A tres años del multihomicidio de la colonia Narvarte, donde fueron asesinados el periodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, así como Mile Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete, la Comisión de Derechos Humanos capitalina hace un llamado a la autoridades competentes para que se esclarezca el caso y se ponga en marcha una Plan Integral de Investigación para evitar situaciones parecidas.
Durante el pasado 21 de junio de 2017, la dependencia capitalina emitió la recomendación 04/2017, donde fueron establecidos los derechos a salvaguardar de las víctimas y familiares, así como los debidos procedimientos que debieron ser tomados en cuenta para darle seguimiento al caso, no obstante, a la fecha no se han determinado responsabilidades por tales hechos, informó Reporte Índigo.
A pesar de la sugerencia en materia de DH dirigida la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia local, la Comisión ha brindado acompañamiento en diversas diligencias ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención en Delito de Homicidio; asimismo, desde el Programa de Lucha contra la Impunidad, se ha dado seguimiento a los procedimientos penales y administrativos en contra de servidores públicos.
Pese a todo lo anterior, la CDHDF señala que el gran pendiente es la “elaboración de un Plan Integral de Investigación que cuente con los mínimos estándares para identificar, delimitar y agotar las posibles líneas de investigación, así como una metodología adecuada para procesar y analizar la información que se va recabando, ya que a la fecha las diligencias no han servido para confirmar o desacreditar las diversas hipótesis”.
Para continuar con las indagatorias, ha recomendado también la dependencia, es necesario encausar las investigaciones con expertos y especialistas, además de que las autoridades sigan manteniendo una relación directa con los involucrados.
De igual modo, se exhortó a la Procuraduría local para que se lleve a cabo una disculpa pública para las partes afectadas, y de igual manera se plantee una propuesta de indemnización acorde con estándares internacionales en materia de reparación de daños, por la violación de derechos vulnerados y que fueron acreditados por la dependencia.
