La Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, paga con recursos públicos clases de yoga y asesoría de imagen para mejorar “su presentación en todos los ámbitos”.

De acuerdo con los contratos, para las clases de yoga, la titular de la FGE requirió los servicios de Virginia Santoyo Morales; y para las asesorías a Jorge Papachoris Corrales, quien percibía un sueldo similar al de los agentes investigadores, comandantes y peritos.

Los dos contratos se firmaron en la modalidad de honorarios asimilables al salario.

Los Lineamientos de Reducción y Ahorro Presupuestal de la FGE, emitidos por la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada, señalan que debe haber una reducción significativa en la contratación por honorarios, energía eléctrica, combustibles, fotocopiado, materiales de impresión, servicio telefónico, gastos de orden social, congresos, convenciones y exposiciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, entre otros.

Establecen que los recursos públicos se deben ejercer para los fines a los que estén destinados y administrarse con apego a los principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, exclusivamente para satisfacer los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien común.

Jorge Papachoris Corrales fue contratado para el periodo de mayo a septiembre de 2022 con un sueldo de 23 mil 600 pesos mensuales.

“Los servicios incluyen la toma de fotografías y videos para su publicación en la página oficial, por conducto de la Drección de Comunicación Social; cuando así sea requerido, actuará como maestro de ceremonias en los eventos y como resultado de las intervenciones ofrecerá por escrito sus comentarios y sugerencias al final de cada evento, en lo general realizará propuestas que mejoren la presentación de la fiscal en todos sus ámbitos”, indica el contrato.

Papachoris Corrales fue contratado para realizar funciones que competen a la Dirección de Comunicación y Divulgación Social.

La conducción de eventos en la FGE suele hacerla la titular del área de comunicación y para la toma de fotografías tiene una fotógrafa.

Personal de la dependencia señaló que Papachoris Corrales condujo algunos eventos el año pasado, pero nunca se observó que tomara fotografías.

El contrato también señala que debe prestar servicios en torno a las comparecencias públicas de la Fiscal General del Estado, estando pendiente de las formas y los fondos de las comparecencias para estar en posibilidad de ofrecer mejoras al equipo de personas encargadas de los eventos y en su caso capacitar al personal para la mejora de eventos e instruir al personal en temas motivacionales que coadyuven con la superación personal.

El asesor de imagen de la Fiscal tenía salario similar al de investigadores, comandantes y peritos.

El tabulador de sueldos de la Fiscalía señala que un agente de investigación percibe un sueldo máximo de 22 mil 459 pesos, un comandante A de 22 mil 357 pesos y un perito de 23 mil 203 pesos.

Después de asesorar en imagen a la Fiscal, en febrero de este año fue nombrado director de Servicios Periciales y un mes después renunció debido a las quejas porque no tenía experiencia en el área forense, solo en asesorías de imagen, conducción de eventos y programas de radio y televisión.

Por las clases de yoga, Quiñonez Estrada paga 5 mil pesos mensuales y se imparten en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Personal de la dependencia consultado señaló que a las clases acuden la Fiscal y personal de la FGE.

En 2022 el primer contrato fue firmado en mayo y concluyó en diciembre por “sesiones sistemáticas de yoga”.

“El presente contrato tiene por objeto, establecer las condiciones y obligaciones derivadas de la prestación de servicios de honorarios asimilables a salarios, correspondientes a la impartición de actividades de esparcimiento, que generen un momento de distracción, para recrear al personal femenino de la Fiscalía, para propiciar en ellos una herramienta que fomente y fortalezca las relaciones interpersonales y de trabajo en equipo”, señala el documento.

Menciona que con las clases buscan “se logre una superación de las trabajadoras con el desarrollo de emociones que generan diversas dinámicas deportivas, en apego al calendario de actividades autorizado previamente para cada uno de los meses dentro de la vigencia del presente contrato”.

En enero de este año firmaron otro contrato por 4 mil 999 pesos.

La cláusula tercera señala que será por un periodo de tres meses y la cláusula sexta menciona que el contrato tiene vigencia hasta diciembre de 2023.

Según personal de la Fiscalía, hasta la fecha la instructora sigue acudiendo a las instalaciones de la dependencia a impartir las sesiones.

La instructora de yoga se obliga a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes o cualquier otro medio, los datos o resultados que obtenga con motivo de la prestación de los servicios.

Artículo publicado el 14 de mayo de 2023 en la edición 1059 del semanario Ríodoce.