Ante la renuencia de los dirigentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa para comparecer ante la justicia con un pretexto y otro

Después de 27 audiencias diferidas por funcionarios de la UAS, los jueces de control empezaron a cerrarles el paso para evitar que continúen aplazándolas y la Fiscalía General del Estado analiza tomar medidas para conducirlos por la fuerza al proceso penal.

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Contra funcionarios de la Universidad, la FGE ha judicializado nueve carpetas de investigación, de las cuales solo en tres se ha celebrado la audiencia inicial y en el resto se han aplazado.

Desde el 14 de julio del año pasado y hasta el pasado viernes, por las nueve causas penales se han programado 36 audiencias, de las cuales nueve se han llevado a cabo y 27 fueron diferidas.

En los procesos están involucrados el rector separado, Jesús Madueña Molina, el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera; el encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga Otero; y los integrantes del Comité de Adquisiciones.

La semana anterior los jueces dieron vista a la Fiscalía para que investigue a abogados que no se presentaron a las audiencias por posibles delitos cometidos por abogados y litigantes, y la FGE advirtió que podría tomar medidas más drásticas para evitar que sigan aplazando.

La primera vez que acudieron al Centro de Justicia Penal fue el 14 de julio del año pasado. Desde entonces han aplazado las audiencias argumentando que no tienen la copia de la carpeta de investigación o que ya cuentan con ella, pero no alcanzaron a analizarla por lo voluminoso del expediente; por enfermedad de alguno de los imputados o de los abogados, por el accidente de una defensora, por inasistencia de los defensores o porque hacen nuevos nombramientos de abogados.

En dos causas penales los jueces dieron vista la Fiscalía para que investigue a los defensores por abandono.

Uno de los procesos es por abuso de autoridad contra Madueña Molina y Lizárraga Otero y en él hubo una revisión de medidas cautelares en la que Madueña fue separado temporalmente del cargo.

Para Lizárraga Otero la Fiscalía solicitó una revisión de medidas desde noviembre y hasta la fecha no se ha podido celebrar.

La audiencia fue programada por primera vez el 17 de noviembre de 2023 y ese día el imputado hizo cambio de abogado; el 6 de diciembre tampoco se celebró porque su abogada sufrió un accidente; el 9 de enero de 2024 su abogado se reportó enfermo; y el 1 de febrero el abogado no asistió.

En la audiencia del 1 de febrero, el juez Carlos Alberto Herrera, consideró que el abogado abandonó la causa penal al faltar a la audiencia sin justificación y dio vista a la Fiscalía para la investigación de la posible comisión de delitos cometidos por abogados y litigantes.

El 6 de febrero hubo otra audiencia para que Lizárraga Otero nombrara a un nuevo defensor y dio el nombramiento a Carlos Lorenzo Flores.

La audiencia de revisión fue programada para el 13 de febrero y el abogado manifestó que no podría acudir porque tienen audiencia en Los Mochis por lo que pidió diferirla.

El juez advirtió a Robespierre que, si en la próxima audiencia vuelve a cambiar de abogado o su defensor no asiste, la sesión se celebrará con un defensor de oficio que él nombrará.

Señaló que la defensoría pública tiene conocimiento del expediente desde diciembre y está lista para intervenir en el proceso.

El abogado insistió en diferir debido a que era muy poco tiempo para analizar la carpeta de investigación, pero el juez mantuvo la fecha y dijo que tiene facultades constitucionales para velar por la adecuada defensa y el próximo martes las puede hacer valer.

Otra de las causas en la que dieron vista a la Fiscalía para una posible investigación contra el abogado, es la que se sigue contra el ex director de Bienes y Suministros, Héctor Melesio Cuen Díaz.

La audiencia fue programada por primera vez el 10 de octubre de 2023 y no se celebró debido a que su abobado dijo que apenas un día antes la FGE le entregó el expediente de 72 tomos y no pudo analizarlo; y el 8 de diciembre tampoco se celebró porque Cuen Díaz hizo cambio de defensor.

El 7 de febrero de 2024, la audiencia tampoco se llevó a cabo debido a que el abogado envió un oficio en el que señalaba que tenía dolor de garganta, dolor muscular y temperatura y renunció a la defensa.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum dio vista a la FGE para una investigación por delitos cometidos por abogados y litigantes por considerar que abandonó la defensa.

El juez señaló que “un defensor tiene obligaciones y no puede renunciar cuando quiera”.

En el oficio que envió, detalló, el abogado no pide aplazar, sino que renunció, y un defensor no puede renunciar una vez que ya está notificado de una audiencia.

La Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, dijo que ante los diferimientos podrían recurrir a medidas más extremas para conducir a los imputados al proceso.

“Son solo argucias de ellos, ya ni siquiera cuidan las formas, ya ni siquiera llegó con el abogado, ellos están jugando ese juego de evadir lo más que se pueda, pero tiene que llegar el momento de que den la cara”, mencionó.

Aseguró que una de las formas de conducir a un imputado al proceso penal, establecida en el Código Penal, es el uso de la fuerza pública.

“Quizás nos veamos en la necesidad de llegar a esos extremos y no lo digo yo para que ellos se sientan acosados como dicen, sino que es una consecuencia lógica de una respuesta que da Fiscalía ante la renuencia de ellos de asistir”, expresó.

Dos causas penales son por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público y en ellas están involucrados el rector separado, Jesús Madueña Molina; el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera; y el comité de Adquisiciones; una de ellas es por la compra de tortillas por 45 millones de pesos y la otra por la adquisición de 67 millones de pesos en carne de res y pollo.

Otras dos son por abuso de autoridad contra Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero por presuntamente negarse a una auditoría de la Auditoría Superior del Estado.

Cuatro procesos más son por desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público contra Madueña Molina y los integrantes del Comité; y la novena contra el ex director de Bienes y Suministros, Héctor Melesio Cuen Díaz, por negociaciones ilícitas por supuestas facturas del restaurante Casa María, propiedad de su familia, pagadas por la UAS.

Pese a la advertencia, ayer martes, de nueva cuenta la audiencia de revisión de medidas cautelares del encargado del despacho del rector, Robespierre Lizárraga Otero, volvió a ser diferida debido a que los defensores de oficio que nombró el juez no estaban preparados.

Artículo publicado el 11 de febrero de 2024 en la edición 1098 del semanario Ríodoce.