Motivados por el eslogan “Somos grandes, somos lobos”, de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) Campus Mazatlán, 52 estudiantes soñaron con realizarse profesionalmente como campeones del éxito, pero terminaron sus largas y penosas carreras con los sueños truncados y sin cédula profesional.
Egresados desde hace más de dos años de carreras de la Universidad Autónoma de Durango Campus Mazatlán, no tienen su cédula profesional porque la UAD no tiene en orden su documentación y las autoridades de las Secretaría de Educación Pública, indiferentes, se “avientan la pelotita”, denuncia José Raúl Díaz Valles, del Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos.
“Muchos padres de familia han tocado las puertas del gobernador del estado, no se ha dignado el Secretario de Educación Pública a dar una, una sola respuesta él como titular; (acudimos) a sus subordinados y nos dan respuestas cantinflescas, que verdaderamente son indignas de un salario que perciben como funcionarios públicos”, critica el defensor de los estudiantes.
Díaz Valles es el Comisionado para la Defensa de los Derechos Sociales del Consejo General Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Pro-Derechos Humanos, acreditado nacional e internacionalmente dentro del Estado Mexicano, como Mensajero de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas.
Acompañado de padres de familias damnificados por las presuntas irregularidades administrativas de la UAD, Valles Díaz sostiene que hay jóvenes egresados de las carreras de Nutrición, Fisioterapeutas y Comercio Internacional desde hace más de dos años y aún no tienen su cédula profesional.
“Tenemos las evidencias que después de que terminaron su carrera no han logrado tener la cédula profesional, porque esta universidad específicamente en el campus Mazatlán, no tiene en orden su documentación”, asegura el ombudsman.
Los denunciantes enfatizan que tanto las autoridades estatales como federales no tienen la más mínima regulación con la educación superior en la UAD, que oferta la licenciatura en medicina dentro del Campus-Mazatlán.
Dicha universidad carece, agrega, de las aprobaciones que debe tener la licenciatura de medicina y únicamente registró 10 meses del Plan de Estudios, en los que nunca contempló el Internado y el Servicio Social, y no advirtió a los alumnos y padres de familia que cobraría por ese tipo de servicios.
“La Secretaría de Salud se encarga de hacer ciertas supervisiones para poderle conceder un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), se lo vinieron dando casi a los dos años, sin embargo, ellos (dijeron) arráncale así como vas”, ilustra para ejemplificar la actitud “dolosa”de la universidad.
Comenta el litigante que los padres de familia cuestionaron al rector de la UAD sobre el cobro que pretende aplicarles después de egresados, a lo que respondió que es por el simple hecho de que él tiene que darle ese dinero al IMSS.
“Al ver que no llegamos a ningún acuerdo con él, tuvimos que solicitar un juicio de amparo donde fue llamado, el (entonces) presidente de la República de la administración pasada y en consecuencia la responsabilidad también repercute a la nueva administración federal”, abunda.
Ante la evidente falta de regulación de este tipo de nivel de educación, fueron llamados a comparecer los secretarios de Educación Pública y secretarios de Salud, federales y estatales, incluso, las Cámaras de Senadores y Diputados.
En el juicio se le preguntó al entonces director del IMSS: “¿Qué estás haciendo con el dinero que dice el rector de la UAD que te da a ti, para que puedas permitir que los estudiantes estén realizando su internado?”
“No es de mi competencia hacer ese tipo de contratos o convenios, esa facultad es del delegado del IMSS, en el estado correspondiente”, respondió categórico, el encargado del IMSS.
Cuando el delegado del IMSS, compareció ante el juez, bajo protesta de decir verdad y solamente la verdad, expresó tajante: “Yo no tengo un solo convenio con esa universidad”.
Agotadas las diligencias con los hombres de blanco en el juicio de la falta de regulación de la educación superior en la UAD, Campus- Mazatlán, fue llamada a comparecer la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
“Tuvimos que llamar a la Procuraduría Federal del Consumidor, tanto a nivel federal como estatal, porque dice que el responsable de la regulación administrativa es la PROFECO, y el responsable de las cuestiones educativas es la Secretaría de Educación pública”, recuerda el defensor de los padres de familia.
Díaz Valles sostiene que la respuesta sistemática del Estado mexicano en torno a la materia de regulación de la educación superior privada, es muy lamentable.
“Soy ciudadano simplemente, y respeto a todos los partidos, pero específicamente en esta materia, yo no veo cambio, sigue a la deriva en esta nueva administración federal”, lamenta.
Enfatiza que la respuesta lamentable de las autoridades federales se suma a la indiferencia de las autoridades estatales, porque para esta la educación superior privada es un punto intocable y siempre asoma el temor a la represalia.
“Pensamos que el señor gobernador se interesaba por los ciudadanos que son el futuro de esta ciudad y de este estado, lamentablemente ha sido indiferente; algunos padres de familia que ya perdieron la fortaleza de seguir en esta lucha creían en él o siguen creyendo, pero ya se dieron cuenta de que él tiene otras cosas qué hacer, porque su imagen va hacia otro lado”, critica.
Ríodoce buscó la versión del “rector” y/o director de la UAD Campus Mazatlán, Sergio Adrián Ibarra Lizárraga, quien dijo que son los tribunales los que definirán sobre el tema en cuestión, mientras tanto, ellos siguen cumpliendo su misión dentro de la educación superior privada.
Artículo publicado el 22 de septiembre de 2019 en la edición 869 del semanario Ríodoce.
