Pochotal, El Fuerte.- Campesinos indígenas Yoremes-mayos mantuvieron la toma pacífica de sus tierras de uso común que un yori empresarial pretende explotarlas sin su consentimiento, incluso hoy el sistema judicial de la entidad se sumó a las instituciones gubernamentales que respaldan al capitalista y actuarios pretendieron intimidar a los ejidatarios para obligarlos a aceptar una renta de 700 mil pesos depositada en un juzgado.

Antes, el mismo tribunal les había negado a los indígenas la notificación al módulo Nohme, a la Junta Local de Sanidad Vegetal de la conclusión de un contrato de usufructo que prolongó Antonio Aníbal Miranda López.

María de los Ángeles Usacamea Valenzuela, comisariada ejidal del Pochotal dijo que rechazaron el hostigamiento judicial porque no pretenden tener ningún negocio con el sujeto que durante años los estafó y hasta pretendió despojarles de las tierras de uso común.

Erasmo Vega, líder moral de los indígenas, dijo que pese a que ahora un juez se sumó a la cofradía de protectores de Mirada López, propietario de Quimia y quien cercó más de 300 hectáreas que pertenecen al ejido El Pochotal, los campesinos mantienen firme su rechazo al yori fraudeador. “Lo que quieren son las tierras y que Miranda López se vaya a sembrar a otro lado en donde haga valer su red de complicidades”.

Los campesinos mantuvieron su campamento, vigilando que los tractores de Quimia no continúe marcando surcos en tierra ajena.

Esta tarde, Mayira Gisela, delegada del Instituto Nacional Indigenista respaldó las acciones de los campesinos, y dijo que con la documentación necesaria iniciará la defensa legal del predio en discordia.