Las Fiscalías en México, las estatales y la federal, son órganos constitucionalmente autónomos. Ese falso principio de autonomía corrompe de origen todo su funcionamiento. Antes de entrar en la discusión de su permanencia o de su eliminación convendría dejar de engañarnos. Todos en el sistema actúan —fingen— como si fuera cierto.

Se explica de una manera simple con una mentira que todos hemos sostenido: Los reyes magos (o Santa Claus, como se prefiera) son quienes dejan los regalos en la navidad. Pasamos años diciendo eso a los niños y niñas que nos rodean, lo decimos como se dice una verdad. Lo repetimos al año siguiente deseando que fuera verdad, sobre todo a la hora de comprarlos. Hasta que un día la repetición del suceso sufre una fisura, se quiebra, deja de parecer verdad, y el niño o la niña pasan de la sospecha a la certeza: los reyes magos (o Santa, como se prefiera) no existen, son los papás y mamás, tías o abuelas, quienes compran los regalos. Pero entonces pasa algo muy curioso: niños y niñas saben de la mentira y fingen creerla, entonces papás y mamás también saben que los hijos saben, pero igual siguen sosteniendo esa verdad que en realidad es mentira, y aun sabiendo que es mentira sostenemos como verdad.

Así, tal cual, pasa con esta autonomía constitucional de las Fiscalías en México. Todos sabemos que es una mentira, especialmente quienes otorgan el regalo del nombramiento de la Fiscal o el Fiscal en turno, también lo saben quienes reciben el regalo, y todos hacemos como si los Reyes Magos existieran.

La modificación legal que convirtió a las Procuradurías de Justicia en Fiscalías constitucionalmente autónomas es reciente en el país. En Sinaloa cumplió ocho años en enero pasado, a nivel federal está por sumar siete en diciembre. Pero ahora, como antes, el Ejecutivo en turno es quien en realidad nombra a su fiscal.

Si se tratara de un virtuoso funcionamiento de pesos y contrapesos, donde las propuestas surgen del Ejecutivo mediante un análisis y llegan al poder Legislativo para su discusión y no solo para el trámite de la validación, ahora no estaríamos entrampados en el convencimiento de una verdad que todos sabemos que es mentira.

En Sinaloa no hay un ejemplo, hay nueve. Desde que el gobernador Juan Millán involucró al Consejo Estatal de Seguridad para que hiciera las propuestas así ha sido. En esa terna siempre está quien el Ejecutivo en turno ha decidido con anticipación que será quien ocupe el cargo de Procurador o ahora de Fiscal. No hay una sola excepción, ninguna vez el órgano independiente y ciudadano (el Consejo Estatal de Seguridad) se ha atrevido a excluir a quien le pide el Ejecutivo, la persona que todos sabemos que será nombrada.

Margen de error

(Nombres) En una larga línea del tiempo, que abarca más de 30 años, seis gobernadores y 12 procuradores-fiscales, la constante es solo una: El ejecutivo en turno decide el nombre del Fiscal. Sea su facultad directa, como en el pasado, o sea mediante propuesta de un órgano ajeno con el aval del Congreso, trátese de una dependencia del ejecutivo o un órgano constitucionalmente autónomo.

Así llegaron, como propuesta del Consejo de Seguridad para Procuradores: Gilberto Higuera Bernal, Ramón de Jesús Castro Atondo, Óscar Fidel González Mendívil, Luis Cárdenas Fonseca, Alfredo Higuera Bernal, Marco Antonio Higuera Gómez. Y ya como Fiscales: Juan José Ríos Estavillo, Sara Bruna Quiñónez y Claudia Zulema Sánchez Kondo. Nueve. Exactamente igual como en el pasado, cuando el Ejecutivo les daba el nombramiento, fueron Amado Zambada Sentíes, Roberto Pérez Jacobo o Juan Luis Torres Vega, por citar solo un sexenio para atrás.

En Sinaloa en esta línea del tiempo de tres décadas un Fiscal solo dura dos años y medio en promedio. De los seis gobernadores de ese lapso, tres han tenido tres procuradores en su mandato, solo dos (Malova y Quirino Ordaz) han tenido a una sola persona. En el actual sexenio ya son tres Fiscales, incluyendo el efímero tiempo de Ríos Estavillo.

Primera cita

(Volver) Pasada la elección de Magistrados y Jueces, que implica la renovación completa del Poder Judicial, de manera natural lo que seguiría es una renovación de la Fiscalía Federal y de las locales (quizá el proceso era a la inversa, primero la procuración de justicia, que es donde prevalecen los peores vicios y un poder disfuncional).

En la cadena de la seguridad pública, entonces, la asignatura pendiente son las Fiscalías. La Presidenta Claudia Sheinbaum ya abordó el tema aunque de antemano niega que tenga una propuesta relacionada con eliminar la autonomía, aunque sabemos que su partido sí, Morena presentará una iniciativa en ese sentido.

Alguien podría decir: era peor el modelo anterior y sería un retroceso regresarle la facultad al Ejecutivo en turno de nombrar y cesar al Fiscal. Pero en este momento sería ocioso insistir en defender una autonomía que nunca ha existido, casi en ninguna entidad. Aun cuando nunca se ha logrado sería deseable, sin duda, pero daría igual quién nombrara al Fiscal siempre y cuando el sistema de procuración de justicia funcione, tenga recursos y capacidades para integrar averiguaciones sólidas, expedientes fundados en investigaciones profundas. Justo lo que ahora no tenemos.

Mirilla

(Reforma) La Procuración de Justicia en México exige una reforma, que no solo se quede en la autonomía del nombramiento del titular, sino en combatir los añejos vicios que persisten en sus tres deformes cuerpos que la componen: los ministerios públicos, las policías investigadoras y los servicios periciales.

La hoja de ruta de una reforma sería la que marcaría los fundamentos de una institución que debe representar el interés de la sociedad, de la que esperaríamos la persecución e investigación del delito, asignando las responsabilidades sobre esos hechos, en un marco de respeto a los derechos humanos y la protección de víctimas y testigos (PUNTO)

Artículo publicado el 22 de junio de 2025 en la edición 1169 del semanario Ríodoce.