En Coahuila han robado 282 vehículos en lo que va del 2025, en Sinaloa, 6 mil 345.  Por cada carro que roban allá, aquí roban 22.

A pesar de que suceden menos despojos allá, la fiscalía de Coahuila tiene 191 millones de pesos más que la de Sinaloa para investigar y perseguir los delitos del orden común, como el robo de vehículo.

Si relacionamos el presupuesto de las fiscalías para investigar con el número de vehículos robados en 2025, esto es, si dividimos los recursos disponibles entre el número de carpetas de investigación abiertas por tal delito, hallamos que la fiscalía de Sinaloa tiene 24 veces menos recursos que la de Coahuila.

Por cada peso que en Sinaloa se invierte para investigar y perseguir una denuncia de robo de vehículo, en Coahuila se invierten 24 pesos.

Hay una diferencia de 2 mil 400 por ciento de presupuesto efectivo por carpeta de investigación abierta.

En Coahuila hay menos robos de vehículos porque allá hay una Fiscalía que recibe del gobierno y del Congreso un respaldo presupuestal que le permite abatir la impunidad. Quien roba un vehículo allá, sabe que puede ser castigado.

Son datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportados por el Observatorio Nacional Ciudadano.

Para el año que entra, 2026, la Fiscalía de Sinaloa seguirá enfrentando a las expresiones del crimen organizado más poderosas del mundo con uno de los presupuestos más débiles del país.

El presupuesto de la fiscalía de Sinaloa para el próximo año crecerá en 63 millones, el de la fiscalía de Coahuila, 68 millones. Se ampliará la brecha.

El presupuesto de la fiscalía de Baja California en 2026 será de 795 pesos por cada habitante; en Guanajuato, 735; en Sonora de 826;  CDMX, 993; Quintana Roo, 1 mil 345. El de la Fiscalía de Sinaloa, 397 pesos, miserable, en comparación no con países desarrollados sino con otros estados de México.

Aquí los asesinatos han aumentado 337 por ciento entre el mes anterior al inicio de la narcopandemia, agosto de 2024, y el promedio de los ya 15 meses de crisis de violencia.

Los robos de vehículos han aumentado 187 por ciento entre el mes anterior al inicio de la narcopandemia, agosto de 2024, y el promedio de los ya 15 meses de crisis de violencia.

En cambio, el presupuesto de la fiscalía aumentó solo 6 por ciento en 2025 y apenas 5 por ciento para 2026.

El número de delitos que la fiscalía debe investigar, perseguir y presentar ante los jueces creció monumentalmente y los recursos que recibe para hacerlo, raquíticamente.

La respuesta del gobierno del Doctor Rubén Rocha ante la narcopandemia ha consistido en muchas campañas de propaganda pero miserable inversión en acciones y en capacidades de las policías de investigación y de los ministerios públicos.

Los rondines de fuerzas federales por las calles no sustituyen al trabajo que debe realizar la fiscalía. Son actividades diferentes. Los militares y la Guardia Nacional no investigan las denuncias presentadas por ciudadanos víctimas de delitos del orden común, como el robo de vehículo, de manera que si el ministerio público no concluye eficazmente su trabajo, no habrá justicia para todos esos casos.

La Fiscalía de Sinaloa ha sido incapaz de aplicar justicia y acabar con la impunidad. Además de la cooptación de algunos de sus elementos, la falta de recursos la hace débil y poco útil.

Un botón de muestra lo da el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) el cual nos informó que en 2023, en ocho estados, cuando los policías ministeriales solicitaron apoyo pericial para investigar delitos, lo recibieron, ninguna solicitud quedó pendiente, mientras que en Sinaloa quedaron pendientes 6 mil 400. El problema aumentó en 2024, en lugar de disminuir, quedaron pendientes 18 mil 843 solicitudes de peritaje.

En Sinaloa no vivimos en paz porque las instituciones responsables de investigar y perseguir el delito no son capaces de hacerlo. Porque no reciben los recursos necesarios y porque han perdido autonomía respecto del poder político y de los poderes fácticos.

La incapacidad de la fiscalía también está impune. No hay un contrapeso suficientemente fuerte que le obligue a cumplir cabalmente su función.

Los pocos medios de comunicación y las escasas voces ciudadanas que critican, denuncian, evalúan y proponen no tienen un respaldo determinante.

Gran parte de quienes ocupan puestos de dirección en instituciones y organizaciones prefieren sumarse al coro que mantiene el estado de cosas de un crimen organizado fuerte y una fiscalía débil. Es una variante de la complicidad.

Eso permite que el vicefiscal del sur diga a los reporteros: “publiquen lo que quieran, no los voy a atender, retírense”. La soberbia de saberse impune ante la sociedad y protegidos por sus “jefes”, quienes quiera que estos sean.

La impunidad está solapada también por quienes toleran que el gobierno no haga lo debido, que se prestan a la selfie sonriente y hasta soportan humillaciones públicas. Le llaman “formas correctas” a ser alfombra aquiescente.

Ayúdeme con algunas respuestas.

¿Por qué el gobierno no fortalece a las instituciones locales de seguridad y justicia? ¿Por qué la prioridad que dicen darle a la aplicación de la justicia no se refleja en los presupuestos? ¿Qué estructuras de la política forman parte del sistema de macro criminalidad que padecemos? ¿A quién beneficia que el policía investigador no tenga un buen sueldo, capacitación, condiciones de vida altos, apoyo de servicios periciales, la cantidad de compañeros necesaria, y los recursos materiales indispensables?

¿Nos conviene renunciar a la esperanza? ¿Cómo nos podemos ir juntando los que no estamos conformes? ¿Por qué no aprendemos de las experiencias exitosas que han pacificado otros estados de Mexico y de otros países? ¿Cómo salimos bien de esta emergencia?

¿Debemos ser víctimas abnegadas de la incapacidad y complicidad de políticos e instituciones?

Artículo publicado el 21 de diciembre de 2025 en la edición 1195 del semanario Ríodoce.