Aunque la propuesta de regular el uso seguro de celulares en entornos escolares ha recibido dos lecturas como iniciativa, el Grupo Parlamentario de PAN, reclamó que el Congreso del Estado mantiene en pausa iniciar la discusión sobre este tema.

El diputado del PAN, Jorge González Flores, aseguró que la discusión sobre uso de celulares no es tema accesorio, sino un asunto que incide directamente en la calidad educativa, en la convivencia dentro de las aulas e incluso en la seguridad de los estudiantes.

Nuestra propuesta, dijo, nunca ha sido prohibir por prohibir, ni mucho menos imponer medidas desproporcionadas, sino buscar regular el uso de dispositivos móviles bajo criterios claros.

Explicó que la iniciativa que presentó desde mediados del año pasado su bancada, fue construida escuchando a madres y padres de familia, docentes y especialistas, para proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes sin perder de vista la realidad tecnológica que se vive.

De acuerdo con el texto de la propuesta que presentaron los diputados del PAN, se reformaría la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, en el artículo 119, para que las autoridades educativas expidan protocolos para la regulación, supervisión y uso responsable de los dispositivos de telefonía celular y tecnologías de la información y comunicación durante la jornada escolar, a fin de que su utilización no interfiera con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje ni ponga en riesgo la integridad y el bienestar de los educandos.

En el texto de la reforma se propone que dichos protocolos deberán tener un enfoque de protección integral de derechos que prioricen el interés superior de la niñez, la inclusión, la igualdad sustantiva y la prevención de cualquier forma de violencia, acoso, exposición a contenidos nocivos o afectación al desarrollo socioemocional de los educandos.

Se contempla que la normatividad incluiría la restricción del uso de dispositivos durante el horario de clases, permitiendo su uso exclusivamente en actividades estrictamente vinculadas al proceso pedagógico, en situaciones justificadas o de emergencia.

Los diputados parten en su exposición de motivos de la iniciativa que el uso excesivo de los dispositivos electrónicos en manos de las niñas, niños y adolescentes, conducen a situaciones que perjudican su desarrollo normal y provoca problemas de conducta, trastorno del sueño, depresión, ansiedad e incluso en casos extremos pueden generar adicciones.

Citan que, al navegar en internet, los niños y jóvenes se pueden exponer a discursos de odio y contenido violento, sexual, incluyendo mensajes que incitan a realizar autolesiones, suicidio, acoso e incluso darse casos de reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado.

De acuerdo con un estudio de Usuarios de Internet en 2024, el 31 por ciento de los usuarios pertenecen al grupo de edad entre 12 y 27 años, en tanto que el tiempo promedio de conexión se incrementó de manera notable a más de nueve horas diarias de conexión en ese grupo de edad.

Entre los cinco riesgos más frecuentes que cita el estudio realizado por la Asociación de Internet MX están: robo de datos personales, ser víctima de fraude, invasión de privacidad, recibir virus en dispositivo y contenidos desagradables o inadecuados.

Los diputados señalaron que, de acuerdo con investigaciones educativas y experiencias docentes, los celulares pueden ser una fuente de distracción que disminuye el rendimiento académico, pero también reconocen que puede ser una potente herramienta de aprendizaje si se usa adecuadamente, por lo que urgieron el diseño de protocolos al uso responsable.

Abundaron que los dispositivos deben normarse con fines pedagógicos, conforme a las edades de los educandos y su etapa de desarrollo psicosocial.

Los diputados citaron un informe de la UNESCO que reportó que, en países como Bélgica, España y Reino Unido, la retirada de los teléfonos celulares de las escuelas mejoró los resultados del aprendizaje.

En el caso de México precisaron que, en entidades como Michoacán, Puebla, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí, se está considerando regular el uso de celulares en los planteles educativos, además que también a nivel federal existen iniciativas hacia esta orientación.

Reconocen los legisladores panistas que muchos padres de familia valoran que sus hijos tengan un celular por razones de seguridad, por lo que no se busca la prohibición total, pero sí reglamentar su uso con disposiciones claras que permitan crear responsabilidad entre autoridades educativas y las familias.

Se trata en esencia, dijeron, de ordenar el uso de la tecnología, no de negarla; de aprovechar sus beneficios, sin ignorar los riesgos que implica su uso indiscriminado.

“Hoy, lo que está pendiente no es el diagnóstico ni la discusión pública. Lo que falta es que este Congreso asuma su responsabilidad y avance en el proceso legislativo que corresponde”.

Artículo publicado el 05 de abril de 2026 en la edición 1210 del semanario Ríodoce.