Función Publica: Enrique Peña resucita un muerto

Rafael Morgan Ríos. No hay credibilidad.
Rafael Morgan Ríos. No hay credibilidad.

Habla el último Secretario de la Función Pública, Rafael Morgan

 

Rafael Morgan Ríos sabía que estaba entregando un muerto. Aquellos días del final de Calderón en la presidencia, el Secretario hablaba todos los días con el equipo de transición nombrado por Enrique Peña —el Presidente electo— y que durante semanas estuvieron revisando todos los rincones de la dependencia, pero sabiendo de antemano que hablaban de cómo era el cadáver.

La recepción de toda la información, paradójicamente, estuvo a cargo de Virgilio Andrade Martínez, dos años y dos meses después nombrado sucesor de Rafael Morgan, resucitando al muerto que era la Secretaría de la Función Pública.

El martes 3 de febrero Enrique Peña le tomó protesta a Virgilio Andrade Martínez, con instrucciones precisas de investigar a quien tenía a un lado y le tomaba protesta del cargo: “que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y con un servidor.”

 

“Se los dije”

 

El sinaloense que acompañó a Felipe Calderón durante todo el sexenio recuerda a botepronto lo primero que pensó cuando supo que la Secretaría de la Función Pública de la que él había sido el último titular volvía a operar: “Se los dije… No quisieron percatarse que la SFP no era solamente anticorrupción.”

“Segundo error, el señor Virgilio Andrade era el jefe del equipo de transición para la entrega-recepción de la Secretaría. De todos los informados, ninguno quedó. Y trajeron a un señor de Hacienda que no estaba informado. No estaba en lo nuevo. Y tercer error, también teníamos todo lo de transparencia y rendición de cuentas. Teníamos todo lo de normatividad. Teníamos todo lo de vigilancia en las contrataciones. Y lo de la eficiencia en la administración pública… había una cantidad de labores que no son nada más anticorrupción, que son de administración pública.”

El peso moral de Morgan Ríos le permitía vigilar a sus pares. Recuerda que durante su gestión se sancionaron a más funcionarios por diversos grados de corrupción —casi 50 mil— que en las últimas dos décadas.

La desaparición de la Secretaría de la Función Pública fue más un capricho. Ni siquiera modificaron —en lo que va de Peña Nieto en la presidencia— las 28 leyes necesarias para reorientar sus facultades. Solo eliminaron al personal, dejaron todo en una subsecretaría sin titular.

“Creyeron que manejar el Estado de México era igual que manejar el país. Y se dieron de topes. Creyeron también que las cosas no habían cambiado”, dice Morgan Ríos, recuperando la vena de partido.

 

Quién vigila al vigilante

 

La principal crítica que recibió Peña Nieto después del nombramiento de Virgilio Andrade fue que se trataba de un subordinado investigando a su jefe, pero para el excontralor presidencial eso resulta lo menos grave. El problema sería en todo caso hasta dónde alcanzan las facultades de la Secretaría de la Función Pública, y segundo, por qué no optó desde el año pasado por un ente independiente del Ejecutivo, y que ya estaba ahí: La Auditoría Superior de la Federación.

“Por qué el Presidente no dijo: Auditor Superior de la Federación, que depende del Congreso y no de mí, revisen eso. Nombró a su propio auditor para que lo revise a él. Alguien dice, ¿por qué no nombró una comisión del Congreso?, podría ser también”.

Un par de investigaciones periodísticas, por separado, revelaron dos inmuebles: uno propiedad de Angélica Rivera —la esposa del Presidente, la llamada Casa Blanca— y el otro de Enrique Peña —la casa de Ixtapan de la Sal. Al mismo tiempo, un tercer inmueble fue revelado como propiedad de Luis Videgaray, el Secretario de Hacienda, adquirido en las mismas condiciones que el de Angélica Rivera.

Todos los inmuebles fueron vendidos en condiciones crediticias por debajo del mercado, y luego las empresas que vendieron esos inmuebles obtuvieron contratos de obra pública en el gobierno del Estado de México o la federación. Esas empresas son Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, y Constructora Urbanizadora Ixtapan, de Roberto San Román Widerkehr.

Con ese contexto, Morgan Ríos admite que a él no le tocó investigar al Presidente. “Nosotros investigamos varias veces a Presidencia, no al Presidente. Generalmente el Presidente está en un nivel decisorio nada más, de dar órdenes. Se trata de revisar a los funcionarios nombrados por el Presidente.”

Pone un ejemplo: “Cuando salimos de ahí (de la SFP) dejamos un sistema completito para revisar las declaraciones patrimoniales. El sistema rechazaba declaraciones como la del Presidente Peña, que eran donaciones con cero pesos en su costo. Rechazo automático. ¿Por qué no rechazó esa declaración de Peña? Porque ya lo habían modificado. El sistema levantaba una banderita roja o amarilla en su caso cuando se detectaba una cosa rara.”

De antemano se sabe el resultado, agrega Morgan Ríos: “Sí lo puede acusar pero sin ninguna repercusión, a no ser social. No se ve que haya violado ninguna ley o su esposa. El problema es otro: es la percepción ciudadana.”

Aun así, guarda confianza: “Yo espero por lo menos que Virgilio haga un buen trabajo. No va a estar fácil. Algunas cosas se las van a ocultar y otras a ver cómo las saca. Pero creo que puede hacer un buen trabajo. Que lo dejen informar quién sabe. Si logra superar esos amiguismos, esos controles que hay, pudiera hacer un buen trabajo.”

“Pero vamos a suponer que Virgilio hiciera un gran trabajo y sacara conclusiones, algunas favorable y otras desfavorables al Presidente. No se las van a creer, porque ya entra con ese estigma de la falta de credibilidad.”

 

 

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