Pese a que la Constitución no precisa que dentro de las facultades y obligaciones de los diputados esté la entrega de apoyos económicos o en especie, el regreso de los fondos de gestión en la actual Legislatura es un tema que empieza a cabildearse a petición de algunos diputados de Morena.

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Diputados del PRI, PT, PAN, PAS y Morena están abiertos a discutir el tema al interior de la Junta de Coordinación Política para su eventual retorno, ahora por un monto de 20 mil pesos mensuales para cada diputado, en lugar de los 70 mil que la anterior Legislatura tenía.

Los comentarios en los pasillos del Poder Legislativo sobre la necesidad de regresar los fondos de gestión, un presupuesto que los diputados recibían para gastar discrecionalmente en apoyos sociales, fue ventilado públicamente al calor de la crisis que vivió esta semana el Grupo Parlamentario de Morena.

En la anterior Legislatura, los diputados recibían recursos de dos fondos que sumaban 70 mil pesos mensuales bajos los conceptos de nombre muy similar: Gestión, y Gestoría Social. Al llegar el grupo mayoritario de Morena con la bandera de un plan de austeridad, el rubro se compactó en uno solo para quedar en 50 mil pesos en los últimos tres meses de 2018.

Para el 2019, el Congreso el Estado aprobó que los fondos de gestión social se integraran oficialmente a los ingresos de los legisladores, con lo que el sueldo quedaría en 107 mil pesos, terminaría la simulación de un sueldo pequeño de 40 mil pesos, y quedaba a criterio de cada diputado el gastarlo para apoyos y ayudas.

El Instituto Mexicano de la Competitividad ha sido reiterativo en señalar que los poderes legislativos no deben gastar en ayudas sociales porque invaden funciones del Poder Ejecutivo y con ello hace un indebido uso de los recursos públicos.

“No deben dar despensas, juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas económicas ni tampoco construir obra pública”, enfatizó en el Informe Legislativo de 2019.

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En una investigación realizada por Ríodoce en los gastos de gestoría social de la anterior Legislatura, encontró que había escasa regulación en la aplicación de los recursos, los diputados cayeron en excesos, pues lo mismo entregaron facturas de compra de toallas sanitarias, que flores, pasteles, dulces, centros de mesa, o armaron una especie de nómina para reportar como beneficiarios mensuales a los integrantes de su staff.

Durante la presente Legislatura, en los tres meses que los diputados dispusieron de un fondo de gestión social, éstos gastaron en la compra de balones, despensas, gasolina, apoyos para festejos, tazas, un árbol navideño, entre otros, de acuerdo a datos obtenidos por una solicitud de acceso a la información pública.

El único requisito que les exigió el área administrativa del Congreso del Estado era que las facturas que entregaban para comprobar sus gastos de “gestoría social” llenaran los requisitos fiscales, y las entregaran a tiempo al cierre del mes.

El coordinador de diputados del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, recordó que siempre defendieron la existencia de un fondo de gestión social, pero ahora advierte que existe una implicación de orden legal que ningún servidor público debe tener percepciones por encima del presidente de la República.

La otra dificultad legal es que el Pleno del Congreso del Estado ya aprobó en días pasados un anteproyecto del presupuesto del 2020, en el cual no se contempló una partida para el fondo de gestión social.

Jacobo Gutiérrez apuntó que en los fondos de gestión social a lo mejor lo que faltaba era mayor transparencia y fiscalización, la cual hubiese sido una buena salida. “Si había dudas sobre la manera en que se administraban estos fondos, se deberían de hacer las enmiendas, las correcciones correspondientes para que hubiera transparencia”.

Asegura que en el caso del PRI, los diputados destinan en promedio el 40 por ciento de los ingresos para gestión social.

En opinión del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, la propuesta de regresar los fondos de gestión social deberá analizarse debido a las repercusiones legales y fiscales, ya que existe una Ley de Austeridad en el Estado de Sinaloa que establece los topes, por lo que de regresar habría que disminuir las remuneraciones de los legisladores, o definir si serán remuneraciones adicionales.

“Evidentemente sería reprobable si se hace disminuyendo las partidas que actualmente tenemos. Ya que lo que hicimos en este ejercicio 2019 fue transparentar y pagar el Impuesto Sobre la Renta que no se venía haciendo en legislaturas anteriores”, dijo.

El tema de los fondos de gestión fue puesto de nuevo en la agenda informal del Poder Legislativo por diputados que provocaron una crisis al interior de Morena al pretender cambiar a su coordinadora, aunque posteriormente aceptaron unir filas.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PT, Mario Rafael González dijo estar de acuerdo en que regresen los fondos de gestión, y asegura que él sigue dándolos, además de que eran un derecho no de los diputados, sino de la ciudadanía.

“Estoy de acuerdo que se utilice para apoyar jóvenes, a la gente que tiene problemas, incluso a compañeros de la prensa que de repente tienen problemas que se le ponchó el carro, y de todo se puede apoyar”.

“Creemos que no vamos a negar el voto, vamos a estar a favor el Grupo Parlamentario del PT porque somos un partido social”, responde a pregunta sobre su voto en caso que el regreso del fondo de gestión social sea votado al interior de la Junta de Coordinación Política.

En opinión de la diputada del PAS, Angélica Díaz, debe seguirse analizando al interior de la JUCOPO sobre cuál es la forma más eficiente y transparente para el manejo de esos recursos.

Los fondos de gestión, aclara, no son parte de los ingresos de los legisladores ya que ese recurso debe de comprobarse en qué se utilizó, atendiendo a los lineamientos que marca la administración del Congreso del Estado.

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La diputada pasista no rechaza el regreso de los fondos de gestión social, actividad que asegura su partido y ella realizan como una agenda permanente, incluso aportando recursos propios.

En caso que se hiciera un ajuste al presupuesto del Poder Legislativo para incluir una partida para gastos de gestoría social o ayudas sociales de 20 mil pesos mensuales por cada diputado, significaría un gasto anual de 9 millones 600 mil pesos.

La decisión de regresar los fondos de gestión no está tomada, enfatiza Graciela Domínguez Nava, pero reconoce que es un tema que se seguirá analizando a petición no sólo de diputados de Morena, sino también de otros grupos parlamentarios.

Artículo publicado el 17 de noviembre de 2019 en la edición 877 del semanario Ríodoce.