En Sinaloa, las denuncias de desapariciones de personas cometidas por policías no se investigan. Y en muchos casos en los que los responsables son particulares, las investigaciones son deficientes, descoordinadas o simuladas y hay hasta posible dolo en la obstrucción de la justicia, acusó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

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En la recomendación general 1/2020, dirigida a los tres poderes, Ayuntamientos y la Fiscalía, la CEDH exhibe omisiones y prácticas contrarias a derecho, principalmente de la FGE.

Para emitir la recomendación, el organismo analizó 338 expedientes de desapariciones, integrados desde el año 2008 hasta junio de 2019.

Según la CEDH, a pesar del señalamiento de autoridades policiales como presuntos responsables del delito de desaparición forzada, no existen en los casos analizados, líneas de investigación contra miembros de dichas corporaciones.

Se detectaron casos en los que las víctimas y testigos expresaron que quienes habían “levantado” a las personas hoy desaparecidas, habían sido personas uniformadas en patrullas de diferentes corporaciones, menciona.

“A pregunta expresa a la Fiscalía General del Estado respecto de la existencia de investigaciones relacionadas con patrullas clonadas o patrullas oficiales y a qué corporaciones pertenecen, se nos notificó que en los bancos de información digital de dicha institución no se cuenta con criterios de búsqueda y consulta de información relacionadas con las investigaciones en las que existan líneas de investigación sobre patrullas clonadas y/o investigaciones relacionadas con patrullas oficiales”, establece.

Menciona que “esta respuesta de la Fiscalía nos preocupa, pues al ser sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, servidores públicos, en su gran mayoría, policías de diversas corporaciones actuando en patrullas, resulta relevante advertir que no existen datos en dicha institución que nos ofrezca un panorama certero de las investigaciones iniciadas contra servidores públicos en estos casos y de investigación del uso de patrullas”.

La CEDH acusa que de las averiguaciones previas y carpetas de investigación analizadas se advierte que la investigación es demorada y deficiente.

“Hasta podría calificarse de dolosa, pues pareciera que no se quiere investigar de manera científica, profunda y diligente al ser señalados como presuntos responsables agentes del Estado. Del análisis de los casos estudiados resulta evidente que no hay una investigación planeada y estructurada por parte de la Fiscalía General del Estado, que la ausencia de orden en las investigaciones iniciadas es palpable y preocupante”, señala.

Las investigaciones se basan solamente en requerir información a distintas autoridades, enviando y recibiendo oficios, sin mayor actividad al respecto, menciona.

“Las investigaciones son de escritorio y pocas veces se amplían con investigación empírica y de campo”, indica.

Establece que la desaparición de personas ha sido una constante en territorio sinaloense y, a pesar de  ello, no se advierte una acción coordinada y estructurada de los agentes investigadores y de los agentes del Ministerio Público encargados de dirigir las investigaciones, pues las acciones que se ubican de las carpetas de investigación no llevan continuidad, homologación ni seguimiento.

La CEDH señaló que no en todos los casos se pide revisión de videos, ni se investigan movimientos en cuentas bancarias, como tampoco se rastrean celulares, lo que conlleva a una desorganización evidente y omisiones serias que acrecientan la gravedad de la situación en la que se encuentran las víctimas.

Del análisis de los expedientes se advirtió en repetidas ocasiones que las cámaras de video instaladas Culiacán no funcionan o que no existe respaldo de las grabaciones, lo que impide que dichos instrumentos presten el servicio preventivo para el cual están consideradas, más aún, impiden que las imágenes puedan ser de gran valía en la investigación de los delitos, inclusive, llegar a plantearse como medio de prueba ante los tribunales.

A pesar de la eficacia de la prueba de ADN para la  identificación de personas, indica el informe, se detectaron averiguaciones previas y carpetas de investigación en las que no se requirió, así como en las que transcurrieron meses y hasta periodos de tres años después de interpuesta la denuncia en las que el Ministerio Público se demoró en pedirlas.

La Dirección General de Servicios Periciales no cuenta con un software o base de datos para el registro estatal de ADN o perfil genético de familiares de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Sinaloa, sino que se ha estado utilizando una hoja de cálculo Excel para realizar confrontas de perfiles genéticos desde el 16 de julio de 2016.

“Es preocupante también que se detectaron casos en los que el requerimiento de una fotografía de la o las personas desaparecidas no se realizó o se realizó meses y hasta años después de interpuesta la denuncia. Datos básicos para la identificación y búsqueda de una persona que debe ser recabada de inmediato, no se realiza. Ello nos lleva a la presunción de una completa apatía por la investigación y hasta se pudiera configurar la existencia de dolo para obstruir la justicia”, menciona.

Señala que “no es posible que se simule la investigación del delito, por lo que debe realizarse de manera pronta, profesional, respetuosa de los derechos humanos y dando el lugar que merece la víctima”.

En la recomendación la CEDH pide detectar, en el ámbito de sus competencias, las causas generadoras de la desaparición forzada de personas en el estado e implementar estrategias, programas y acciones necesarias para prevenir y frenar la problemática.

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También solicita iniciar procedimiento administrativo y/o penal contra todos los servidores públicos encargados de las investigaciones, por omisiones y generar investigaciones científicas, diligentes, siguiendo los protocolos en materia de desaparición forzada de personas y hacer del conocimiento de las víctimas de manera constante, las diligencias llevadas a cabo.

Artículo publicado el 21 de junio de 2020 en la edición 908 del semanario Ríodoce.