Desde 2004 se registra una tendencia sostenida a la alza de casos en Sinaloa

En las denuncias de desapariciones forzadas solo el 1.9 por ciento llega a los tribunales. En el resto la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ejercita acción penal.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública dio a conocer información sobre este delito obtenida de la FGE y el Supremo Tribunal de Justicia.

De acuerdo con los datos, en el 98 por ciento de las desapariciones la Fiscalía continúa integrando las carpetas o están en el archivo.

Indicadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal señalan que a partir de su implementación en 2014 al 2020, se registraron 5 mil 893 denuncias por las cuales solo se abrieron 117 causas penales, es decir, en el 1.98 por ciento de los casos.

Del total de casos que llegaron ante los jueces y ya se resolvieron, 46 fueron sentencias condenatorias en procedimiento abreviado, nueve sentencias condenatorias en juicio oral, dos absolutorias en juicio oral, ocho suspensiones condicionales del proceso y 11 sobreseimientos.

La FGE envió al archivo temporal 232 carpetas de investigación, 126 de ellas el año pasado.

“La impunidad puede tener múltiples interpretaciones, para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la impunidad es la consecuencia de la falta de investigación y castigo de quienes cometen delitos y violaciones a derechos humanos. En términos prácticos significa que quien comete un delito no recibe sanción y, en contraparte las víctimas no obtienen la certeza de la emisión de una sentencia y/o de la reparación al daño causado”, indica el CESP.

Señala que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene que ir de la mano de los programas preventivos e involucrar a todos los actores y la coordinación institucional es uno de los principales retos a fin de revertir los indicadores en forma positiva.

En su informe anual el Fiscal General del Estado presumió que el año pasado la judicialización de las carpetas de investigación por desaparición tuvieron un aumento de 100 por ciento al pasar de tres carpetas en 2019 a seis el año pasado.

“Deja ver el espíritu de servicio que tiene el personal que integra dicha Fiscalía Especializada, mismo que pese a las complicaciones por la pandemia del virus COVID-19, siempre se mantuvo firme brindando sus servicios de la mejor manera posible a favor de las víctimas del delito”, indicó.

Según el CESP los delitos con menor impunidad son el secuestro con el 67 por ciento de los casos y feminicidio con 82.5 por ciento y en el resto de los delitos alcanza hasta el 100 por ciento.

Con base en el número de incidencia por víctimas ante la Fiscalía General del Estado, desde el año 2004 se tiene una tendencia de incrementos con variantes a la baja en 2009, 2014 y 2015; y de 2016 a 2020 son los años con más denuncias.

El 2019 con mil 142 denuncias y una tasa de 36 desapariciones por cada 100 mil habitantes es el año de mayor incidencia.

Los datos por municipio de 2006 a 2020 indican un total de 8 mil 926 casos de desaparición forzada de personas, privación de la libertad personas y desaparición cometida por particulares.

Los cinco municipios que concentran el mayor número de denuncias son Culiacán con el 38 por ciento, Mazatlán 19 por ciento, Ahome 16 por ciento, Guasave 7 por ciento, y Navolato 4 por ciento.

En 2020 de las denuncias recibidas por la FGE el 73 por ciento corresponden a hombres, 16 por ciento a mujeres y 11 por ciento a menores a los 18 años.

Desde 2019 la desaparición forzada de personas superó por primera vez a los homicidios y el año pasado se repitió el patrón. Ambo delitos son de los considerados de alto impacto.

“El homicidio es uno de los delitos de seguimiento permanente tanto por órganos de gobierno, organizaciones ciudadanas y de la sociedad civil, mientras que la desaparición forzada es un delito que a pesar de que el Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso emblemático “Rosendo Radilla Pacheco”, el cual impactó al Sistema Jurídico Nacional en materia de derechos humanos, el problema en lo general ha tratado de ser invisibilizado. Uno de los objetivos debe ser el acompañamiento a los esfuerzos de los grupos de búsqueda en todo el territorio nacional, quienes hacen visible la grave problemática”, señala el CESP.

En el caso de Sinaloa, de acuerdo con datos de la FGE, las denuncias por desaparición desde 2004 prácticamente han tenido una tendencia sostenida a la alza.

De acuerdo a los datos históricos a partir de 2010, fecha en que comienza a llevarse el registro por parte de la Fiscalía, hasta el año 2020, en Sinaloa se han localizado 191 fosas clandestinas relacionadas con las desapariciones.

Los años en que se registró el mayor número fueron 2019 con 98 fosas, 2020 con 29, 2017 con 27 y 2018 con 15.

En los últimos cuatro años, del 2017 al 2020, se han localizado 169 fosas clandestinas, lo que representa el 88 por ciento del total en los 11 años con registros.

De las 191 fosas clandestinas relacionadas con la incidencia de víctimas de desaparición forzada y privación de la libertad personal, registradas por la FGE, de 2010 al 2020 el mayor número se ha localizado en los municipios de Ahome con 94, Mazatlán con 45 y Culiacán con 17.

Artículo publicado el 08 de agosto de 2021 en la edición 967 del semanario Ríodoce.