Instituto de Protección a Periodistas inicia con opiniones divididas por el presupuesto; ‘vengo a trabajar’, dice la presidenta

GRISELDA TRIANA. Cuidar los recursos.

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta todavía de un espacio físico donde operar, pero ya afloraron las primeras discusiones al seno del consejo sobre la administración del presupuesto.

Los integrantes del consejo consultivo se dividieron prácticamente en dos bandos. Por un lado los que sostienen que el Instituto debe tener un presupuesto austero en la operación para darle prioridad a las medidas de protección, y por otro quienes defienden que debe pedirse mayores recursos para estar en condiciones para contar con el equipo humano y técnico para iniciar operaciones desde cero.

La primera alerta sobre los disensos lo tuvieron los consejeros, Griselda Triana López, Alberto Morones Rivas y Rosina Ávila Palma, cuando la presidenta del Instituto, Jhenny Judith Bernal Arellano, presentó el reglamento bajo el que operará el nuevo organismo autónomo que contiene una plantilla de 25 puestos diversos al interior del Instituto.

El planteamiento fue que el Instituto trabajará con la creación de cuatro coordinaciones. Una concentrada en los temas jurídicos, de la cual se desprenderán una subcoordinación y la Unidad de Transparencia. Otra sería la Coordinación General Administrativa, de la cual se desprende un titular del Departamento de Contabilidad, quien tendrá a su cargo un recepcionista y un chofer.

El organigrama contempló que habrá un coordinador general de Capacitación, quien contará con dos subcoordinadores de Capacitación con dos capacitadores cada uno.

El Instituto tendrá un coordinador general de Medidas. De este funcionario se desprenderán tres titulares de unidad dedicadas a las siguientes acciones: Recepción de casos y reacción rápida, Evaluación de Riesgos, y uno más de Prevención, Seguimiento y Análisis. Cada una de las unidades contará con un analista.

Así mismo, la Dirección General contará con una secretaria particular, habrá una Unidad de Comunicación y Divulgación Social, y un titular del Órgano Interno de Control.

El segundo desencuentro del consejo consultivo se registró cuando la directora general del Instituto presentó a votación la propuesta de presupuesto, la cual fue respaldada por el otro bloque de consejeros: Mario Martini Rivera, María Isabel Cruz Bernal y Aldo Ruiz González.

El consejero Alberto Morones Rivas manifestó su desacuerdo en la reunión y posteriormente públicamente, sobre la propuesta de 24.5 millones de pesos para el presupuesto 2023. “Claramente tiene una intención ‘chambista’ y solamente contempla un 20.74 por ciento para medidas de protección y seguridad. No seremos comparsa en este organismo público autónomo”, criticó.

La posición coincidió con la posición de la también consejera Griselda Triana, quien sostuvo que el presupuesto pretende beneficiar altos salarios y una nómina inflada antes de priorizar la prevención y medidas de protección.

La posiciones de Morones Rivas como de Triana López, fueron respaldadas también por la consejera Ávila Palma.

De acuerdo con la propuesta de presupuesto, la directora general del Instituto tendría un sueldo de 60 mil pesos mensuales que tomó como referencia los ingresos de otros titulares de organismos autónomos, los coordinadores 25 mil pesos y los jefes de unidad 20 mil pesos.

El presupuesto destinaría en 2023 un gasto de 4 millones 325 mil pesos en activos para iniciar la operación del Instituto. Tendría una inversión en equipo de transporte de un total de 2 millones 600 mil pesos, que contempla la compra de una camioneta Honda para la movilidad de la directora general, y otra unidad de 12 plazas.

Griselda Triana cuestiona que la plantilla que se plantea para operar el Instituto es muy obesa con un presupuesto de alrededor de 29 millones de pesos. El total que se destinaría a nómina, impuestos, seguridad social, y otros gastos, en el año 2023 sería del 53.20 por ciento, unos 15 millones al pago de sueldos.

“Eso nos preocupa porque la percepción que tenemos es que el Instituto se está convirtiendo en una especie de agencia de empleo”, advirtió.

La consejera compara otros mecanismos del país que con mucho menos personal y menos presupuesto, como por ejemplo el de la Ciudad de México, tiene apenas 12 millones de pesos; el de Veracruz opera con 9 millones. En ambos casos la cantidad de casos que atiende no tiene comparación con los casos que se acompañarían en Sinaloa. El número de casos que se habían estado atendiendo desde la Unidad de Protección que había estado funcionando desde la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa, no rebasa los 20.

“Me preocupa”, señala, “que la mayorías de los defensores de derechos humanos y periodistas están en situaciones precarizadas, pero quienes se encargan de atender, recibir e implementar medidas tengan estos altos salarios. Esto es ofensivo, no hay congruencia”.

Lo que no queremos es que no se escatime en las medidas de prevención y protección, destaca.

JHENNY BERNAL. Nada para mí.

‘Yo vengo a trabajar, no a llevarme algo que no me corresponde’: Jhenny Bernal

La directora general del Instituto de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Protección a Periodistas, Jhenny Judith Bernal, manifiesta que el presupuesto de 28 millones de pesos no es ni la mitad de los otros órganos constitucionales autónomos.

Reconoce que a algunos consejeros les pareció mucho dinero lo que se quería pedir al Estado y pidieron bajarlo, por ejemplo Alberto Morones propuso 12 millones, Griselda Triana y Rosina Ávila 16 millones.

María Isabel Cruz Bernal y Mario Martini estuvieron de acuerdo con la propuesta, pero con algunos ajustes a las partidas; en tanto que Aldo Ruiz se dijo a favor de que se incrementara el recurso porque lo que se solicita no es lo que se otorga.

Como no había consenso se optó sacar una cifra entre la mayor y menor propuesta, quedó así de 24.5 millones de pesos, aprobados por unanimidad, pero donde surgió el problema fue al definir la distribución del recurso.

La directora general explica que el 24.5 por ciento va destinado a medidas de reacción, desde sacar a las personas del estado, darles celulares, chalecos antibalas, entre otras acciones. Sin embargo consejeros como Griselda Triana, Alberto Morones y Rosina Ávila propusieron que se destinara más del 50 por ciento, pero no consideraron que las medidas de reacción sean las únicas que existen, porque están las de prevención, en donde se ubica la capacitación. Sumadas, se va al 58 por ciento del presupuesto.

“Como que ellos no entendieron esa parte o no la quisieron ver”, afirma.

La nómina, indica, alcanza apenas el 38 por ciento del total del presupuesto tomando en cuenta el pago del Seguro Social y un 16 por ciento se incrementa por el pago a la Secretaría de Hacienda.

“Me extrañó de verdad de parte de los consejeros que hablaran de una austeridad, casi republicana”, comentó al expresar que ha prestado su domicilio personal para que el Instituto nazca porque todavía no tiene un espacio físico.

Sobre la adquisición de vehículos detalló que se planean la compra de dos camionetas entre siete y 12 pasajeros en la idea de que si se tiene que movilizar familias enteras se pueda hacer sin problema. Otra camioneta sería para una oficina itinerante de capacitación que iría a los municipios, además de otra más para su dirección general para recorrer el estado en caso que se requiera; y uno o dos carros pequeños para el trabajo administrativo.

Lamentó que ella tenía la idea de tener representaciones en los municipios, pero que los consejeros como Alberto Morones no quieren porque está aferrado a que quiere un Instituto de cinco personas, lo mismo que Griselda Triana y Rosina Ávila.

“Ellos están muy preocupados por lo que los demás piensen de ellos en la posibilidad de aprobar un Instituto grande”, expresó.

Por lo pronto para este año 2022, el Instituto opera con 2 millones de pesos y revela que un medio de comunicación le ofreció un espacio provisional para instalar las oficinas, propuesta que es muy posible que acepte, sin que ello implique un riesgo de perder la autonomía.

“Yo les conminaba a los consejeros que recuerden que el Instituto no es mío, ni tampoco es de ellos, es de la población de Sinaloa”, expresó al pedir sumar fuerzas para que el organismo le vaya bien.

“Yo vengo a trabajar, no a llevarme algo que no me corresponde”, concluye.

Artículo publicado el 28 de agosto de 2022 en la edición 1022 del semanario Ríodoce.

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