Artículo 19 acusa persecución irracional de FGR a científicos

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La organización Artículo 19, acusó que se trata de una “persecución irracional” el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) por buscar las órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y académicos, a los que acusa de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

“Contraviene la libertad de investigación y estándares internacionales de derechos humanos”, señaló la organización en un posicionamiento respaldado por nueve otras agrupaciones y defensores de los derechos humanos en el país.

“Dados los antecedentes del caso y el contexto, la acción insistente de la FGR contra personas de la academia puede configurar un preocupante episodio del uso faccioso del aparato de procuración de justicia, para inhibir la libertad académica y de pensamiento como parte integrante del derecho a la libre expresión”, indicó Artículo 19.

La denuncia ante el Ministerio Público se hizo por las “posibles irregularidades” en asignaciones directas millonarias a favor de la asociación civil privada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT A.C.) desde fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Sin embargo, un Juez federal del Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó definitivamente a la FGR emitir las órdenes de aprehensión. La Fiscalía ya anunció que volverá a solicitar la orden de aprehensión, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.

“Si bien, no podemos pasar por alto que, desde marzo de 2020, se publicaron investigaciones periodísticas que señalan posibles usos irregulares de recursos, la materia de dichas investigaciones no forman parte de las insistentes judicializaciones recientes por parte de FGR”, expresó Artículo 19.

“Un posible uso irregular de recursos debe ser aclarado por las vías legales correspondientes, garantizando el debido proceso y utilizando de manera adecuada, racional y proporcionada el derecho penal y los instrumentos legales para la rendición de cuentas, siempre y cuando la autoridad encuentre sustento suficientes y contundente en el marco de una investigación imparcial, objetiva e independiente”, manifestó.

Al día de hoy, señala “los delitos que se imputan a las 31 personas científicas y académicas son completamente desproporcionados y perfilan un efecto amedrentador por razones políticas”, como lo son: delincuencia organizada, usurpación de funciones, uso de recursos de procedencia ilícita y peculado. “Como se dijo, se persigue la existencia del Foro y la transferencia de recursos a dicha Asociación Civil”, completó.

Menciona que resulta preocupante el uso y abuso del subsistema en materia de delincuencia organizada, perfilando la criminalización de las personas académicas bajo herramientas tan laxas y violatorias de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa o el poder mantener a las personas detenidas lejos de su domicilio.

“Más preocupante aún es la pretensión de sujetar a las científicas y científicos a prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Esto es un uso irracional del derecho penal, contrario a los principios democráticos”, alertó Artículo 19.

Además, recordó que esta situación se da en un contexto en el que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, “de quien se ha documentado podría utilizar su cargo para venganzas personales, fue aprobado por el Conacyt para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por una comisión a modo en 2021″.

“La persecución de 31 académicos/as muestra dónde están las prioridades del Fiscal General de la República en el país, mientras que continuamos viviendo una grave violencia causada también por la impunidad”, destacaron.
Para la organización, “hay un vínculo directo entre la libertad de realizar investigación científica, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a gozar de la aplicación y beneficios generados por dicha información”. “Los efectos inhibitorios y ampliados causados por la persecución penal termina por impactar también en el ejercicio de estos derechos”, insistieron.

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