Un agente del Ministerio Público Federal fue vinculado a proceso por perder objetos y documentos que se habían asegurado.
El involucrado, de nombre Manuel, estaba adscrito a la delegación Sinaloa de la Procuraduría General de la República (PGR), en la sede de Culiacán desde 2008.
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El fiscal federal fue vinculado desde el año pasado, acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público, pero el proceso estaba detenido debido a que promovió amparos.
Según el Juez, incumplió con su deber de cuidado y propició la pérdida o sustracción de diversos objetos y documentos relacionados con una averiguación previa.
Los objetos son dos celdas solares, la factura de un vehículo, una tarjeta de circulación expedida por la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa y una credencial de elector.
Los objetos y documentos fueron asegurados el 8 de abril de 2008 en el estado de Durango.
La PGR se percató el 30 de abril de 2012, cuando el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la mesa única investigadora de Santiago Papasquiaro, Durango, dictó un acuerdo de exhorto.
El fiscal solicitó al delegado de la PGR en Sinaloa que girara instrucciones al agente del Ministerio Público para que le remitiera los objetos y documentos para ser agregados a una indagatoria.
El Ministerio Público responsable de resguardar los objetos y documentos no los tenía.
La fiscalía inició una averiguación previa y el 15 de agosto de 2013 obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada hasta el 16 de febrero de 2018.
El ministerio público acusado fue vinculado a proceso penal por el Juez de Control y solicitó un amparo contra la resolución del Juez.
La defensa del ministerio público alegaba en la demanda que ya no podía ser juzgado debido a que el delito había prescrito.
Según los abogados, el delito de ejercicio indebido del servicio público prescribe a los cuatro años y seis meses después de que se cometió.
Si el delito ocurrió el 8 de abril de 2008, señalan los abogados, prescribió el 8 de octubre de 2012, mucho antes de que obtuvieran la orden de aprehensión o lo pusieran a disposición del juez.
El juez desechó los argumentos y determinó que el plazo para la prescripción del delito debía empezar a computarse a partir del 30 de abril de 2012, cuando el Ministerio Público solicitó los objetos y documentos y fue cuando se percataron que no estaban.
Hasta ese momento, indica, fue cuando se tuvo conocimiento de la posible comisión de un delito de parte del servidor público.
“El 8 de abril de 2008 aún no se tenía noticia de la posible comisión de la conducta delictiva, y por ende, no era factible que el órgano persecutor emprendiera sus facultades de investigación”, estableció el Juez.
El acusado tramitó un amparo que llegó al Tribunal Colegiado en Materia Penal y la semana pasada le fue concedido para que el Juez dicte una nueva resolución.
De acuerdo con los magistrados, el Juez analizó el delito como doloso pero no explicó en que consistió el dolo, ni describió con qué medios de prueba se justifica el actuar doloso del agente del Ministerio Público.
“Es necesario que analice y revele con qué pruebas se demuestra que la actividad del activo estaba encaminada conscientemente a permitir la pérdida o sustracción de los objetos y documentos relacionados con la averiguación previa.
“Es decir, que el activo quería el resultado (la pérdida o sustracción de los documentos y objetos) y que dirigió su conducta precisamente al logro de ese objetivo, pues eso es justamente lo que caracteriza a los delitos de forzosa comisión dolosa”, señalan los documentos.
Para dictar la nueva resolución, el Juez deberá examinar si está o no demostrado que el Ministerio Público actuó de manera dolosa.
El año pasado, la PGR llevó ante el Juez a otros dos agentes del Ministerio Público de la Federación por el delito de peculado.
En octubre de 2018, Ríodoce dio a conocer que un fiscal se apropió de 86 mil dólares; y otro de 2 mil 200 dólares y 55 mil pesos mexicanos que habían decomisado.
En el primer caso el Ministerio Público que aseguró el dinero simuló haberlo depositado a la cuenta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y cuando un Juez ordenó devolver el dinero no fue localizado.
La PGR determinó que por la pérdida de los 86 mil dólares, la dependencia tuvo una afectación por un millón 760 mil pesos, equivalentes al tipo de cambio.
El otro caso fue por 2 mil 200 dólares y 55 mil pesos decomisados a un hombre detenido en 2008 y consignado ante el juez por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ministerio público supuestamente mandó a la bóveda el efectivo, pero cuando el Juez dictó auto de libertad al acusado y pidió que devolvieran el efectivo, no lo encontraron debido a que no lo habían ingresado.
La fiscalía inició una investigación y consignó ante el Juez al ministerio público responsable de resguardar el dinero.
Los representantes sociales están vinculados a proceso penal en juzgados federales en Culiacán.
Articulo publicado el 27 de enero de 2019 en la edición 835 del semanario Ríodoce.
