Al entrar en su fase final del trienio, conocido como Año de Hidalgo, el Ayuntamiento de Ahome fue acusado de tranzar los bienes públicos a favor de amigos familiares y constructores afines al alcalde, Gerardo Vargas Landeros, simulando permutas y haciéndose de la vista gorda para truncar el trazo de la ciudad, como un negocio.

Regidores afines al presidente municipal negaron la acusación de sus pares y de profesionistas, sosteniendo que es mejor permutar hoy que mañana cuando llegue el boom de la ciudad, y los precios de urbanización eleven los costos de los terrenos en breña.

Se trata de dos casos, el primero expuesto por ediles de oposición y el segundo por arquitectos, urbanistas, ingenieros civiles y científicos integrados en el Consejo Ciudadano Multidisciplinario.

En el primer asunto, los ediles de oposición abrieron un bloque en el cabildo para oponerse a una permuta de terrenos valuados en 10 millones de pesos por el que se afectaría los espacios públicos del fraccionamiento Santa Teresa, a cuyos vecinos no se les notificó que sus áreas verdes y zonas de esparcimiento serían rasurados para cederlos a empresarios.

En el caso, el 13 de diciembre, en sesión de cabildo ocho regidores oficialistas aprobaron que el ayuntamiento permute un terreno de 6 mil 316.82 metros cuadrados identificado con la clave catastral 003-000-041-254-009-001, ubicado en el predio Santa Teresa por un terreno de 6 mil 633.84 metros cuadrados propiedad de María Teresa Pérez Fonseca que forma parte de la clave catastral Rustica-9432 con superficie de 7 mil 742.19 metros cuadrados, ubicada entre bulevar Pioneros del Valle, antes Dren Bayoneta, que presenta una afectación de por vialidad de 6 mil 633.84 metros cuadrados según el Plan Director de desarrollo Urbano de la ciudad y el deslinde oficial realizado el 20 de abril del 2022, expedido por la Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología del Ayuntamiento de Ahome.

El predio en dación está valuado en 10 millones 614 mil pesos.

La edil María de los Ángeles Heredia Núñez lanzó un basta a los atracos al erario y de entregar el patrimonio comunitario a desarrolladores inmobiliarios con influencia política por el cabildo y el Gobierno. Ella consideró que la permuta en realidad es un robo disfrazado porque el empresario no proyecta obra, sino que alude que sabe que por su propiedad pasará una calle, y que otro, un tercero, podría desarrollar el sector dándose una doble indemnización por la calle.

Julio César Valdez Miguel, acusó que atrás de la permuta se oculta un negocio para favorecer al político inmobiliario Rubén Benjamín Félix Hays, esposo de la demandante y propietario del coto Portal de Hierro y Las Haciendas, y que resulta beneficiado con la calle.

Genaro García Castro, secretario del ayuntamiento, dijo que la permuta es viable y abaratará la apertura de la vialidad, pues en el futuro tendrá mayor valor.

Los regidores oficialistas Antonio Menéndez de Llano Bermúdez defendió la donación y al igual que sus compañeros de Morena opinaron que el desarrollo de la ciudad vale la permuta.

Al final, los regidores de Morena y aliados mayoritearon a los de oposición y la permuta cuajó.

Un caso extremo

El Consejo Ciudadano Multidisciplinario (CCM) denunció que desde el ayuntamiento de Ahome se fomenta la anarquía urbana al aprobar fraccionamientos que carecen de autorizaciones y en los cuales desaparecen las zonas de donación y áreas verdes fomentando la desintegración del tejido social.

Luis Alfonso Cota Sánchez en representación de arquitectos e ingenieros y de los líderes sociales, Francisco Villegas Elizalde, Guillermo Padilla Montiel, Víctor Salazar, José Luis Leyva Iriarte y del científico especialista en ciencias de la tierra, Ciro de la Concepción Hernández Díaz, denunció que tras una investigación en el lugar y documental de planos, proyectos y autorizaciones encontraron que el cabildo aprobó al vapor el fraccionamiento “Banyana” que se pretende construir al norponiente de Los Mochis, sin tener todas las exigencias de la ley y ante un probable abuso de autoridad y tráfico de influencias.

El proyecto del fraccionamiento “Banyama es una ofensa grave para el sano desarrollo urbano de la mancha urbana, en el sector norponiente de la ciudad de Los Mochis.

Este se pretende levantar en 20 hectáreas para reunir a 4 mil habitantes en un polígono que inicia en Marina Nacional y Tabasco.

El análisis revela que el citado fraccionamiento mantiene problemas urbanos como un inexistente proyecto sostenible, pues contraviene el diseño vial del sector, el diseño manzanero es lesivo, hay despojo de áreas de donación legal, la movilidad vehicular y peatonal se perturba; la inversión del crédito Infonavit o Fovissste del derechohabiente no satisface los lineamientos técnicos y urbanos que requieren las normas, visualizándose inseguridad social en la periferia inmediata al proyecto, ambientales pues se prevé que en la periferia del predio habrá insalubridad.

El proyecto habitacional carece de oportunidades de desarrollo a corto plazo y fomenta el aislamiento social, carece de accesibilidad normativa a equipamientos urbanos públicos.

Cota Sánchez aseguró que en el análisis riguroso del proyecto, su normatividad y autorización encontraron que no existe el área reglamentaria de áreas de donación, solo otorga a modo de limosna unas áreas para jardines interiores con una superficie aproximada y a lo sumo de 1.50 hectáreas, el resto no la aplican, y equivale a 1.60 hectáreas, que son suficientes para instalar un mercado de barrio, una guardería, un jardín de niños, una escuela primaria y un módulo de seguridad pública. En pocas palabras, a los habitantes los están despojando del área pública”, dijo.

Artículo publicado el 31 de diciembre de 2023 en la edición 1092 del semanario Ríodoce.