En nueve días, Karen, una bebé de 8 meses de nacida, murió por un cuadro gripal mal atendido. Hija de un matrimonio de jornaleros guerrerenses, pudo haberse salvado de haberle suministrado los medicamentos recetados y guardado reposo, pero sus padres no siguieron las instrucciones y peor aún la llevaron a los campos hortícolas. Cuando la bebé colapsó y se dio la emergencia, los médicos también descubrieron que la medicina estaba intacta, pues una semana antes de ese 18 de enero, ya había sido diagnosticada y el dictamen fue que no llevaba nada grave.

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Pese al reporte clínico, la neonato murió por complicaciones de neumonía en la cuartería El Espanto, ubicada en la calle Francisco Villa en la colonia Ampliación Francisco Villa, en Adolfo Ruiz Cortines, Guasave.

De inmediato, los funcionarios de Salud comenzaron a librarse de la sospecha y a repartir culpas.

La directora general de Salud de Guasave, Andrea Leticia Espinoza Camacho, pidió públicamente a padres de familia jornaleros agrícolas, a los encargados de las cuarterías que estos habitan y a los transportistas que los trasladan al campo, no abordarlos cuando exista sospecha de que los niños pueden estar enfermos y que no reciben tratamiento, ni cuidados elementales.

“El llamado que hacemos es a que tomen conciencia, de que si nosotros vamos y revisamos a un niño o a una embarazada, se queden en sus domicilios, en la cuartería donde se encuentran, hasta que terminen el tratamiento y se mejoren, para no arriesgarlos”, dijo.

Y tras la muerte que descobijó, una vez más, el drama cotidiano de los jornaleros, una pléyade de burócratas se convirtió en marabunta de funcionarios estatales que cargaron con parafernalia individual y comenzó el rastrillo de la miseria. Click, click sonaban las cortinillas de las Canon y las Nikon, celulares, desplegaron grabadoras que se convirtieron en cámaras de video. Todos captando las poses del variopinto ejército que había despachado el gobernador, Rubén Rocha Moya.

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Allí estaban el secretario de Salud, Cuitláhuac González; la secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral; la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez; la secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa; el secretario de Agricultura y Ganadería, José Jaime Montes; el subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, Leoncio García; así como la fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, y funcionarios del Sistema DIF Sinaloa, mientras que la Secretaría General de Gobierno participó con personal del Instituto Estatal de Protección Civil y de la Dirección del Trabajo y Previsión Social, y también asistió personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa (COEPRISS), siendo acompañados por el presidente municipal de Guasave, Martín Ahumada y funcionarios municipales diversos.

Todos ensayaron sus rostros de preocupación, pero se entretenían con sus celulares, y tras recorrer 174 cuarterías se encerraron en un cuarto que utilizaron como sala de parloteo.

En esa ocasión, la avalancha de la burocracia atendió a 200 niños y de estos, dos fueron remitidos a hospitales: uno por cuadro de neumonía y otro por quemadura por pirotecnia. Y aunque en esos lugares, las cuarterías se convierten en congeladores durante el invierno y en hornos en el verano por ser de lámina galvanizada reciclada, cartón y hule negro, en donde una cubeta con una tabla encima es la mesa, la marabunta llegó con las manos vacías. Y para salir al paso ofrecieron que después llevarían cobijas, chamarras y despensas e instalarían un comedor para dar hasta 1 mil 200 comidas calientes diarias, y otras propuestas.

Las brigadas, se fueron como llegaron, en estampida.

Y tras dispersarse la polvareda, los jornaleros que habían llegado desde Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Jalisco o Zacatecas, cerraron sus cuartos de no más de 3 por 3 metros. Adentro quedaron ocultos a la vista cuatro adultos y tres niños, siete personas por habitación.

Felipe, es uno de ellos, y es de los pocos hombres que se quedan afuera de su cuarto. Viste un pantalón deportivo parchado y una sudadera con pequeños agujeros. Calza tenis, y aunque sostiene una conversación, nada revela de la situación por la que atraviesa año con año. Es parco, hermético.

Inesperadamente gira sobre sus pies y se introduce a su choza. Ya no abrirá la puerta sino hasta las 04:00 horas del día siguiente, cuando salga a la plazuela con su familia a esperar al camionero que los llevará a uno de los muchos campos de hortalizas y legumbres, y que a diario o cada dos días, cambia de empleador.

Según el Gobierno, las brigadas de la Dirección General de Salud y Bienestar Social, en tres semanas de trabajo en las cuarterías de Ruiz Cortines se han atendido por enfermedades respiratorias a 331 personas, de las cuales 284 son menores de edad y 47 adultos.

Y en la semana de la desgracia, del 3 al 18 de enero, las brigadas médicas del Ayuntamiento han brindado 190 consultas y tratamientos por infecciones respiratorias agudas, 16 por embarazo y se han realizado 91 valoraciones médicas. Hasta hoy han trasladado al Hospital General a nueve niños.

En la jornada han recorrido 181 cuarterías, pero solo han logrado dar atención en 115 vecindarios de jornaleros, en un barrido de casa por casa en la zona de Valle Campestre, la Ampliación de Ruiz Cortines, Ruiz Cortines 2 y el casco urbano de la sindicatura de Ruiz Cortines, donde siguen trabajando.

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Del total de cuarterías detectadas, en cinco les negaron el ingreso a la brigada, 13 encontraron cerradas y en 49 de estas les argumentaron que los trabajadores estaban en el campo.

Andrea Leticia Espinoza, directora general de Salud de Guasave, por separado, informó que han internado en el Hospital General a cinco menores de las cuarterías de Ruiz Cortines, uno de ellos ingresó esta mañana de una cuartería donde les habían negado acceso. Entre estos está Becky N. de un año, hermana de Karen N, la bebé de 8 meses, quien falleció. Está internada por una infección respiratoria aguda pero está estable, con buen pronóstico de recuperación.

También está en recuperación, pero no exenta de complicaciones Mariela N., de 2 años, con probable intoxicación por insecticida; un bebé de dos meses por una laringotraqueitis, y un neonato de un mes y cuatro días de nacido con neumonía, ambas con buen pronóstico.

También fue ingresado Roberto, de 3 años, originario de Chihuahua, quien presenta dificultad para respirar, con una evolución de cuatro días, así como Jesús Emanuel, de un año y dos meses, por un cuadro gastrointestinal, pero fue dado de alta en la tarde.

El alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero, negó que el gobierno fuese negligente con los jornaleros migrantes, pues se brinda la atención necesaria, y se proyecta la apertura de una guardería con atención integral en alimentación, salud, educación, cultura y deporte.

“Reconocemos que todos tenemos algo de responsabilidad y todos tenemos algo que hacer, le agradezco al Secretario y al Alcalde la disposición para tratar de erradicar esas situaciones que se están viviendo, como productores estamos dispuestos para participar y a hacer un máximo esfuerzo, no es fácil, es muy complicado, pero vamos iniciando con una iniciativa que trae el Dr. Martín Ahumada, la cual traerá efectos positivos y todo será en beneficio de los jornaleros agrícolas, lo primero es atender a los niños, trae un plan al que nos sumamos para seguir avanzando, es una labor interesante”, dijo Vega Román.

No obstante, se deslindó de los enganchadores, pues los agricultores son ajenos a las ofertas laborales, y son quienes propician las emergencias.

Juan Francisco López Orduño, delegado del Trabajo y Previsión Social, reconoció que ha sido insuficiente el despliegue del Gobierno para resolver los problemas de los jornaleros migrantes en los campos hortícolas de Sinaloa, porque coinciden políticas públicas en contrario.

Citó como ejemplo la atención médica obligatoria a esas personas, que por un lado el Seguro Social exige documentos para su inscripción, acta de nacimiento, CURP, constancia fiscal del SAT, credenciales y por otro, el trabajador migrante no los porta consigo nunca o estos son inexistentes, quedando en medio el patrón que cae en omisión. “¿Qué opción hay entonces? Regresar a las órdenes de trabajo, que eran documentos que el IMSS reconocía como válido y daba la atención médica. ¿Qué hay que hacer? Que los diputados modifiquen el marco regulatorio de la institución”, dijo.

Otro caso, sostuvo, son las relaciones patronales, pues los jornaleros nunca saben quién los contrató, pues un día están en un campo de tomatillo, al siguiente, en uno de tomate, luego en uno de calabaza, uno más de berenjena, se trata de relaciones temporales, en las cuales el transportista o enganchador se convierte en patrón solidario, sin ser el verdadero.

En las cuarterías, la relación es entre el propietario y quien la renta, es una relación entre particulares que aceptan la circunstancia, y en ese acuerdo, sostiene, nadie puede intervenir, con base en la legislación actual.

Tras los hechos del 2023, sostuvo, los enganchadores redujeron su operación y los trabajadores aprendieron que no pueden ser trasladados de un estado a otro sin su consentimiento, lo que finalmente reduce lo que la población ha podido considerar como trata de personas.

En Ahome, la atención a jornaleros migrante se desplegó desde noviembre del 2023 y hasta el 25 de enero del 2024 se tenían a 10 niños hospitalizados y se habían ofrecido 166 consultas en chequeos semanales en cuarterías y albergues temporales ubicados en el estero de Juan José Ríos, Campo 35, La Arrocera y El Carrizo, sin tener un solo fallecimiento, informó Luis Pablo Urcisichi Osuna, director de Salud.

Dijo que los padecimientos frecuentes son respiratorios, intestinales y dermatológicos.

Aseguró que el tener baja frecuencia de enfermos es producto de acciones enérgicas de las brigadas que se han impuesto a la negativa familiar de recurrir a la atención institucional. “Sucede con frecuencia que las familias de los jornaleros migrantes no detectan en sus bebés o menores de edad los signos de alarma porque no acuden a los médicos, pese a que la consulta y los medicamentos son gratuitos, y hay casos extremos en que se niegan a soltar a los bebés en casos de urgencia”.

Artículo publicado el 28 de enero de 2024 en la edición 1096 del semanario Ríodoce.