El presidente estadounidense busca ampliar las formas de pena de muerte para miembros de organizaciones terroristas
Narcotraficantes mexicanos que sean entregados a Estados Unidos sin pasar por el debido procedimiento de extradición, podrían enfrentar la pena de muerte si el gobierno del vecino país del norte decide aplicar la pena máxima al acusado, para incluso, llevarlo ante un pelotón de fusilamiento.
Leonardo Silva, ex agente de la DEA en México, dijo que es una posibilidad cada vez más latente ahora que Donald Trump está a cargo del país, al tratarse de un mandatario que gusta de sentar antecedentes, y lo que parece motivarlo más es cuando el narcotraficante estuvo al frente de una organización violenta, y tuvo nexos con el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.
“La pena de muerte siempre ha estado sobre la mesa, sobre todo si el narcotraficante fue muy violento, y si el gobierno de Estados Unidos quiere mandar un mensaje a otros narcos, puede ser fusilado porque se trata de un presidente que no tiene reglas”, dijo Silva, quien es autor del libro El Reino del Terror.
Trump es el primer presidente que ha propuesto la sentencia de muerte para narcotraficantes.
Incluso, se ha reunido con gobernadores de su partido desde que asumió la presidencia, en febrero de 2025, para pedirles que implementen la pena de muerte para narcotraficantes.
“Si se fijan, ningún país que tenga la pena de muerte tiene problemas de drogas, y es algo que debemos implementar en Estados Unidos”, dijo Trump a los gobernadores con quienes se reunió en aquel momento.
La petición no tuvo mucho eco entre los mandatarios estatales, y como resultado el presidente estadounidense empezó a trabajar en una orden ejecutiva para implementar sentencias capitales legales, y con ello allanar el camino para que el Departamento de Justicia, busque que se ejecuten a los condenados una vez agotadas sus apelaciones.
Apenas el viernes de la semana pasada, el USDOJ señaló en un comunicado de prensa que la orden ejecutiva ya estaba dictada y en marcha, y que empezó con la readopción de inyección letal utilizada durante la primera administración Trump, pero que ahora durante su segundo mandato incluirá métodos de ejecución adicionales como el fusilamiento y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte.
“La administración anterior incumplió con proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías, pero bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vamos a hacer cumplir la ley y apoyar a las víctimas”, dijo el fiscal general interino Todd Blanche.
Ha sido precisamente bajo la administración de Trump que se declaró “terroristas” a narcotraficantes de las diferentes organizaciones criminales en México, incluyendo delincuentes afiliados al Cártel de Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo cual, en opinión de expertos, la pena de muerte por fusilamiento sería contemplada por el gobierno, en caso de que un narcotraficante no sea extraditado bajo los protocolos establecidos.
Un conflicto entre cooperación y derecho internacional
Académicos en México y Estados Unidos argumentan que la extradición de narcoterroristas donde se contemple la pena de muerte socava las garantías constitucionales de los mexicanos, generando un conflicto entre el derecho internacional y la cooperación en materia de seguridad entre ambos países. Sin embargo, la postura jurídica de México sigue siendo clara, y exige que ninguna extradición puede llevarse a cabo sin garantías de que no se aplicará la pena capital.
“El Tratado de Extradiciones entre México y Estados Unidos contempla derechos contradictorios: si bien, reconoce el derecho de un país a no extraditar a sus nacionales, pero al mismo tiempo afirma el derecho del país solicitante para que sus nacionales sean extraditados sin contemplar la pena de muerte. Pero si la persona es llevada a Estados Unidos sin este protocolo, puede resultar difícil que se respeten sus derechos y se contemple la pena de muerte”, explicó Osvaldo León, de la Universidad de Leyes de Wisconsin.
El gobierno de México a su vez ha insistido en que seguirá extraditando a narcotraficantes que son requeridos por el gobierno de Estados Unidos, siempre y cuando no se les aplique la pena de muerte.
Para Leo Silva, la posibilidad de que se condene a un narcotraficante a la pena máxima es remota, pero no imposible, por el gran número de muertes por sobredosis que el fentanilo ha provocado en los últimos años en EU, y por el afán de Trump de crear antecedentes.
“El problema por el cual el fentanilo ha sido satanizado es porque mucha gente muere, no porque busque fentanilo, sino que la droga esta mezclada con otras sustancias, y eso termina matándolos. Por eso el gobierno de Estados Unidos está tan molesto”, insistió Silva.
Las medidas del USDOJ incluye exigir a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) restablecer el protocolo de ejecución adoptado durante la primera administración Trump, que utiliza pentobarbital como agente letal, además de ampliar el protocolo de ejecución para incluir métodos adicionales, como el fusilamiento.
“El BOP debe estudiar la posibilidad para ampliar el corredor de la muerte federal, incluso construir un nuevo centro de ejecución para permitir métodos adicionales”, se lee en el comunicado del USBOP.
La guerra declarada por Trump a los cárteles, tiene meses construyéndose, e inició cuando declaró a los narcotraficantes como terroristas, y siguió con el ataque y destrucción de supuestas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, hasta la amenaza de atacarlos en territorios que son operados por los diferentes cárteles en México.
Artículo publicado el 26 de abril de 2026 en la edición 1213 del semanario Ríodoce.
