Expertos proponen Inteligencia Económica y un plan a 30 años que permita transitar hacia un modelo basado en la industrialización, generación de valor agregado y especialización productiva

Luego de que Sinaloa enfrenta una compleja situación económica derivada de la inseguridad prevaleciente, proyectar estrategias que permitan sacar al estado del bache se ha convertido en una necesidad.

Propuestas se han barajado desde que la violencia dio sus golpes a la economía local. Algunas para atender una situación a corto plazo y otras con visión a tiempo futuro. Algunas ignoradas, otras sin respuestas, y otras que solo quedarán como buenas intenciones.

De acuerdo con la última publicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, Sinaloa cerró el cuarto trimestre de 2025 con la pérdida de 14 mil 306 empleos en relación con el cuarto trimestre de 2024. Con la mayor reducción en el sector de la construcción.

“No podemos esperar a que el problema concluya para empezar a planear”, expuso el contador Gilberto Soto Beltrán, quien subrayó que, sin la voluntad y participación del Estado, cualquier acción difícilmente podrá concretarse.

Bajo esa premisa, planteó la creación de una Unidad Estatal de Inteligencia Económica en Sinaloa. Su objetivo sería fortalecer la seguridad del sector comercial, combatir la extorsión y prevenir el lavado de dinero.

Soto Beltrán señaló que el empresariado no puede enfrentar por sí solo problemáticas como el cobro de piso o la competencia desleal derivada de recursos ilícitos, ya que quien tiene la facultad jurídica para emitir decretos y leyes de promoción es el Estado.

Explicó que la Unidad de Inteligencia Económica estaría enfocada en brindar seguridad y tranquilidad tanto al sector comercial como a los consumidores, especialmente en plazas comerciales y espacios públicos donde se desarrolla actividad económica. Su función no solo sería preventiva, sino también de detección de redes de lavado de dinero y de protección a comerciantes frente a la extorsión y el cobro de piso.

Advirtió que cuando una empresa que lava dinero compite en el mercado puede ofrecer precios más bajos, ya que su interés principal no es la rentabilidad comercial, sino introducir recursos ilícitos al sistema financiero. Esto genera competencia desleal y afecta directamente a los negocios formales.

Sobre el lavado de dinero, el economista Irvin Mikhail Soto Zazueta explicó que, más allá de su vínculo con el financiamiento de grupos criminales, impacta la recaudación del gobierno, ya que son recursos que dejan de captarse y que podrían destinarse a obras y servicios públicos. Esto provoca que la carga fiscal recaiga en una base pequeña de trabajadores y empresarios que sí cumplen con sus obligaciones.

Añadió que también es indispensable fortalecer el combate a la corrupción, pues representa una carga económica significativa para las empresas. Prácticas como el pago de sobornos para agilizar trámites, permisos o concesiones se han convertido en un “impuesto” adicional que no ingresa a la administración pública, sino que es capitalizado por funcionarios. Señaló que se estima que alrededor del 30 por ciento de los gastos de las empresas se destina a este tipo de prácticas.

En materia de contratación pública, Soto Beltrán propuso un blindaje que incluya auditorías independientes elaboradas por ciudadanos, para dar mayor transparencia a las licitaciones estatales y municipales. La intención es evitar la participación de empresas fachada o “factureras” que simulan competir en concursos para cumplir requisitos legales y favorecer adjudicaciones previamente definidas.

Detalló que la verificación de empresas debería realizarse en dos etapas: una documental y otra ocular, mediante visitas físicas para constatar que cuentan con activos, personal y capacidad técnica real para prestar servicios o ejecutar obras. Recordó que la obra pública ha estado “en el ojo del huracán” por señalamientos de favoritismos, “amigazgos” y contratistas preferidos.

Otra propuesta es el registro obligatorio de beneficiarios controladores en las empresas que busquen contratar con el Estado, con el fin de identificar quién obtiene realmente los beneficios económico y es realmente  el “beneficiario” detrás de cada empresa, evitando el uso de prestanombres.

El economista Luis Armando Becerra López sostuvo que la entidad requiere un plan de desarrollo económico de largo plazo, con una visión mínima de 30 años, que permita transitar hacia un modelo basado en la industrialización, la generación de valor agregado y la especialización productiva.

Señaló que uno de los principales problemas del estado es la falta de una planeación estratégica sostenida, ya que actualmente el desarrollo se rige por planes sexenales que resultan insuficientes. Propuso construir una estrategia equivalente a al menos cinco sexenios, que defina con claridad el rumbo que se quiere dar a Sinaloa.

El economista criticó que la entidad continúa concentrada en el eslabón primario de la economía, exportando materias primas sin transformación, lo que limita su capacidad de generar mayor riqueza. Por ello, consideró necesario industrializar la producción agrícola y pesquera mediante la creación de agroindustrias, el desarrollo de invernaderos de alto nivel tecnológico y la transformación de los productos que se obtienen de la tierra y el mar.

Como parte de esta visión, propuso una especialización económica por regiones: la zona sur enfocada en el desarrollo turístico; la zona centro, en el agroindustrial; y la zona norte, en el desarrollo de bioenergía.

Becerra López también destacó el potencial en el aprovechamiento de residuos agrícolas, urbanos y de aguas residuales, que actualmente no se utilizan de manera productiva. Señaló que en Sinaloa se generan más de un millón de toneladas de residuos de maíz que podrían destinarse a la producción de bioenergía, pero que en su mayoría se desperdician.

Artículo publicado el 08 de marzo de 2026 en la edición 1206 del semanario Ríodoce.