Ambientalistas se reunieron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para denunciar y rechazar la construcción de megaproyectos petroquímicos que afectarían a la bahía de Ohuira, perteneciente al municipio de Topolobampo.

El Frente Sinaloense por la Vida, la Salud, el Medio Ambiente y el Territorio se formó con la unión de diversos colectivos ambientalistas que enfrentan sus luchas en distintos municipios de Sinaloa, en materia de violaciones a los derechos humanos y agresiones al medio ambiente. Mexinol, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), Terminal de Almacenamiento (Pemex), Productos Pesqueros de Topolobampo, Terminal de Refinados (SEMPRA) y Terminal GNL Vista Pacífico constituyen un corredor de industrias petroquímicas situadas a lo largo del contorno de la bahía.

En conjunto, las emisiones representan un grave riesgo para la salud, la vida, las aguas y la pesca artesanal, y a pesar de las afirmaciones de las autoridades, no son sustentables ni amigables con el medio ambiente, siendo una fuente de contaminación.

“Permitir y autorizar estos proyectos petroquímicos significan una violación al derecho a la vida y a un ambiente sano por el riesgo grave por contaminación química, destrucción de manglares y pérdida de biodiversidad”, señalaron.

Dichos proyectos implican el manejo de sustancias altamente tóxicas, como amoniaco, metanol y gas metano, con riesgos de derrames y explosiones.

En caso de suscitarse un accidente, el colectivo prevé una afectación de 15 kilómetros a la redonda, provocando muertes inmediatas.

Ya se ha documentado añadieron la destrucción y relleno de manglares y humedales, destacando que 26 hectáreas ya han sido afectadas con la tala de manglares.

Además, la bahía de Ohuira cuenta con una profundidad promedio de 2.5 metros, lo que podría retener desechos químicos hasta por 6 meses, llevando a una contaminación permanente.

Felipe Montaño, vocero del Consejo Consultivo de la Nación Yoreme, cuestionó: “¿Si hay desarrollo para quién y si el progreso para quién va a ser?”, denunciando que el supuesto desarrollo no es inclusivo ni para el beneficio de los pueblos originarios.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, añadió que se debe de “luchar por el cambio de conceptos de lo que es desarrollo”, explicando que el desarrollo es cuando se comparte el crecimiento de la economía, pero en este caso, “no se comparte, allí hay beneficiarios muy directos y es capital internacional”.

Hicieron énfasis en que las autoridades municipales y estatales priorizan sus “intereses de inversiones extranjeras por encima del bienestar de la población ahomense”, utilizando el territorio para beneficio empresarial, ya que la mayoría de la producción está destinada a la exportación.

“El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones constitucionales e internacionales de proteger los derechos humanos, priorizando intereses empresariales, extranjeros sobre la vida, la salud, el medio ambiente y el territorio. No estamos ante un caso aislado, sino ante una violación sistemática de derechos humanos desde el 2014 en que se autorizó la instalación de la planta de amoníaco de dos mil toneladas métricas diarias de gas”.