El gobierno federal afirma que con la norma el líquido dejará de verse como mercancía; los agricultores señalan que generará pérdida de derechos históricos, riesgos económicos e incertidumbre

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que despertó el descontento de los productores agrícolas, fue aprobada por mayoría por la Cámara de Diputados y el Senado. El gobierno federal argumenta que con la norma el agua dejará de verse como mercancía y será propiedad de la nación, para distribuirse de manera equitativa priorizando el consumo humano.
Parda los campesinos la reforma representa incertidumbre, pérdida de derechos históricos y riesgos económicos que podrían afectar la estabilidad del sector agropecuario.

¿Qué establece la reforma a la Ley de Aguas Nacionales?

La modificación que entrará en vigor a partir del 2026, coloca al uso personal y doméstico como la prioridad máxima en la distribución del agua, por encima de actividades industriales y agropecuarias; además otorga a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) facultades ampliadas para revisar si los concesionarios cumplen con los volúmenes asignados y recuperar el agua que no se utilice correctamente.

Asimismo, la autoridad del agua podrá realizar visitas, auditorías hídricas y evaluaciones periódicas, especialmente a industrias de bebidas, manufactura, agroprocesamiento y minería. En caso de que se detecte algún uso irregular, los concesionarios podrían enfrentar sanciones o incluso la pérdida de concesiones.

Para los productores, la norma y las reformas contienen cinco puntos que plantean cambios clasificados como sensibles:

• Las concesiones de uso agropecuario quedarán vinculadas a la tierra, y solo podrán heredarse o transmitirse si se mantiene el mismo uso productivo.

• Ya no podrán venderse o transferirse de manera independiente, lo que reduce su valor como activo patrimonial.

• Las concesiones no se renovarán automáticamente; quedarán sujetas a evaluaciones periódicas.

• Productores temen que los permisos se conviertan en autorizaciones anuales, complicando la planeación de cultivos.

• Incertidumbre en cuanto a apoyos para modernizar sistemas de riego, lo que podría aumentar la brecha entre pequeños agricultores y las agroindustrias con mayor capacidad de inversión.

Productores: preocupación por falta de consulta y pérdida de derechos

Para los productores de Sinaloa, el principal malestar radica en la ausencia de un proceso de diálogo previo y en el temor a que el Estado concentre un control que antes estaba distribuido entre los usuarios del agua.

Ricardo Armenta, productor de Guasave, aseguró que la reforma nació por el interés de asesores personales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y sin tomar en cuenta al sector agropecuario, el cual depende totalmente del recurso.

“No hubo ninguna consulta, ninguna plática previa para hacer estas reformas. El sector que más usa el agua somos nosotros, el agropecuario, y es precisamente el sector que menos fue tomado en cuenta. El gobierno ahora dice ‘el dueño de esto soy yo y yo les voy a decir cuánta agua les voy a dar’”, expresó.Armenta

también acusó que el futuro de la infraestructura de riego y tecnificación, es impreciso e insuficiente, ya que en el Plan Nacional se informó que se invertiría en la tecnificación de 200 mil hectáreas en un periodo de seis años.

“Presumen que van a tecnificar 200 mil hectáreas en seis años. Solo Guasave tiene 260 mil. ¿Cuándo vamos a modernizar nuestro sistema de riego? Así no podremos incrementar la producción”, apuntó.

Reforma provoca movilizaciones

El descontento por la reforma detonó en manifestaciones caracterizadas por la toma de casetas de cobro en distintos puntos del país, y aunque en el sur de México, las movilizaciones comenzaron desde el miércoles 6 de diciembre, en Sinaloa, los productores se unirán a las protestas impulsadas por el Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM), hasta el 8 de diciembre.

De acuerdo con Martín Lim, vocero de Campesinos Unidos en Navolato, se acordó esperar hasta esa fecha para que coincidiera con las mesas de diálogo programadas entre el gobierno Federal y líderes del FNRCM, también detalló que las movilizaciones responden a compromisos incumplidos y a disposiciones que, criminalizan prácticas comunes en el campo.

“Nos vamos a manifestar porque no cumplieron acuerdos en la ley de aguas. En Chihuahua y Zacatecas están muy molestos por la criminalización del agua, porque si alguien le pasa agua de su pozo al vecino, eso ya sería considerado un delito”, acusó.

Lim detalló que, además del tema del agua, las movilizaciones incluirán la discusión sobre precios comerciales del maíz y la participación de industriales como Maseca, Minsa, Cargill y Bachoco en las mesas de negociación.

Las protestas que se llevarán a cabo en Sinaloa durante el segundo lunes de diciembre del 2025, incluirán la liberación de cobro a los vehículos que, a partir de las 9:00 de la mañana circulen por las casetas de El Pisal, Costa Rica, Alhuey, Cuatro Caminos y San Miguel Zapotitlán.

“Le quita derechos al ciudadano”

Al ser cuestionado sobre la reforma, el diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, Mario Zamora Gastélum, reiteró que su voto en la Cámara fue en contra porque consideró que la reforma elimina la garantía histórica que vincula la tierra con el acceso al agua.

“Es una ley que le quita un derecho al pequeño productor y al ejidatario. Desde la época de Lázaro Cárdenas cada parcela tiene derecho al agua, y esta iniciativa se lo quita de manera textual”, declaró.

El diputado explicó que este cambio abre la puerta a concesiones temporales que podrían adjudicarse a un productor un año y retirarse al siguiente. Añadió que la única parte que saldría beneficiada, será el gobierno.

“Le da mucho mayor control al gobierno, le quita un derecho al ciudadano para adjudicárselo a él, para tener mayor control sobre las decisiones de los ciudadanos, y bueno pues el gobierno lo usará en el beneficio que él guste”, sentenció.

Artículo publicado el 7 de diciembre de 2025 en la edición 1193 del semanario Ríodoce.