Justicia a destiempo

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Lento el nuevo Sistema Penal Acusatorio

El Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal entró en vigor en el estado con solo una sala instalada de último momento y con los requerimientos mínimos. El Poder Judicial de la Federación apenas alcanzó a instalar una sala provisional para los juicios orales con tres jueces en Culiacán, para atender los casos de todo el estado.

Para los abogados, la concentración de todos los casos en la capital del estado dificultará la defensa de los acusados, pues quienes sean de otros municipios tendrán que ser trasladados a Culiacán, lo que implicará gastos extras para los defensores.

De acuerdo con personal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la entidad, están proyectados un Centro de Justicia Penal en Culiacán y uno en Los Mochis.

En el primero se contemplan cinco salas y ochos jueces; y en el segundo cuatro salas y seis jueces.

En el primer minuto del pasado lunes 30 de noviembre, en Sinaloa y en otros seis estados entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Según el personal consultado, el tiempo se “comió” la construcción de las salas.

El CJF tenía previsto instalar dos salas y las otras tres para antes de diciembre de 2018, pero por las prisas se habilitó solo una provisional en el Centro de Justicia Penal ubicado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en la sindicatura de Aguaruto.

El CJF asignó apenas el 2 de septiembre un contrato por adjudicación directa a Construcciones L. Muñoz SA de CV para que habilite el recinto, el cual tuvo un costo de un millón 642 mil 612 pesos.

En los próximos meses se abrirá la licitación pública para edificar las salas de audiencias definitivas, que quedarán en el mismo inmueble.

El decreto de creación del Centro de Justicia Penal publicado en noviembre pasado, establece que contará con tres jueces de distrito, los cuales tendrá competencia para actuar indistintamente como jueces de control y tribunales de enjuiciamiento y con los requerimientos mínimos de operación debido a que será provisional.

Para junio del próximo año se prevé que inicie funciones el Centro de Justicia Penal en Los Mochis, con dos salas y cinco jueces, y para diciembre de 2018 contará con cuatro salas y seis jueces.

Desde el 8 de mayo de 2013, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la construcción de 44 centros en todo el país, uno por cada estado y en algunos casos dos, y en el Distrito Federal y Baja California dos en cada uno.

Al igual que el inicio de la habilitación de la sala, el CJF abrió la convocatoria para el proceso de selección y capacitación del personal que operaría el Centro de Justicia en septiembre.

En ese proceso seleccionarían dos auxiliares de gestión judicial, dos oficiales de partes, un auxiliar de sala, un técnico de videograbación, un auxiliar de servicios generales y un notificador.

La Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal inició la selección de los aspirantes que tomarían el curso básico, cuyos resultados con los nombres de las personas electas serían publicados el 17 de noviembre.

Sin embargo el 12 de noviembre, el ICJF notificó que las plazas serían ocupadas por personal que ya labora en los Juzgados de Distrito y solo eligieron a un técnico de videograbación, debido a que en la plantilla laboral no habían una persona que cumpliera con el perfil requerido para ese puesto.

El juez administrador Guillermo Torres; y los jueces David César Aranda y José Noé Egure, fueron elegidos desde mediados de este año y el 24 de septiembre ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

 

Infraestructura básica

El Presidente del Colegio de Abogados, Clemente Vizcarra Franco, señaló que la sala habilitada opera con los requerimientos básicos.

“Se echó andar uno con infraestructura que fue acondicionada en el edifico del Poder Judicial por las razones técnicas, administrativas o las que quieras.

“De acuerdo a lo que nosotros vimos, el acondicionamiento tiene tecnología a pesar de que es algo pequeño, es algo que tiene una estructura no tan sofisticada como son los centros a nivel estatal, que a lo mejor no va generar fallas”, indicó.

Mencionó que en unos meses más podrían resultar insuficientes las dos salas que se tienen contempladas, e incluso los dos Centros de Justicia que están proyectados.

Conforme pase el tiempo, consideró, serán necesarios más Centros para evitar que las salas se saturen de audiencias y se alarguen los procesos.

 

Aumentaría costo de la defensa

Para los abogados, la concentración de casos en Culiacán implicará más gastos por el traslado que tendrán que hacer hacia la capital del estado y ellos ocasionará que aumente el costo de los servicios.

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Carlos Roberto Valle Saracho, dijo incluso que existe la posibilidad de que los detenidos prefieran a un defensor de oficio —que no les cobrará—, a uno particular.

Los litigantes, dijo, tendrán que buscar mecanismos para evitar generar más costos.

“Nos van a obligar porque igual hay abogados en Culiacán, pues vamos a tener que establecer nosotros unos mecanismos, asociarnos, tener despachos asociados los de Mochis con los de Culiacán, los de Culiacán con los de Mazatlán y trabajar de manera colegiada.

“Es como todo, también a veces alguien tiene que ser operado del corazón o necesita una especialidad y no tienen ahí, entonces tienen que trasladarse a Obregón o Guadalajara o México y la gente que necesita tiene que ir a donde le suministren el servicio”, indicó.

 

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