No debe sorprender la situación de quebranto en que los nuevos gobernantes han encontrado las finanzas de sus municipios. Los periódicos informes financieros ya anticipaban esa realidad. En algunos casos las advertencias venían de varias administraciones atrás, como los casos de El Fuerte y Guasave por ejemplo.
Entre las principales causas de la crisis se nota una recurrente irresponsabilidad financiera en la que sobresalen los sobregiros. Éstos reflejan el exceso del gasto sobre los ingresos obtenidos en cada municipio que involucra principalmente a los proveedores. La Auditoría Superior del Estado (ASE) le ha asignado la denominación de “pasivos sin fuente de pago”, un término no contemplado en la legislación sinaloense. En realidad se trata de deuda pública pero de la que no pasa por la aduana constitucional que es el Congreso del Estado, por lo que su práctica es una verdadera ilegalidad. Es deuda pública de corto plazo.
Hasta ahora no se ha podido controlar este problema. En los últimos dos años la ASE ha iniciado esfuerzos para enfrentarlo, mediante llamados a los gobernantes, pero éstos afanes han chocado con el temor a violar la institución de la autonomía municipal. El verdadero motivo de su falta de solución sigue siendo fundamentalmente político, es decir, no hay voluntad política. Anteriormente se “resolvía” mediante acuerdos propiciados por la continuidad del mismo partido político en el gobierno. Al parecer en los gobiernos de las alternancias sui géneris de Sinaloa también esa voluntad brillará por su ausencia.
La Constitución federal, en su artículo 115, les confiere a los ayuntamientos la atribución de aprobar sus presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles. Una interpretación estricta de esta disposición sería que los ayuntamientos no pueden realizar un gasto público superior a sus recursos disponibles, sobre todo en su último año de ejercicio porque implica trascender el período para el que fueron electos por lo que terminan por heredarse a la siguiente administración. Insistimos: se trata de deuda pública pero irregular debido a que no cumple con lo establecido en el artículo 84 de la Constitución de Sinaloa.
Al representar una violación a dicha ley fundamental, no obstante el enorme rezago que registra la legislación estatal, se pueden activar dos mecanismos de control político que, además, guardan una estrecha vinculación. Ambos están en manos del poder legislativo local. Uno de ellos es el de las cuentas públicas y el otro es el del juicio político. Si al revisar la cuenta pública de un municipio se detectare un sobregiro procedería la no aprobación de dicha cuenta y enseguida dar lugar al inicio del procedimiento de juicio político de conformidad con el artículo 132 de la Constitución sinaloense.
Pero como acabamos de decir, la clave está en una voluntad que hasta ahora no existe en la clase política gobernante del estado empezando por lo más alto de la pirámide del poder estatal, como lo revela el llamado del gobernador al presidente municipal de Guasave para que “dejar atrás lo hecho por la anterior administración”, a lo que contestó que “ni él ni sus funcionarios tienen atribuciones para realizar investigaciones” lo cual desnuda a los contralores y síndicos procuradores municipales como lo que siempre han sido: unos auténticos elefantes blancos que sólo esquilman el erario. De esta manera, la consigna de borrón y cuenta nueva y un marco jurídico atrasado forman un nudo gordiano prácticamente imposible de desatar blindando las nocivas prácticas de la irresponsabilidad financiera, la ilegalidad y la corrupción.
No hay de otra: sin un nuevo diseño institucional del sistema político y de rendición de cuentas de Sinaloa, la depredación de los recursos públicos y las trasgresiones a las leyes de parte de gobernantes y funcionarios públicos seguirán solo como esporádicos y fugaces escándalos mediáticos.
