La millonaria inversión en seguridad de los dos últimos sexenios no redujo la violencia

Los municipios de Sinaloa dejaron de ser de los más violentos durante el año pasado.

De acuerdo con los informes Las 50 Ciudades más Violentas del Mundo 2018 y La Violencia en los Municipios de México 2018, elaborados por la organización Seguridad, Justicia y Paz, los municipios de la entidad ya no están entre los primeros.

En la lista de las ciudades más violentas del mundo ya no se incluyó a Mazatlán que en 2017 estuvo en el lugar 43.

El municipio de Culiacán continuó en el ranking en el lugar 16, mientras que en 2017 estuvo en el lugar 12.

El estudio, que únicamente contempla las tasas de homicidios dolosos, señala que también salieron de la lista Los Cabos y La Paz, Baja California Sur, pero en esos municipios los homicidios se desplomaron no por la intervención de la fuerza pública sino porque un grupo criminal se impuso a sus rivales.

Las ciudades que ingresaron a la lista de más de violentas del mundo son Irapuato, Ensenada, Coatzacoalcos, Celaya, Uruapan y Cancún.

Durante 2017 en Culiacán se cometieron 671 asesinatos, una tasa de 70 por cada 100 mil habitantes, pero el año pasado bajaron a 585 homicidios y la tasa a 60 por cada 100 mil habitantes.

Según el informe, México lidera la lista con más ciudades violentas, con 15; después de Brasil con 14 y Venezuela con seis.

La ciudad de Tijuana se ubicó como las más violenta del mundo con 2 mil 640 homicidios, seguida de Acapulco con 948 y una tasa de 110 asesinatos por cada 100 mil habitantes; y Caracas, Venezuela con 2 mil 980 asesinatos y tasa de 99 por cada 100 mil habitantes.

El documento señala que ante la crisis de violencia e inseguridad es recurrente la promoción de políticas erróneas para supuestamente resolver el problema, las cuales tienen en común que el Estado renuncie o eluda su obligación de ejercer coerción contra quienes violan la ley.

Entre estas políticas, indica, destacan legalización de drogas, subsidios tendientes a aminorar la pobreza y otros factores socioeconómicos, supuestamente causantes del delito; y negociaciones con los agentes de la violencia (treguas, amnistías).

“Las negociaciones con criminales pueden hacer bajar un breve periodo la violencia para luego repuntar, como demuestra el caso de El Salvador, no es la aplicación de la Ley lo que provoca la violencia, sino precisamente la no aplicación o la falta de eficacia y eficiencia en su aplicación”, señala el documento.

En el informe La Violencia en los Municipios de México 2018, que se empezó a elaborar en 2013, los municipios de Sinaloa ya no están entre los primeros 20.

Para este estudio se analiza la incidencia de los delitos de homicidio doloso, secuestro, violación, lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión.

En 2017, Navolato se ubicó como el cuarto más violento y Culiacán en la posición 17.

El año pasado, Navolato se ubicó en lugar 124 y Culiacán en el 36.

El documento señala que en el estudio de 2017 se mostró una reconfiguración del mapa de la violencia, pues ésta estaba más acentuada en los municipios de la región pacífico, pero en 2018 por primera vez en el top de los 20 municipios más violentos figuraron seis del estado de Guanajuato.

Este aumento de la violencia en Guanajuato es el resultado de la pugna entre grupos criminales y el disparo del robo de combustible en el centro de país.

Por segundo año consecutivo, Tecomán, Colima es el municipio más violento del país.

El informe menciona que los subsidios no han reducido la violencia ni la reducirán, pues en los municipios en los que se enfocó el programa de “prevención social del delito”, la inseguridad y la violencia siguen siendo igual o más elevadas que antes.

Las variaciones en el nivel de violencia en estados, regiones o municipios no guardan ninguna relación con la “prevención social del delito”, explica, sino sobre todo con los cálculos y las decisiones de los grupos criminales y sus pugnas.

“En ‘prevención social del delito’ se gastaron más de 16 mil millones de pesos, casi 3 mil millones con Calderón y más de 13 mil millones con Peña, sin ningún resultado. Fue dinero tirado a la basura. El país es más violento e inseguro”.

“Y esto resulta especialmente relevante en la actualidad, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se propone continuar la ‘prevención social del delito’, pero de una manera más radical que sus predecesores, mediante un incremento en la distribución de subsidios, además en forma ya no focalizada sino masiva e indiscriminada. Pero incluso la entrega de subsidios en forma pretendidamente focalizada, como en el caso del programa para desalentar el robo de combustible en los ductos de Pemex, no es tal. Los subsidios son los mismos que se entregan a quienes no viven cerca de ductos de Pemex”.

Los subsidios, asegura, no servirán para disminuir la violencia, como no lo hicieron antes.

Detalla, que el fundamento de la “prevención social del delito” es la falacia que las personas “roban por necesidad”, que determinadas condiciones socioeconómicas determinan la conducta criminal pero no hay ninguna base científica de esta suposición.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad, Justicia y Paz hizo recomendaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre éstas, reforzar la labor de los cuerpos policiacos por medio de la selección, capacitación, desarrollo y profesionalización para dotarlos con capacidades y herramientas de investigación desde el nivel federal hasta el nivel municipal.

Además de implementar la permanente evaluación de su desempeño y resultados contando con una amplia participación social por medio de un Instituto Ciudadano de Seguridad Pública Nacional, para construir la cercanía de los policías con la comunidad.

También recomiendan establecer como política pública la mejora efectiva en la atención y ayuda tanto a las víctimas de delitos graves como a sus familias, facilitar y apoyar sus denuncias y el seguimiento de las mismas.

El perdón, menciona, es labor de las iglesias, de las familias, entre las personas; al Estado le corresponde garantizar y cumplir el orden constitucional y el estado de derecho.

“El gobierno Federal debe dar ejemplo de manos limpias. Presidente Electo, usted despertó la esperanza de que combatirá con eficacia la corrupción, en especial la corrupción maquinada con complicidad desde puestos de la administración pública federal, con impunidad tolerada o planeada a cambio de incondicionalidad política. La sociedad espera espacios de participación en el sistema anticorrupción, rendición de cuentas de las autoridades y transparencia, para apoyar las medidas que sean efectivas”, menciona.

“Esperamos que en los nombramientos de su gobierno no haya funcionarios señalados en complicidades o actos de corrupción, falta de probidad o conflicto de intereses. Lo apoyamos decididamente para la separación del cargo de los servidores públicos corruptos que ya laboren en cualquier instancia de la administración pública federal”.

El Consejo pide énfasis en exigir transparencia y antecedentes limpios a todo servidor público de las secretarías de seguridad pública, cuerpos policiacos y ministerios públicos, con vigilancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo publicado el 17 de marzo de 2019 en la edición 842 del semanario Ríodoce.