Un abuso al banquillo en Los Mochis

Los Mochis. Autoridades a juicio.
Los Mochis. Autoridades a juicio.

Los Mochis, Sinaloa.- Por el delito de homicidio calificado, dos militares y un agente del Ministerio Público Federal son procesados en un tribunal federal, con sede en esta entidad.
Este es el primer caso en el norte de la entidad en que militares son juzgados por un tribunal civil, desde la modificación al Código de Justicia Militar, en el 2011.
De acuerdo con los informes obtenidos en diferentes dependencias, los ahora procesados por el asesinato de un civil a sangre fría son el agente del Ministerio Público Federal, Alfredo Cruz, el teniente, Jesús Bravo Delgado y el soldado Mario Salazar Chagala.
El primero procedía de Tabasco y estaba asignado a la Base de Operaciones Mixtas y Urbanas (BOMU) que operaba en esta ciudad.
En tanto que los militares estaban asignados al 89 Batallón de Infantería, en San Miguel Zapotitlán.
Los tres quedaron a disposición del juez Sexto de Distrito, Fernando Alcázar Martínez.
El ahora ex agente del Ministerio Público Federal fue privado de la libertad e internado en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) en el ejido Felipe Ángeles, mientras que los militares quedaron encerrados en los calabozos de la Tercera Región Militar, en Mazatlán.
Los dos militares y el civil fueron apresados por agentes de la Policía Federal Ministerial, que cumplimentaron las órdenes de captura ordenadas por el juez de distrito, dentro del expediente 32/14.
Los militares habrían matado al civil Álvaro Alberto Rosas Cano, de 30 años, quien vivía en el ejido Juan José Ríos, al sur de esta ciudad, el 21 de diciembre del 2013, al filo de las 2:20 horas.
Al parecer, el hoy occiso llegó al motel Orinoco, ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos y Clemente Valenzuela, en la colonia Miguel Hidalgo, al norte de la ciudad, a bordo de auto Nissan, color blanco, con engomado AHO-02241 de Ahome.
Rentó una habitación. Le asignaron la número 18.
En la alcoba paso algunas horas, hasta que los soldados llegaron.
Estos, de acuerdo con la historia contada por policías, recibieron un aviso anónimo de que en esa habitación se realizaban compras de drogas, y además había personas armadas.
Las fuerzas del orden rodearon la habitación, pero el morador los recibió a balazos.
Los agredidos respondieron con más fuego, y lograron matar al que entonces era un desconocido.
Las fuerzas conjuntas de seguridad revisaron la habitación y el coche. En ellos encontraron, 121 dosis de cristal, dos dosis de cocaína y algunas porciones de mariguana. También encontraron dos rifles calibre .223 milímetros. Uno tipo fusil AR-15 y otro Mini-14, además de una pistola calibre .45 y varios casquillos.
Según el informe, los militares reportaron el caso a sus superiores y más tarde arribó al sitio un agente del Ministerio Público Federal, que se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y del resto de las diligencias.
En ellas se recogió el video de seguridad del motel. Ahí, la historia real de los hechos fue grabada.
Y el video fue la base para la consignación de los militares y del agente del Ministerio Público Federal, dos meses después de ocurridos los hechos, pues se supone que echó por tierra la versión oficial y demuestra que en realidad ellos asesinaron al joven.
La forma en que se desarrollaron los acontecimientos no ha sido contada aún, pues el proceso penal federal apenas comienza. En las próximas horas se definirá la situación jurídica de los implicados en el crimen del supuesto puchador.
Según la información, falta por detener a dos agentes de la Policía Ministerial del Estado, quienes habrían sido consignados por el delito de homicidio calificado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, debido a que estos son agentes de seguridad estatal.
El asesinato a sangre fría del presunto vendedor de drogas ocurrió en los tiempos en que la ciudad era convulsionada por ataques armados contra la policía, y estos respondían el fuego con más fuego.
En esas fechas, las acusaciones de desapariciones forzadas por policías menudearon, pero nunca se esclarecieron. La Procuraduría General de Justicia del Estado no consignó un caso a juez penal local y las imputaciones de ajustes de cuenta entre policías y puchadores, aumentaron.
Los primeros
El teniente Jesús Bravo Delgado y el soldado Mario Salazar Chagala serían los primeros militares procesados en tribunales civiles por delitos cometidos en servicio, desde que se restringió el fuero militar, en el 2011, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La medida de la SCJN es una ratificación de la sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Rosendo Radilla, un mexicano que en 1974 fue víctima de desaparición forzada a manos de soldados.
Esa sentencia establece criterios generales de cómo deben actuar los jueces y en general las autoridades del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

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