la queja que interpuso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en agosto del 2016 en contra del Congreso del Estado por el cambio a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México a Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. En ese caso, el líder fue respaldado por la planta docente de la universidad, pero inesperadamente se desistió de todo procedimiento después de llegar a un acuerdo con el entonces rector, Guadalupe Camargo.

Artículo publicado el 25 de noviembre de 2018 en la edición 826 del semanario Ríodoce.