Muros de fuego, trincheras de tierra y barricadas de maquinaria agrícola colocan trigueros en defensa de su cosecha; residentes bloquean carretera y toman sindicatura; demandan servicios municipales eficientes; satanizan a ‘Billy’ Chapman

La sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, conocida como El Carrizo, en Ahome, está convertida en un polvorín a punto de estallar por culpa de la conducción interna del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien creó un poder paralelo al síndico y abandonó los servicios públicos municipales, y arrojó a la fuerza policial en contra de productores de trigo que mantienen un cerco alrededor de los silos de la empresa Multigranos de Los Mochis, defendiendo a estos.

Este jueves (6 de febrero), la situación se tornó tensa pues al norte de la sindicatura, en Estación Francisco, los hombres del campo encendieron una pared de fuego, construyeron trincheras y formaron una barricada con rastras, subsuelos y tractores para impedir que un piquete de policías municipales que resguardaban a la actuaria, Dora Elsa Leyva Méndez, adscrita al Juzgado Tercero Civil y a los abogados de Almacenes Generales, Jorge González y José Manuel Ornelas que pretendían sacar de los silos 25 mil toneladas de maíz blanco que ya habían comprado a la empresa Multigranos de Los Mochis, propiedad de Carlos Ramírez.

La cosecha 2018-2019 fue entregada al empresario por los productores desde mayo de 2019, con la promesa de pagar casi 300 millones de pesos, sin embargo, el industrial los engañó, cobró los certificados de depósito y no liquidó el grano. La misma cosecha fue sacada en remate por un banco que la obtuvo como garantía prendaria y que después remató. Un tercero adquirió la producción que ahora pretendía sustraer puesto que ya la había vendido a otros clientes, coincidieron Alejandro Gastélum Barreras y Aristeo Verdugo Escalante, dos de los 150 campesinos estafados, y que hasta este jueves había mantenido un “plantón” a las afueras de los silos para evitar que la producción de su propiedad fuera sacada.

Para sustraer el grano que ya también pagaron, los abogados y la actuaria llegaron al lugar seguidos de 15 camiones con caja semillera, una grúa de pluma y resguardados por policías municipales, que aseguraron que no intervendrían sí los productores liberan el camino en que estaban apostados.

Aunque el oficial de turno pretendió disuadir a los campesinos, estos no cedieron y se colocaron como barricada humana para impedir el tránsito de los camiones, puesto que el chofer de la grúa ya había retirado la primera rastra.

Ante la advertencia de que defenderían la cosecha aún a costa de su propia vida, los gendarmes, abogados y actuaria se retiraron.

El diputado local, Juan Ramón Torres Navarro, fue el único político que arribó al lugar para interceder por los productores agrícolas, encaró a la actuaria y a los abogados, a quienes invitó a declinar de sus pretensiones de sustraer la cosecha comprada, porque los ánimos estaban muy caldeados y porque las posiciones de los bandos eran de oposición franca.

Incluso, responsabilizó a la actuaria de lo que a partir de entonces podría suceder. “Puede haber sangre, y usted será la responsable. Lo mejor es renegociar la situación y buscar una salida alterna, que puede darse con la autoridad del Gobierno del Estado, quien es el responsable de esto por ser omiso con las demandas penales y civiles de los productores y protector con el estafador”.

Tras dos horas de tensas negociaciones, los abogados cedieron y afirmaron que abrirían un compás de espera para dar oportunidad a los campesinos de que agilicen la demanda que mantienen con el industrial, y proceder al aseguramiento de la cosecha.

Los abogados afirmaron que la empresa a la que no quisieron identificar está en disposición de colaborar con los productores para negociar una salida del conflicto, puesto que reconoce que los productores también fueron afectados por el empresario y les asiste derecho a recuperar lo almacenado sin liquidación.

Finalmente, la situación se calmó, pero la tensión persiste. Los hombres del campo se parapetaron en las barricadas de tierra y tras maquinaria agrícola y se armaron con machetes, garrotes y piedras para mantenerse como centinelas en el lugar. En la vigilia, varias escaramuzas ocurrieron.

Baltazar Hernández Encinas, presidente de la Unión de Productores Agrícolas y Ganaderos del Valle del Carrizo, aseguró que ambas partes tienen razón. Sin embargo, el responsable es el Gobierno del Estado porque durante nueve meses se cruzó de brazos, protegiendo al responsable del desorden.

Toman sindicatura Gustavo Díaz Ordaz  y bloquean carretera

A la misma hora, un grupo de 30 residentes que se dijeron estar hartos del abandono al que el alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, el Billy Chapman, los sometió durante 10 meses, vocearon su protesta, salieron a la calle, tomaron la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz y bloquearon ambos carriles de la carretera México 15, todo en dos días.

María Elena García Orta, quien mantenía la toma de la sindicatura junto a tres madres de familia más, aseguraron que los servicios públicos municipales no funcionan desde hacer meses. “El drenaje sanitario está colapsado y brota en las casas desde septiembre del 2019, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) no resuelve y sólo da largas, condenando a los habitantes a vivir entre la suciedad y focos infecciosos”.

Ella aseguró que el alcalde y su séquito son evasivos con la comunidad pues sus actos públicos en la sindicatura son un secreto.
Aseguró que el movimiento no es político, sino ciudadano.

En el bloqueo, Mauricia Ayala y Ascensión Salas arengaron que requieren mejores calles porque todas están desniveladas, y el alumbrado convirtió las calles en zonas de penumbra.

Antes, los inconformes acusaron que el síndico, Francisco Leyva, es neófito en gestión y ha provocado un atraso porque no resuelve los problemas de servicios públicos.

El bloqueo carretero concluyó a las 15:00 horas por iniciativa de los manifestantes, pero sin solución del Ayuntamiento de Ahome.

La intermediación de Rafael Rivera Castro, director de Obras y servicios Públicos y de Iván Roberto Gálvez Meza, director de Servicios Públicos, fue rechazada por los inconformes.

Francisco Leyva, por su parte, negó las imputaciones.

Aclaró que la sindicatura no resuelve problemas de infraestructura municipal porque no tiene recursos financieros, ya que el dinero lo concentra la tesorería municipal.

Dijo que ha realizado innumerables gestiones, pero el alcalde Chapman Moreno las desecha, rechaza y desatiende.

Incluso ha gestionado tres audiencias, pero Aníbal Rubio, secretario de la Presidencia y Juan Francisco Fierro Gaxiola, secretario del Ayuntamiento, las obstruyen, mientras que el alcalde, no planta cara ante la comunidad.

En la protesta, Aristeo Verdugo, líder cenecista, fue quien inició con las agresiones verbales que pasaron a empellones e insultos.

Los problemas con los servicios públicos en la sindicatura comenzaron en marzo del 2019, cuando Francisco Leyva derrotó al candidato del alcalde en el plebiscito.

En represalia política, el Presidente Municipal envió a la profesora María Luisa Robles para que se convirtiera en la titiritera del síndico, pero éste la rebotó.

Entonces, el Ayuntamiento le creó la Oficina de Gestoría Municipal para recibir demandas sociales en lo que antes eran el despacho del Comité Municipal Campesino Número 17, brazo de control político ejidal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esa oficina recibe desde solicitudes de despensas alimenticias, atención a discapacitados, mejoras de vivienda y diversos trámites administrativos municipales, restando poder a la sindicatura, y convirtiéndola en blanco de las protestas sociales.

No obstante, comisarios municipales que pidieron anonimato por las represalias políticas, señalaron al alcalde de pretender construir un feudo que garantice la permanencia en el poder de su grupo ciudadano.

Denunciaron que son utilizados como carne de cañón para agitar a la gente en contra del gobierno que eligió en el plebiscito.

Advirtieron que es una jugada en la que el dinero de los impuestos municipales se gasta en la coacción de voluntades para restar movilidad al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los lugareños afirmaron que el movimiento no claudicará en sus demandas, pese al desdén del alcalde Chapman Moreno y de su séquito de funcionarios que proceden del VIC.

Artículo publicado el 09 de febrero de 2020 en la edición 889 del semanario Ríodoce.