Inversión millonaria a programas inconclusos y auto pagos a funcionarios públicos, negocios en la esfera educativa
En octubre del 2011, con Ramón Lucas Lizárraga al frente, el CONALEP (Colegio de Educación Profesional Técnica) del estado de Sinaloa, firmó con la Secretaría de Educación Pública y Cultura un convenio con valor de 12 millones 952 mil pesos, con el objetivo de que seis mil docentes obtuvieran capacitación y certificación en el uso de las nuevas tecnologías.
En medio de una serie de contradicciones, el coordinador del departamento de Tecnología Educativa de la SEPyC, Raúl Pastor Angulo y el entonces director de CONALEP admiten que los profesores de educación básica de Sinaloa no se certificaron.
El convenio entre el CONALEP y la SEPyC fue firmado el 20 de octubre del 2011 por el titular de educación estatal, Francisco Frías Castro; el secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros; el secretario de Administración y Finanzas, Armando Villareal Ibarra; Juan Pablo Yamuni Robles como coordinador de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y Lucas Lizárraga como director general de CONALEP.
Según las cláusulas del convenio, CONALEP se obligaba a formar y evaluar a seis mil 467 maestros de primarias, secundarias técnicas, generales y estatales, con fines de certificación en el estándar de competencia ECO121 “Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las tecnologías de la información y comunicación”.
Los 12 millones 952 mil pesos se entregarían en dos partes iguales, la primera al firmar el convenio y la segunda, una vez que CONALEP entregara un paquete de bases de datos de los actores educativos formados y evaluados, con una fecha límite al 30 de diciembre del mismo año, sólo dos meses después de la firma del convenio.
En su oficina del Congreso del Estado, el diputado Ramón Lucas Lizárraga presume la certificación lograda a través el convenio, pero minutos después revira y señala que hasta el momento de su salida de CONALEP el proceso de certificación continuaba, por lo que desconoce los resultados finales.
Lucas Lizárraga aseguró que con los 12 millones 952 mil pesos pagados a CONALEP se logró, además de impartir el curso, la ampliación de laboratorios de cómputo y adquisición de equipos para la institución educativa.
“El programa cuando yo salí de la dirección todavía no concluía porque el proceso de certificación continuaba. En ese proceso, yo no sé si ya lo cerrarían o sí ya concluirían y hasta dónde vayan avanzando”, argumentó el ex director.
Señalado en el convenio como el responsable de vigilar el cumplimiento del acuerdo, Raúl Pastor Angulo, jefe del departamento de Tecnología Educativa de la SEPyC, admitió que su dependencia confirmó el cumplimiento del contrato sólo en un 50 por ciento.
Se recorrió el estado, se confirmó la existencia de algunos grupos y se le dio seguimiento al programa pero no en su totalidad, explicó.
“A mi CONALEP me entregó una muestra, no me los entregó todos. Nosotros como Secretaría no checamos el cien por ciento, no sé si en algún lugar, algún maestro haya desertado, yo comprobé aproximadamente el 50 por ciento, de verlo y con apoyo del personal constatar”, precisó Pastor Angulo.
Pero de lo que sí está seguro es de la certificación de quienes impartieron el curso, alrededor de 25 profesores de CONALEP y la SEPyC, acreditados como “líderes” por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. Sólo que con los docentes, no se obtuvo el mismo resultado.
Pastor Angulo atribuye el fracaso de la certificación a la “deserción” que según dice, se da en todos los niveles. “Logramos que tomaran las clases, que se evaluaran, pero la certificación ya no fue como la esperábamos”, dijo.
—¿Por qué no se logró certificar? —se le cuestionó.
—Ya depende de cada uno, es individual, no todo el que empieza termina, el asunto de la reprobación, de la deserción, se da en todos los niveles”, argumentó.
Sin pruebas
De acuerdo al anexo de ejecución del convenio, CONALEP estaba obligado a entregar seis bases de datos electrónicas con los resultados de las actividades realizadas: los administradores de cada centro de evaluación, los centros de capacitación para actores educativos, líderes facilitadores, administradores formados, actores educativos formados y actores educativos evaluados, además de un documento con la programación de los cursos.
Al solicitar al departamento de Tecnología Educativa de la SEPyC tales documentos, Pastor Angulo reveló que el área a su cargo había desaparecido. Según explicó, desde noviembre del 2013, el personal asignado a Tecnología Educativa fue reubicado a otras áreas y el departamento encargado del programa nacional Habilidades Digitales para Todos comenzó un proceso de restructuración, hasta el momento sin saber si cerrará de forma permanente.
El jefe de departamento, que actualmente atiende desde un edificio con escritorios vacíos y cajas de cartón apiladas, señaló que la Secretaría ya no cuenta con servicios de soporte técnico, no hay servicios de capacitación, ni administración de sistemas informáticos y bases de datos, por lo que, dijo, es imposible acceder a las bases de datos elaboradas por CONALEP.
“Esta área se cerró, todavía no sabemos si también el departamento, pero todo el personal que se encontraba laborando aquí fue reubicado. En este momento estamos en un proceso de restructuración, no sabemos si ese proceso signifique que aquí seguimos”, explicó Pastor Angulo.
Asesoría ilegal
Pero las certificaciones de los docentes, no es en lo único en lo que se contradicen Lucas Lizárraga y Pastor Angulo.
De acuerdo con los cheques número 0007948 y 0007947, emitidos por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, el 23 de diciembre del 2011, Raúl Pastor Angulo recibió un pago de 400 mil pesos por el servicio de asesoría para el programa Habilidades Digitales para Todos.
El diputado perredista Lucas Lizárraga lo explica de inmediato y asegura que se trató de un error, que incluso la Auditoria Superior del Estado señaló en su momento y fue resarcido.
Según la versión de Lucas Lizárraga, CONALEP y SEPyC contrataron a un tercer involucrado, quien se encargó de diseñar e instrumentar todo el programa, aunque dijo no recordar el nombre del despacho externo, ya que fue el director académico de CONALEP y Pastor Angulo, quienes se encargaron de la contratación.
“En su momento fue reconocido como un error de la propia administración, hubo una observación también de la ASE de que no debió haberse hecho el pago de esa manera. Era el primer pago que se hacía, no se tenía en ese momento claro todo el procedimiento y por eso se hizo a través del titular del programa por parte de la SEPyC”, explicó.
“Teníamos que pagarle a quien había instrumentado todo lo del programa, la idea de afianzar el proyecto y poder operarlo, ahí debió haber participado un tercero, que no recuerdo el nombre, que fue el que armó toda la infraestructura”, argumentó Lucas Lizárraga.
Sin embargo, Pastor Angulo ofrece una versión distinta sobre los 400 mil pesos expedidos por CONALEP.
“Yo he sido asesor de cadenas, de colegios a nivel nacional, estando aquí. Mis servicios de asesoría son en línea o pueden ser presenciales a la hora que yo lo estime. Como funcionario público no veo dónde la ley prohíba eso, si me dices en dónde lo prohíbe yo digo ok y me apegó a la ley”, respondió el jefe de Tecnología Educativa de la SEPyC, al cuestionarle los cheques expedidos a su nombre por el servicio de asesoría prestado a CONALEP.
Pastor Angulo defiende estar calificado como asesor, destaca certificaciones nacionales e internacionales, una maestría en informática y un doctorado en computación, pero se muestra enfático al asegurar que los cheques se justificaron ante la Auditoria Superior del Estado.
“Los servicios de asesoría externa que uno puede prestar tiene que ver con un trabajo personal. Pero en particular ese recurso se justificó en la auditoria, hay un proceso y en todo caso es Lucas el que tiene que comentarlo”, concluye Pastor Angulo.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en su artículo 15, todo servidor público debe “abstenerse de la prestación de servicios de cualquier naturaleza con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte”.
A principios de febrero de este año, cuando se anunció la designación de Alejandro Higuera Osuna en la dirección de CONALEP, la SEPyC y la Unidad de Transparencia revelaron que durante la administración de Lucas Lizárraga, en el 2011 y 2012, se detectó un manejo irregular de los recursos.
Juan Pablo Yamuni Robles, jefe de la Unidad, dijo que en las auditorías realizadas se violentaron los procesos de adquisición y se observó un desaseo en los recursos etiquetados.
