Un Juez de Control negó suspender el proceso penal seguido en contra del ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, José Luis Ulloa Miranda.
El ex funcionario pretendía obtener la suspensión sin pagar reparación del daño como ocurrió con el ex director de Control Administrativo Dionisio Sánchez Félix, a quien se la concedieron el 8 de mayo pasado.
Los ex servidores públicos estaban acusados de ejercicio indebido del servicio público por realizar licitaciones a modo para la construcción del tiburonario de Mazatlán.
La fiscalía acusa que se causó un daño de 34 millones de pesos al erario con la asignación de contratos a empresas cuyas propuestas no cumplían con las bases del concurso de licitación y debían ser desechadas.
Esta tarde en el Centro de Justicia Penal, la defensa de Ulloa Miranda solicitó al Juez la suspensión de proceso e imponer condiciones pero sin pagar reparación del daño.
Los abogados argumentaron que los 34 millones de pesos se pagaron y se hizo la obra y si ésta presentó fallas, las empresas son las que debieron hacerse responsables.
La Fiscalía, indicaron, no tiene una base objetiva para calcular el daño causado al erario.
Solicitaron al Juez suspender el proceso y que como condiciones impusiera vivir en determinado lugar durante seis meses y otra medida que el Juez considerara pertinente.
La Fiscalía y el Gobierno del Estado, en su calidad de afectado, se opusieron a la suspensión sin reparación del daño.
Los fiscales aseguraron que sí hay una base para calcular el daño causado y esto será demostrado en el juicio para el cual ya tiene pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de Jose Luis.
Una de la Fiscales dijo al Juez que conceder la suspensión sin reparación del daño enviaría un mensaje negativo al demostrar que los actos de corrupción en Sinaloa no son sancionados por las autoridades jurisdiccionales.
El Juez determinó que era improcedente conceder la suspensión y que la oposición del Gobierno del Estado estaba fundada.
Uno de los ejes centrales de la justicia restaurativa, dijo, es la reparación del daño a la víctima y en este caso la defensa no propone ningún plan de reparación.
Además, mencionó, no hay acuerdo entre las partes, ya que mientras la defensa asegura que no hay daño al erario, la Fiscalía alega que el daño fue de 34 millones de pesos, una diferencia abismal.
Al salir de la audiencia, el defensor dijo que había justicia selectiva ya que a Dionisio Sánchez sí le concedieron la suspensión por lo que impugnará la negativa del Juez.
La Fiscalía dio a conocer que presentó un recurso de apelación contra la suspensión condicional sin reparación del daño concedida a Dionisio Sánchez Félix.
