El juez de control y enjuiciamiento, Luis Nicanor Barajas Peregrina pidió a sus homólogos federales de los Juzgados de Distrito Quinto y Séptimo suspender (sobreseer) los amparos definitivos otorgados a Héctor Alejandro Elizondo Macías, Rodolfo de la Vega Valladolid y José Arreola Macías y que evitan ser presentados al juicio de fraude genérico en agravio de la empresa Comercializadora y Procesadora de Productos y Alimentos S.A (Coppasa) de Los Mochis, por 6 millones de pesos, durante la audiencia inicial.
El tribuno emitió el acuerdo y los oficios tras asegurar que los imputados incumplieron las condiciones que ambos jueces de distrito dictaron para emitir el fallo en contra de los inculpados y que fue de presentarse para responder a la demanda de fraude genérico en tres y cinco días hábiles posteriores a la conclusión. “No lo hicieron y perdieron ese derecho, que será informado inmediatamente para que sobresea el expediente a la brevedad posible, para que sean buscados, capturados y presentadas ante este juzgado”.
El juez pidió a la Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita al Centro Integral de procuración de Justicia Zona Norte que tramite la captura de los acusados ante la Unidad Especializada en Aprehensión (Unesa), y solicitó, a petición del asesor victimal, le sea remitida por escrito la demanda de colaboración a la Procuraduría General de la República, Policía Federal, y Fuerzas Armadas, incluyendo a la Armada de México.
Barajas Peregrina consideró factible la colaboración institucional más cuando en otro caso radicado en Jalisco se utilizó a la Policía Federal para llevar a juicio a uno de los implicados.
En la audiencia, las fiscales, defensa y ofendido argumentaron que los imputados realizan maniobras legales “raras” para salirse de la norma jurídica. Sin embargo reiteraron la confianza en las instituciones locales.
El abogado Misael Vázquez Castillo pidió al gobernador, Quirino Ordaz Coppel y al fiscal general de justicia, Juan José Ríos Estavillo abstenerse de proteger a los imputados y dejar que las instancias legales diriman las diferencias entre los particulares.
