Frente al gran reto de recuperar la confianza de los ciudadanos, rendir cuentas y transparentar los gobiernos, en Sinaloa se instaló el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, un esquema de colaboración que permitirá a la ciudadanía involucrarse en la toma de decisiones y la creación de políticas públicas.
Sin embargo, activistas y titulares de Gobierno Abierto en otras entidades del país advirtieron que sin la voluntad de la autoridad para cumplir con los compromisos que asuma con los ciudadanos, el esquema podría correr el riesgo de quedar sólo en demagogia política.
Por ello, se exhortó a los ciudadanos a involucrarse en el nuevo modelo de participación, vigilar los avances y exigir el cumplimiento de los compromisos.
Al convenio de Gobierno Abierto se sumaron los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa y el Tribunal Electoral de Sinaloa.
Estas instituciones trabajarán a través de mesas técnicas con las organizaciones civiles Iniciativa Sinaloa, Mexicanos Primero, Parlamento Ciudadano, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia, Miuas y Coparmex, pero cualquier ciudadano interesado puede sumarse al equipo de trabajo.
Ahora, el primer reto es crear un plan de acción, una agenda en la que se establezcan compromisos claros para resolver los principales problemas que aquejan al estado y limitan la mejora en la calidad de vida del sinaloense.
“En Sinaloa se ve que hay voluntad del gobierno y eso es importante, quizá lo que valdría la pena es hacer un llamado a los ciudadanos para que vigilen este proceso, que no se convierta en un proceso de simulación y que exijan cuentas a las autoridades que hoy firmaron para que estas cuestiones avancen y que gobierno abierto pueda generar beneficios reales”, enfatizó Francisco Álvarez Córdova, director de Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Al concluir la firma del convenio, Álvarez Córdova participó junto a titulares de institutos de Acceso a la Información de Durango y San Luis Potosí, y Renata Terrazas, de Fundar, quienes compartieron casos de éxito en el programa de Gobierno Abierto, así como los posibles obstáculos a los que la ciudadanía organizada se puede enfrentar al no encontrar una colaboración real de parte de las autoridades e instituciones.
Álvarez Córdova explicó que el INAI a través de los órganos garantes de acceso a la información, en el caso de Sinaloa la CEAIP, serán encargados de vigilar que ambas partes, tanto gobierno como ciudadanos, colaboren y cumplan con sus agendas.
Destacó que en Puebla ya se dio el primer caso de simulación, de parte de organizaciones civiles que trabajaban a modo con el gobierno y limitaban el avance del esquema, por lo que se les pidió que se retiraran y permitieran el ingreso de otras organizaciones.
Actualmente en México hay 10 entidades que ya instalaron su Secretariado Técnico de Gobierno Abierto pero sólo dos, Baja California y San Luis Potosí, han logrado elaborar sus planes de acción.
Ciudadanos contra la simulación
Para Norma Sánchez, directora de Iniciativa Sinaloa, una de las organizaciones civiles que integra el Gobierno Abierto, el principal reto es evitar que el mecanismo caiga en la simulación.
La activista explicó que el siguiente paso es priorizar los problemas de Sinaloa y establecer soluciones que puedan ser medibles, viables y que cumplan con los pilares del Gobierno Abierto y que son la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y la innovación.
Sánchez destacó que Gobierno Abierto no se reduce a transparentar datos públicos, sino que se trata de una estrategia integral que debe resolver problemas públicos.
“Un gobierno abierto no es el que libera datos públicos a través de plataformas tecnológicas, sino que va mucha más allá, resuelve de manera medible, un problema público detectado, si tenemos que plantearnos que los compromisos que asuma el gobierno en estas mesas técnicas vayan mucho más allá de una simple plataforma de transparencia, eso no es gobierno abierto”, enfatizó.
En los próximos días se establecerá la primera reunión técnica en la que estarán presentes los representes de los tres poderes y los cuatro órganos autónomos, así como tres representantes de las organizaciones ciudadanas, que serán David Moreno, de Parlamento Ciudadano; Arturo Sánchez, de Mexicanos Primero, y Norma Sánchez de Iniciativa Sinaloa.
En esa primera reunión se determinarán las reglas internas de organización, entre ellas se fijará como plazo dos años para que los compromisos asumidos sean cumplidos.
