Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en Sinaloa, manifestaron que jornaleros agrícolas que laboran en Sinaloa siguen en el olvido por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.
El representante del Movimiento en Sinaloa, Juan López García, dio a conocer que la falta de seguridad social y condiciones justas laborales siguen dándose en la entidad, además de dar a conocer dos casos de jornaleros con servicios de salud.
El luchador social mencionó que entre los trabajadores agrícolas es común que no cuenten con seguridad social de ningún tipo y que, cuando requieren atención médica, deben acudir a hospitales del Estado en donde les obligan a firmar una hoja donde reconocen no tener ningún tipo de prestación social.
En ese sentido, López García señaló que desde el Movimiento hacen un llamado a autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán para acercarse a solucionar la problemática que año tras año se dan con la llegada de los jornaleros.
“He invitado a una mesa de trabajo a estos personajes que nos interesa que vean las condiciones que tienen los jornaleros, después dicen que vienen enfermos, que para evitar un problema mayor (por el COVID-19)”, explicó.
En rueda de prensa acompañado por integrantes del colectivo y defensores de derechos humanos, Juan López García dio a conocer los casos de Guadalupe de Jesús, una mujer triqui cuyo esposo tuvo un accidente de trabajo y hasta la fecha la empresa no se ha hecho responsable de los gastos médicos y el IMSS no le resuelve su situación.
También el de Salvador, un joven de origen mixteco cuya situación es similar y producto de un accidente de trabajo no ha podido reintegrarse a sus labores en una agrícola local.
Durante estas fechas jornaleros de los estados de Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas, entre otros, arriban a Sinaloa para laborar en las agrícolas, muchas de las cuales según explicó Juan López se mantienen prácticas ventajosas en donde el trabajador suele salir perjudicado como la obligatoriedad de comprar sus propios utensilios de trabajo que van desde una pala o un azadón hasta botas especiales en sitios como invernaderos.
Según cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han contabilizado hasta 400 mil trabajadores del campo de otros estados en nuestra entidad.
