Los proyectos turísticos del Fonatur están edificados sobre la destrucción de comunidades costeras a lo largo del país. En contubernio con autoridades estatales, la expropiación de tierras y su posterior venta —a precios muy por abajo del precio real— a políticos, ex funcionarios y grandes empresarios ha generado desplazamientos forzados, desempleo, violencia, degradación de ecosistemas y saqueos del patrimonio cultural y natural. En Sinaloa, Totorames de San Pedro Chiametlán alegan la venta fraudulenta de sus terrenos para el CIP ‘Playa Espíritu’, en Teacapán. Y piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para destrabar el problema.

Sorprendidas por la avalancha de cambios —la mayoría acompañados de malos augurios—, las comunidades indígenas, campesinas y pesqueras de la costa mexicana que hasta hace unos años vivían en armonía con la naturaleza, quedaron atrapadas en la telaraña de la globalización por una red de complicidades entre ex presidentes, gobernadores, autoridades locales y ex funcionarios agrarios, que vieron en el boom de la industria turística la oportunidad de vender el litoral mexicano a inversionistas locales que, en muchos casos, fungieron como prestanombres del capital trasnacional.

En estos grupos de ejidatarios, comuneros, y pequeños propietarios que fueron víctimas de los abusos de poder en la expropiación de terrenos con fines de “utilidad pública”, la historia de asesinatos, desapariciones, despojos de tierras, desplazamientos de comunidades, saqueos del patrimonio cultural y natural, y violaciones flagrantes de los derechos humanos entre otros delitos, se resumen en una figura perversa que las mismas comunidades de afectados llaman Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo).

Desde su origen, esta paraestatal filial de la Secretaría de Turismo que se concibió como un organismo para la planeación, desarrollo y comercialización del turismo sustentable en México, terminó como la inmobiliaria del Gobierno federal para facilitar a precios muy bajos la venta de terrenos a políticos, ex funcionarios y grandes empresarios que hoy son los grandes especuladores y acaparadores de los más bellos paisajes de la costa mexicana.

A casi medio siglo de su operación, Fonatur permitió el deterioro ambiental de los ecosistemas costeros, la desintegración del tejido social, el incremento de la violencia, y una secuela de fraudes. Y carga a cuestas una serie de abusos y arbitrariedades que los afectados reclaman en juicios paralizados o retenidos en tribunales agrarios.

‘Borrón y cuenta nueva’

Pero la dimensión del megafraude que afecta a la mayor parte de los estados costeros con vocación turística, no parece ser una prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al finalizar enero, el Presidente anunció su interés por rescatar el Proyecto del Centro Integralmente Planeado “Playa Espíritu” en Teacapán, ese mismo que Fonatur creó durante el sexenio calderonista  al comprar al ex gobernador Antonio Toledo Corro más de 2 mil 200 hectáreas, de las cuales por lo menos la mitad no ha podido comprobar su propiedad y que ahora son reclamadas ante los tribunales agrarios por más de 400 personas de la llamada Comunidad Indígena Totorame de San Pedro Chiametlán, que en el 2009 tenían en posesión las tierras en litigio y fueron desalojados con violencia policial.

Antes de reunirse con inversionistas de firmas hoteleras nacionales y extranjeras y autoridades del estado y la Federación en Playa Espíritu, López Obrador les dijo a los escuinapenses que el propósito de su visita era “revisar el proyecto”. Esto, para tener la certeza de que el desarrollo turístico garantice también el impulso y desarrollo de las comunidades aledañas.

Y decía a bordo del vehículo que lo transportaba: Ya no vamos a permitir que el turismo sea solo una oportunidad de negocio para los inversionistas. Eso de crear destinos turísticos rodeados de pueblos pobres, no va a suceder. A Escuinapa lo vamos a ayudar porque “el amor con amor se paga”. ¡Arriba los tepehuanos! les dijo sonriente al despedirse de la muchedumbre que lo recibió efusiva.

Acaparar tierras y desplazar a pobladores

En un documento que entregaron al Presidente de la República el pasado 26 de enero durante la visita a Sinaloa, un grupo de habitantes de la Comunidad de Chametla, en el municipio de Rosario, identificados como “Comunidad Indígena Totorame San Pedro Chiametlán, A.C.”,  le solicitan que intervenga ante el Tribunal Unitario número 39 ubicado en Mazatlán para que destrabe el juicio con expediente 614/2011, donde reclaman la nulidad de escrituras de la compraventa en la cual el ex secretario de la Reforma Agraria y ex Gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, vende a Fonatur en el año 2009,  2 mil 284 hectáreas —comprendidas dentro del polígono del CIP Teacapán—, de las cuales no acreditó la propiedad de mil 200 y que el grupo reclama de su propiedad con un título virreinal autenticado que data desde 1715.

Diez años atrás, el grupo de comuneros tenía la posesión de los terrenos en litigio localizados entre los municipios de Rosario y Escuinapa, en el Sur de Sinaloa. Una mañana entraron alrededor de diez camiones con policías estatales y federales equipados con armas, cascos y escudos antimotines, y en cuestión de un par de horas desalojaron por la fuerza a las familias que se encontraban en el predio en disputa. Les quemaron algunas chozas para intimidarlos; mataron los cerdos y gallinas que había en sus corrales y solo les dieron un tiempo breve para rescatar sus pertenencias personales.

Al cabo de unos minutos aparecieron unidades de maquinaria pesada que destruía las chozas levantadas con paredes de lodo y techos cubiertos con lámina de cartón u hojas de palma que resistieron al fuego. Altares, ofrendas  e imágenes religiosas que los moradores conservaban en los jardines y frentes de sus viviendas quedaron amontonados junto con las vasijas, catres de madera, ropa y otros enseres domésticos que por la premura no pudieron rescatar.

Desde entonces el predio en disputa conocido como “Montijo” permanece custodiado por guardias de seguridad que mantienen bloqueado el tramo de zona federal ubicado en las inmediaciones del “Rancho Las Cabras”, propiedad del ex Gobernador Toledo Corro.

El líder moral del grupo, Oscar Crespo Nava comentó que en su momento se solicitó la intervención de la autoridad municipal y estatal para frenar los abusos y lo mismo se hizo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que entregaron un expediente con testimonios videográficos sobre el desalojo, pero ninguna mostró el mínimo interés por atender el caso.

En la petición entregada al presidente López Obrador días antes de poner en subasta este mega desarrollo turístico conocido como “Playa Espíritu”, los comuneros acusan que la venta de los terrenos en disputa fue fraudulenta y aducen que siendo gobernador, Toledo Corro alteró el mapa catastral del Estado y recorrió a su conveniencia los límites municipales de Rosario y Escuinapa para adjudicarse como de su propiedad las mil 200 hectáreas reclamadas por el grupo totorame.

Sostienen los comuneros que cuentan con el dictamen del tercer perito en discordia, en el cual se manifiesta  y confirma que Fonatur —que a la fecha no ha comprobado la propiedad jurídica de por lo menos 400 hectáreas del total que adquirió— invadió por lo menos 400 hectáreas de la superficie reclamada y sospechan que el peritaje fue manipulado porque no aparecen las 800 hectáreas restantes amparadas en el título virreinal.

Entre otras peticiones, los supuestos afectados le solicitan al Presidente de México revisar los expedientes relacionados con la compra venta de terrenos que hizo Fonatur en los sexenios anteriores, y con apego al derecho se proceda a impartir justicia en cada uno de los fraudes que acumula el desarrollo turístico.

Negro historial

El Fonatur, respaldado por los gobiernos en turno, se inserta en el negocio inmobiliario desde los años 70, cuando el ex presidente Luis Echeverría Álvarez decide construir sobre tierras mayas el inicio de un corredor turístico inmobiliario que pone a Cancún en Quintana Roo, como la “joya de la corona”.

Con este auge que México tenía desde los años 50 con los destinos de sol y playa como Acapulco, Mazatlán, Puerto Vallarta, La Paz, Ensenada, la paraestatal y el gobierno mexicano siguieron construyendo desarrollos y en 1972 erigen Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero; Los Cabos-Loreto en Baja California Sur entre 1976 y 1977 y Huatulco en Oaxaca en 1984.

Estos proyectos tuvieron en común la expropiación de terrenos con indemnizaciones muy por abajo del precio real, que posteriormente fueron acaparados por políticos, que aprovechando la información privilegiada de la Sectur, adquirieron y construyeron hoteles y casas de playa a lo largo de la franja costera.

Detrás de ese impulso a la industria turística que dio la paraestatal con el pretexto de mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras, persisten aún movimientos de protesta de las comunidades en todos los estados mencionados, que reclaman al Estado su derecho legítimo a la restitución de tierras, reparación de daños en los ecosistemas costeros afectados por las políticas agresivas del Fonatur y los daños al patrimonio cultural que se refleja en migración, desempleo e incremento de la violencia.

En septiembre de 2008, en plena Feria Expo Mexicana de Inversión Inmobiliaria y Turística que inauguraba el ex Presidente Felipe Calderón, Greenpeace México acusó a Fonatur de ser un organismo que destruye los ecosistemas y que lejos de impulsar el turismo sustentable, deja el medio ambiente en manos de especuladores.

“La política de ‘fomentar’ el turismo mediante la venta de terrenos públicos a precios ridículos o por debajo de su valor real favorece exclusivamente a intereses privados, en tanto que impacta gravemente al medio ambiente, ya que además de dejar todo en manos de especuladores, los costos sociales y los impactos ambientales de los desarrollos inmobiliarios y turísticos no están siendo absorbidos por los proyectos”, dijo en su momento Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México.

Artículo publicado el 24 de febrero de 2019 en la edición 839 del semanario Ríodoce.