Ayotzinapa 2023

CIUDAD DE MÉXICO, 26JULIO2023.- Las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 ofrecieron conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para dar su posicionamiento tras la presentación, el día de ayer, del sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde expusieron que hay una cuestión sistemática en el Ejército que ha impedido obtener informes y documentos importantes para esclarecer el paradero de los estudiantes. Las y los familiares, junto con Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas, exigieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que cumpla con su promesa antes del término de su administración. Agradecieron el apoyo del GIEI y de la aportaciones que ha hecho para acercarse a la verdad. 
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Sucedió lo que siempre se rumoró, sospechó, buscó evitarse para conocer el fondo del asesinato vil de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, que nunca lo sabríamos.

Al menos así hasta ahora. No lo dice el titular de la FGR, ni tampoco la Comisión para el Acceso a la Verdad del caso de Ayotzinapa que encabeza Alejandro Encinas en la subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación que tenía como tarea principalísima tener una versión sustantiva y contraria a la llamada “Verdad Histórica” de la pasada administración federal, sino lo declaran los líderes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que durante ocho años y con todo en contra, investigaron lo sucedido en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Este grupo de investigación dio por concluido su trabajo señalando en su informe “Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes” del caso Ayotzinapa que la “secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), la secretaria de Marina (SEMAR), el Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) y las policías locales tuvieron una participación en la desaparición de los 43 normalistas” y un grupo criminal.

Y, además, Angela Buitrago y Carlos Beristaín, los investigadores líderes de GIEI, afirman que “existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos o que oculta partes significativas para no encontrar justicia… A pesar de la voluntad política inicial, agregan, cuando se llegó al núcleo duro de la verdad, de nuevo prevaleció el ocultamiento”.

El señalamiento es directo hacia a los servicios de seguridad del Estado mexicano y no deja ninguna duda y, menos la orden, de que, llegado a un punto, no se puede dar un paso más hacia adelante.

Y es que nos dicen vino la orden de que no se aporte más información y se cierren las puertas a este grupo de investigación interamericano, sin embargo, con lo que aporta dice mucho más de lo esperado en un país con una historia de solapamiento de estas tragedias colectivas en poblaciones vulnerables.

Es decir, a pesar de la “voluntad política” del gobierno de López Obrador, no se puede ir más allá y solo hay una explicación para esta conclusión. Y es que de acuerdo con su argumento las fuerzas de seguridad del Estado mexicano estuvieron y están involucrados en ese crimen horrendo que marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto y que mancha al de López Obrador, cuando los padres de los muchachos asesinados han declarado que López Obrador “les falló”.

Entonces, la llamada “Verdad Histórica” de este caso criminal que tiene preso al exprocurador Jesús Murillo Karam por ser el autor de esa verdad oficial se ve enriquecida con estos nuevos elementos que aporta ex oficio este organismo interdisciplinario, sin embargo, quedan pendientes nuevas investigaciones cuando así lo decidan las instituciones y personajes que tendrían mucho interés en que se no se conozca lo sucedido en la noche negra de Iguala.

Se suma así Ayotzinapa, a la serie de crímenes históricos donde se ven comprometidos actores institucionales y que, por razones de Estado, se ha dado la orden de no ir más allá de cierto punto en las investigaciones dejando el caso como sucedió durante décadas el asesinato de cientos de estudiantes en plaza de Las Tres Culturas de Tlatelolco y que ya sabemos lleva implícita la impunidad de quienes tomaron estas decisiones en contra de la justicia mexicana.

Así, los miembros del GIEI, dan un paso atrás, pero antes señalan que “hay más información para avanzar. Autoridades del Estado actuaron y no protegieron, además, saben y sabían lo que pasó… para sentenciar con un reclamo: “sin un compromiso decidido de la Fiscalía el caso no se resolverá”.

O dicho, de otra forma, sin la fuerza y el apoyo decidido del titular del Ejecutivo “el caso no se resolverá” y será archivado irremediablemente y con él la promesa que hizo AMLO a los padres de los muchachos de que en su gobierno se esclarecería el caso “caiga quien caiga” y la mejor prueba es que la declaratoria de los investigadores no ha merecido hasta ahora una opinión del Ejecutivo y mejor habla de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, sus enemigos de la prensa, las encuestas de intención de voto que le favorecen…

Al tiempo.

Artículo publicado el 30 de julio de 2023 en la edición 1070 del semanario Ríodoce.

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