Desde 2020 a la fecha en México sólo el 10.5 por ciento de las personas privadas de la libertad interesadas ha obtenido el beneficio de amnistía, con la cual el actual Gobierno Federal buscaba hacer “justicia social” en favor de cientos de presos, principalmente indígenas y personas vulnerables acusadas por delitos menores.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes, de 2 mil 295 peticiones recibidas sólo 243 personas privadas de la libertad han podido salir de prisión.

Según una investigación de Reforma el 54.7 por ciento ya fueron desechadas, principalmente porque las personas interesadas no cumplen con los requisitos de ley, entre los cuales hay varios “candados”, como que el reo no sea reincidente, y hay más de 600 asuntos en trámite.

Un documento citado por Reforma de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de Gobernación, titulado: “Beneficio de Amnistía”, señala que, hasta el 27 de enero pasado, la dependencia había recibido 2 mil 295 solicitudes.

De las que 834 fueron declaradas “notoriamente improcedentes” por no adecuarse a la ley ni salvar las causales de exclusión.

Otras 422 solicitudes fueron desechadas al ser calificadas “improcedentes de fondo”, que son aquellas de las que no se tiene impedimento legal.

La Comisión de Amnistía consideró procedentes 243 solicitudes, las cuales fueron calificadas de legales por jueces, es decir, que se confirmó el beneficio.

El 22 de abril de 2020 fue publicada la Ley de Amnistía impulsada por el Ejecutivo federal, y el 23 de junio se instaló formalmente y sesionó por primera vez la Comisión, que integran varias dependencias; sin embargo, fue hasta el 19 de agosto de ese año que se emitieron los “Lineamientos para el Procedimiento de Atención de Solicitudes de Amnistía”, que son las reglas básicas para atender y dar trámite a las peticiones.