Jueces federales desechan todos los permisos a GPO por planta de amoniaco; INPI, SEGOB, SEMARNAT incumplen acuerdos previos

La Suprema Corte de Justicia continúa resolviendo los juicios de amparo a favor de las comunidades indígenas y anulando todos los permisos federales que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente -GPO- obtuvo para la instalación de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira-Santa María-Topolobampo; sin embargo, la ejecución de la sentencia ha sido entrampada por las secretarías de Gobernación, Semarnat e INPI, por lo que la solución del caso enfrenta una demora.

Tras ser plantados por los funcionarios federales, Felipe Montaño Valenzuela, el cobanaro que detuvo el avance de la empresa de clase mundial Proman y su filial mexicana GPO, aseguró que no hay prisa porque se cumpla la sentencia que obliga la consulta indígena bajo modelo de usos y costumbres, sin intromisión de terceros.

“Las instituciones obligadas de ejecutar la sentencia son ellos, y nosotros somos los sujetos protegidos por la Suprema Corte de Justicia. Si ellos no quieren cumplir y hacer cumplir las leyes, faltaron a su responsabilidad, si ellos quieren sesgar la resolución estarán cometiendo faltas y delitos, y allí estaremos nosotros para hacerlo ver al juez que resolvió la causa. La sentencia de los jueces de distrito se tendrán que ejecutar, les guste o no”.

El amparo en revisión resuelto y último de la serie de tres que fueron presentados por los primeros afectados por la industria petroquímica fue el 83/2022 a favor de la comunidad indígena de Paredones, en el que el juez de distrito reiteró, como lo hicieron sus homólogos en los casos de Lázaro Cárdenas y Ohuira, la destrucción de manera absoluta, completa e incondicional del oficio SGPA/DGIRA7DG/03576 del 21 de abril del 2014 por el que se autorizó de manera condicionada el proyecto denominado “Planta de Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo” así como el oficio SGPA/DGIRA/DG/07341 del 28 de septiembre del 2018 con el que se prolonga el plazo de construcción.

La destrucción de los permisos a GPO también fue acordada por la misma Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que emitió el oficio SGPA/DGIRA/DG-03098 del 18 de mayo del 2022 desechando todo lo actuado en el proyecto de la planta de amoniaco, por lo que esta no cuenta con ningún permiso vigente para su construcción.

Sin embargo, aún quedan por resolverse dos juicios de amparo más, uno interpuesto por restauranteros y otro por pescadores de Topolobampo que exigen trabajar en un ambiente limpio, sin riesgo de contaminantes que alteren la salud.

Claudia Quintero Sandoval, alférez de la etnia yoreme del centro ceremonial de la Virgen del Carmen en Ohuira afirmó que aunque los amparos ya están resueltos, las notificaciones de las sentencias no se han realizado a los interesados, a excepción de los de Lázaro Cárdenas, que ha quedado firme e inatacable, por lo que no se tiene por dadas. Sin embargo, en prueba de buena fe, las comunidades asambleas aceptaron realizar primero, la etapa informativa y después la deliberativa, pero los encargados por las dependencias pretenden hacerla a su modo, con su injerencia y definiciones que ellos ya traen, lo que es una violación.

Tan pretenden manipular la sentencia y entrometerse en las decisiones que les corresponden a los yoremes, que ellos han acusado falta de empatía y cordialidad con los funcionarios en los encuentros previos, lo que es una percepción unilateral porque quieren enredar con lenguaje algo que las asambleas quieren hablar claramente.

El último ardid “engaña bobos”, fue lanzado el lunes 8 de agosto cuando unilateralmente, Benito Mirón López, Director General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, canceló la reunión previa acordada el 3 de agosto y en la que se definirían las fechas para la asamblea informativa y deliberativa con la que debió haber concluido la sentencia del amparo en revisión 498/2022, de la comunidad de Lázaro Cárdenas.

“Simplemente, él argumentó que no se habían puesto de acuerdo para el viaje desde la ciudad de México. La cancelación la comunicó pasada la hora acordada y cuando los representantes yoremes ya estaban reunidos en la espera de ellos. Eso fue una irresponsabilidad de su parte, que nosotros consideramos como falta grave al respeto de todas las personas, y como una trampa para tramar otras cosas, como la de excluirnos de la consulta. Esperaremos lo prudente para hacerlo saber al juez de la causa. No vamos a caer en su juego perverso, y es definitivo”, aseguró Felipe Valenzuela Montaño.

De acuerdo con la minuta de la asamblea de acuerdos previos del 3 de agosto, Daniel Quezada Daniel, titular de UCPAST en representación de la Secretaría del Medio Ambiente y recursos Naturales –Semarnat- como autoridad responsable e, Iván Ramos Méndez, director de Participación y Consulta Indígena, por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas -INPI-, como órgano técnico, aceptaron estar en la reunión del 8 de agosto, pero nunca llegaron.

En tanto que Montaño Valenzuela, Quintero Sandoval, Tiburcio Ahumada, Melina Sandoval e Irene Díaz López, por Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones, respectivamente, estuvieron puntuales a la cita de la semana anterior e incluso llegaban a la reunión habiendo realizado las asambleas en sus comunidades en las que se fijaron las fechas para las asambleas informativas y deliberativas.

El colectivo ¡Aquí No!, por su lado, mantiene su lucha en contra de la instalación de la panta de amoniaco en Topolobampo y comenzó a recopilar firmas para su causa.

La industria GPO a través de su oficina de prensa anunció que han recepcionado currículum de aspirantes a trabajadores´, pero no ha comunicado si cuentan o no con los permisos de construcción.

Artículo publicado el 14 de agosto de 2022 en la edición 1020 del semanario Ríodoce.