Dionisio Sánchez, involucrado en caso tiburonario, obtiene suspensión condicional

DIONISIO SÁNCHEZ. Lo perdonó el tiburón.

El ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix, libró ir a juicio y a la cárcel y pagar reparación del daño.

Lea: El colapso del Tiburonario https://bit.ly/2zbyyHc

La semana pasada obtuvo una suspensión condicional del proceso que enfrentaba por el delito de ejercicio indebido del servicio público por presuntamente realizar a modo licitaciones para la construcción del tiburonario de Mazatlán que colapsó.

Aunque la Fiscalía se opuso, el Juez Juan Luis Quiñónez concedió la suspensión sin pago por reparación del daño.

Con la suspensión, termina el proceso penal pero debe cumplir con condiciones impuestas por el Juez.

La Fiscalía señaló como daño al erario 34 millones 640 mil pesos y pretendía que entre los tres acusados pagaran esa cantidad.

Sánchez Félix estaba acusado junto con José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos; y Armando Trujillo Sicairos, ex jefe de Departamento de Concursos y Contratos.

El pasado 26 de abril, la defensa de Sánchez Félix  solicitó al Juez una audiencia de suspensión condicional de proceso.

El miércoles se realizó la audiencia en el Centro de Justicia Penal en Culiacán, en la que el abogado defensor, Luis Alfonso Navidad dijo que no hay una base para establecer que hubo un daño económico.

Mencionó que la imputación de la Fiscalía se limitó solo a decir que Sánchez Félix debió desechar las propuestas de las empresas que ganaron las licitaciones, pero no se acusa desvío o apropiarse de recursos, sino haber firmado los contratos.

La conducta de ejercicio indebido del servicio público que acusa la Fiscalía no causó daño el erario, aseguró.

Indicó que las cantidades que se pagaron en los contratos sí fueron aplicadas y ejecutadas por las empresas.

Comentó que los daños por el colapso del Tiburonario debieron ser cubiertos por las empresas.

La obra que hicieron las empresas ganadoras, dijo, fueron auditadas por la Auditoría Superior del Estado y las observaciones fueron solventadas y solo queda una observación pendiente.

El Agente del Ministerio Público, Librado Romero, se opuso a una suspensión del proceso sin reparación del daño.

Además de la Fiscalía, señaló, los ofendidos que son el Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán también se oponen.

Aseguró que la Fiscalía cuenta con datos de prueba suficientes para demostrar la plena responsabilidad del acusado en la comisión del delito.

Desde que se inició el proceso, señaló, se estableció que el daño causado al erario fue de 34 millones 460 mil pesos.

Sánchez Félix debería pagar al menos una parte de esa cantidad, manifestó, ya que los acusados son tres.

La Ministerio Público, Blanca Morales, dijo al Juez que la sociedad está molesta y lacerada por los abusos de los servidores públicos que realizan desfalcos al erario.

Este caso, indicó, debe servir para sentar un procedente en las conductas de los funcionarios.

Lea: Caso Tiburonario: funcionario implicado consigue amparo y a otro se lo niegan https://bit.ly/2VYjwlF

Los recursos públicos deben ser administrados con honradez y eficacia, manifestó, y en este caso los funcionarios involucrados incumplieron con su obligación.

El Juez consideró fundada la solicitud de la defensa y concedió la suspensión condicional del proceso.

Mencionó que, como señaló el abogado defensor, no existe una base para exigir reparación del daño.

Manifestó que el Ministerio Público no determinó cómo estableció la cantidad de 34 millones como daño al erario.

Ese dinero, dijo, sí se aplicó por lo que la cantidad no tiene relación con la conducta por la que se acusa a Dionisio y declaró infundada la oposición de la fiscalía.

Como medidas, el juez impuso residir en determinado domicilio y acudir a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares durante 12 meses.

Dentro de un año, el Juez valorará si cumplió con las medidas y dará por cerrada la causa penal.

Sánchez Félix fue detenido el 24 de octubre de 2017 en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando regresaba de Ámsterdam.

Un día después fue vinculado a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Artículo publicado el 12 de mayo de 2019 en la edición 850 del semanario Ríodoce.

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