Despachos del gabinete de Rocha, sin ‘austeridad franciscana’

DESPACHO DEL GOBERNADOR. El derroche.

En el Presupuesto de 2023, el gobierno de Sinaloa destinará 285.6 millones de pesos a las oficinas de los funcionarios

Sin anuncios de reducción en el gasto de las oficinas de los funcionarios de primer nivel, el presupuesto de 2023 destinado a los despachos de los miembros del gabinete alcanzan los 285.6 millones de pesos, cantidad que significa cerca de 28 veces lo que se destina al Fideicomiso de Apoyo a Víctimas o 14 veces el apoyo estatal que se le otorga anualmente a los cuerpos de bomberos del estado de Sinaloa.

En el documento de iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2023, enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya al Congreso del Estado, se asegura que la propuesta está alineada a la normatividad de disciplina y austeridad.

Los ejecutores del gasto durante el ejercicio de sus respectivos presupuestos, señala el Ejecutivo Estatal, estarán obligados a considerar medidas para racionalizar el gasto administrativo, para destinar los ahorros presupuestarios a programas relacionados con la salud, educación, seguridad pública, atención a grupos vulnerables y a situaciones de emergencia que pudieran surgir.

Al inicio de la administración se anunció la decisión de reducir el gasto de comunicación social y publicidad, así como privilegios al interior del aparato administrativo.

En el segundo año, el gobernador refrendó en la exposición de motivos de su iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2023 el compromiso de orientar mayores recursos hacia programas sociales, pero no señaló disminuciones en el gasto operativo de sus funcionarios, por ejemplo en el costo de los despachos de los funcionarios de primer nivel.

Entre los mayores gastos operativos de los despachos, ocupa el primer lugar el del gobernador Rubén Rocha con un presupuesto de 49.3 millones de pesos, supera al que destinará para su operación anual a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estimado en 45.5 millones de pesos.

Cabe mencionar que en los gastos de los despachos se incluye el pago de salarios del personal, materiales y suministros, bienes muebles e inmuebles, servicios generales y deudas.

El segundo despacho de mayor costo dentro del presupuesto es el del secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, con 27.9 millones de pesos, una cantidad superior al presupuesto anual que se le destinará al naciente Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, organismo autónomo que está programado con 24.5 millones de pesos.

En el tercer sitio de los despachos más costosos de funcionarios de primer nivel está el de la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, cuyas oficinas tienen un presupuesto para 2023 de 26.7 millones de pesos, cantidad superior al gasto de 20 millones de peos que el gobierno estatal aportará a los cuerpos de bomberos de todo el estado.

El despacho de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, está contemplado con un gasto de 17.6 millones de pesos, cantidad por encima de la que se destinará a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que será de 16.8 millones de pesos.

El gasto planeado en los despachos de las secretarías corresponde solamente a la oficina del titular, no incluye al de sus subsecretarías, direcciones o programas. Por ejemplo en el caso de la Secretaría de Mujeres, por separado aparecen en el presupuesto el gasto destinado al Centro de Justicia para Mujeres, el de la Subsecretaría de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros.

En contraste, el despacho de funcionaria de primer nivel que será el de menor gasto en el 2023, será el de la titular de la Coordinación de Comunicación, Adriana Ochoa del Toro, con apenas 3.6 millones de pesos.
Le sigue en el penúltimo lugar, el despacho del secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, con apenas 5 millones de pesos; y en el antepenúltimo sitio la oficina de Flor Emilia Guerra Mena, secretaria de Pesca y Acuacultura, con tan solo 6.4 millones de pesos.

Artículo publicado el 11 de diciembre de 2022 en la edición 1037 del semanario Ríodoce.

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