Carlos Ortega Carricarte se convirtió a partir de este martes en el hombre con más poder en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

Con la publicación del Decreto de Austeridad que presentó el gobernador de Sinaloa, su amigo de la infancia controlará todo el flujo de dinero en el aparato gubernamental. La decisión sobre qué se compra y cuánto, qué se hace con los ahorros, a quién se contrata y con qué sueldo,  entre otras decisiones presupuestarias de las dependencias de gobierno, la tendrá exclusivamente el mazatleco.

Y es que más que un mandato de austeridad, el decreto publicado el pasado martes 10 de enero supone una reestructura en la forma de operar de las dependencias y entidades de gobierno. Nadie gastará un peso sin que antes lo autorice Ortega Carricarte, como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF).

Compras centralizadas y consolidadas

El pasado lunes a primera hora, Ortega Carricarte ofreció una rueda de prensa, acompañado de José de Jesús Galvez, secretario de Innovación Gubernamental y Luciano Audelo, colaborador de la SAyF.

En el primer encuentro con los medios, Ortega Carricarte enlistó 20 medidas de disciplina en el gasto del presupuesto, como la cancelación de escoltas y choferes a mandos medios y superiores, o el anuncio de que no se adquirirán vehículos de lujo. Sin embargo, el decreto de austeridad del gobierno de Ordaz Coppel va mucho más allá.

Se trata de 83 artículos divididos en 10 capítulos que hablan sobre nuevas reglas en recursos financieros, servicios personales, recursos materiales y servicios generales, código de conducta de los servidores públicos, agilización del servicio al público, tecnologías de la información, fideicomisos y contratos, obra pública y proyectos de inversión y comunicación social.

Uno de los cambios más significativos es el de las compras centralizadas y consolidadas desde la Secretaría de Administración y Finanzas. Pues en sentido contrario a lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Sinaloa —que faculta a cada secretaría a ejercer sus partidas presupuestales—, ahora será la SAyF quien decida cuánto y cómo comprar en cada una de las áreas.

Según se establece en los artículos 17 al 24 del Decreto, la ejecución de las partidas presupuestales de cada dependencia será previa autorización de la SAyF. Además, la secretaría de Ortega Carricarte se encargará de adquirir y contratar de forma global los servicios de telefonía, conexión a internet, mantenimiento de vehículos y combustibles, papelería, consumibles de cómputo, entre otros gastos que anteriormente eran decisión de cada dependencia.

La SAyF tendrá la facultad de utilizar el presupuesto de cada secretaría para realizar las compras y luego les informará de los montos utilizados de forma electrónica.

Si una dependencia genera ahorros, economías o remanentes, sólo la SAyF tendrá facultad para aplicarlo en lo que decida. En caso contrario, si la dependencia requiere una ampliación de su presupuesto será la secretaría de Ortega Carricarte quien lo autorice.

El artículo 20 del decreto señala además que la SAyF podrá cancelar, reducir o aplazar programas y gastos que no sean prioritarios o indispensables.

Las compras consolidadas que se implementarán en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel serán realizadas por la SAYF a partir de un programa anual de adquisiciones de bienes y servicios que cada dependencia elaborará y deberá entregar a la SAyF antes del 31 de enero de cada ejercicio fiscal.

Según se detalla en el artículo 42 del decreto, con esta estrategia de compras consolidadas se pretende disminuir costos y obtener las mejores condiciones en calidad, precio y oportunidad.

“Realizar preferentemente en forma consolidada la contratación de materiales, suministros y servicios de uso generalizado a través de la Subsecretaria de Administración, para garantizar la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Estado, en calidad, precio y oportunidad”, enfatiza el artículo 42 del decreto.

“El esfuerzo que se está haciendo se va a mandar a partir de la publicación de este decreto, es obligatoria, todos los funcionarios se van a tener que apegar a ello y van a tener que cumplir si no van a ser sancionados con lo que las normas y las leyes lo digan. Aquí corresponderá obviamente a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a aplicar las sanciones correspondientes”, explicó Ortega Carricarte.

Nómina centralizada

Antes del 30 de abril de este año, todas las dependencias del gobierno de Sinaloa deberán entregarle a la SAyF un análisis de su estructura, gastos, programas y acciones de gobierno que serán revisados para eliminar la duplicidad de puestos, funciones y procesos innecesarios.

Según se detalla en el capítulo Servicios Personales del artículo 26 al 39, como parte de la reestructura se eliminará la duplicidad de puestos, funciones y procesos innecesarios; se eliminarán unidades administrativas o fideicomisos inútiles, plazas de mandos medios y superiores que no tengan justificación y se restringirá la contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios.

Además, se prohíbe la creación de puestos de asesoría y apoyo a funcionarios a través de personal de honorarios asimilados a salarios que no estén autorizados por la SAyF.

Para detectar la duplicidad de funciones y eficientar el gasto, se llevará a cabo la centralización de la nómina de todas las dependencias y entidades del gobierno de Sinaloa.

Según se explica en el artículo 38, para lograr la centralización se deberá implementar un Registro Único de Recursos Humanos en donde se concentrará a todo el personal adscrito a las diferentes dependencias. Este sistema comprobará la asistencia de los servidores públicos y buscará evitar la duplicidad de funciones y puestos.

Además, mediante un estudio se revisarán las percepciones salariales y se propondrá un nuevo tabulador que estandarice los sueldos de mandos medios y superiores para lograr que nadie perciba un sueldo mayor al de su jefe inmediato.

Se cancela el pago de horas extras y cualquier tipo de concepto que se utilice como pago de compensaciones.

Vehículos y gasolina

El decreto de Ordaz Coppel maneja un apartado amplio de nuevas reglas en cuanto al uso y adquisición del parque vehicular que se detalla en los artículos 43 al 50 y que consiste en realizar un diagnóstico general del parque vehicular, dar de baja automóviles de lujo y adquirir vehículos más austeros con alto rendimiento de combustible.

Se explica que una vez que se concluya la renovación del parque vehicular se restringirá al mínimo las nuevas adquisiciones.

“Se deberá proceder a la baja y enajenación de las unidades cuyo funcionamiento no resulta óptimo o apropiado o que devenguen un alto gasto en combustible y mantenimiento vehicular, y se llevará a cabo la renovación del parque vehicular señalada en el párrafo anterior; una vez concluida esta renovación, se restringirá al mínimo nuevas adquisiciones”, señala el decreto.

El padrón vehicular será actualizado y se emitirán nuevas reglas de asignación, uso y mantenimiento. Se explica que se implementará un chip de rastreo y una bitácora de uso que serán revisadas de forma periódica para comprobar el cumplimiento de los ahorros.

El artículo 46 del decreto exige que el aparato gubernamental refleje un ahorro de al menos el 30 por ciento en el consumo de combustible y mantenimiento de vehículos.

Otros gastos que se deberán reducir al mínimo es el de telefonía convencional, celular y radio localizadores, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, papelería e insumos de cómputo, inventarios, ocupación de espacios físicos, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, y combustibles.

En el capítulo de pago de viáticos y gastos de transportación, se destaca que sólo se pagará a quien justifique debidamente su uso y se apegue a criterios de racionalidad.

Cuando se trate de pasajes aéreos, será la subsecretaría de Administración la que se encargará de adquirir los boletos a través de una compra centralizada, sin embargo, el decreto enfatiza que se deberán preferir los traslados terrestres sobre los aéreos. Además, los titulares de las dependencias no podrán autorizar gastos de alimentación personal o a familiares y tampoco podrán cargar al erario gastos personales que realicen durante su comisión.

El decreto entre otros temas cuenta con un Código de Conducta y de buenas prácticas para los servidores públicos que les prohíbe utilizar recursos públicos para obsequiarlos a título personal u oficial y tampoco podrán disponer de bienes y servicios de las dependencias para obsequiarlos u otorgarlos con descuento.

Aunque no se detalló cuánto es la cantidad que se estima ahorrar con la serie de medidas y restructuras, el decreto señala en su artículo 11 que el ahorro que se obtenga con las medidas se deberá orientar a disminuir las presiones financieras del Estado y sus resultados serán reportados de forma trimestral a la SAyF, mientras que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas deberá vigilar el cumplimiento del decreto.

“El impacto total que vamos a tener por estas medidas aún no es posible estimarlo, debido a que estamos ahorita centralizando la información y conociendo en el proceso de entrega-recepción en qué situación se encuentran todas las dependencias y los organismos descentralizados, son muchos los organismos los que se encuentran. Creemos que va a ser un ahorro sustantivo pero en el momento que tengamos ya el informe final de la situación en la que se encuentra la administración pública podemos tener un conocimiento más preciso de cuáles serían estas economías”, señaló.