La Auditoría Superior del Estado detectó que el gobierno de Ahome desvió recursos públicos para beneficiar a regidores, sin que estos tuvieran derecho.
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Por ello, la dependencia ordenó una investigación a fondo y la aplicación de sanciones a los funcionarios que desviaron los recursos, pese a que la edil de entonces pagó lo obtenido.
La ASE determinó que, aunque el dinero público fue devuelto a las arcas municipales, persiste la conducta ilícita de los funcionarios que aprobaron el préstamo, pues estos no tenían facultades para la erogación.
De acuerdo a la investigación de la ASE, en el desvío estarían involucrados el alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros, su tesorero, Gerardo Iván Hervás Quindos, y una regidora a la que se identificó como Angelina “N”.
El asunto se habría consumado el 27 de marzo del 2023 a favor del empleado número 10216 y se desprendió del cheque 19183 que amparaba el pago de 250 mil pesos de la cuenta de gasto corriente número 0672737435 del Banco Mercantil del Norte.
De acuerdo al estado de resultados de la auditoría 2023, la dependencia emitió la promoción de responsabilidad administrativa AECF-MUN-AFI0032024-2023-PR-27-08 para que la autoridad competente realice las investigaciones por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con su responsabilidad de cuidar los recursos municipales.
El caso fue detectado por los auditores fiscales en la subcuenta 1123-1-000001-010216, en la que registraron un cargo de 250 mil pesos por concepto de préstamo a regidora, de la cual al cierre del ejercicio había amortizado 118 mil pesos en abono vía nómina de sueldos. En la inspección, también se encontró que la tesorería había omitido requerir la liquidación.
Atrapados en los malos manejos administrativos, la tesorería mostró a los auditores una copia certificada de la póliza de diario o D0000074 de fecha 25 de junio de 2024, en la cual registran depósito por importe de 131 mil 200 pesos en la cuenta bancaria número 0493951575 del Banco Mercantil del Norte, S.A., suscrita a nombre del Municipio de Ahome.
El pago, asentaron los auditores, no exime de culpa a los funcionarios porque el incumplimiento normativo persiste, toda vez que es improcedente otorgar préstamos personales con cargo al erario público a integrantes del H. Ayuntamiento de acuerdo al artículo 147 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Aunque la concejal beneficiada pagó el préstamo, la acción ilegal de ambos políticos no se borra, ordenándose a la sindicatura en procuración la investigación que deberá de ejecutar el órgano Interno de Control, ahora, en manos de incondicionales del alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros.
Los entonces regidores de oposición, Julio César Valdez Miguel y Jesús Ramón Salmerón, aseguraron que el caso les era completamente desconocido porque ignoraban el asunto del préstamo al no haber pasado por cabildo.
“Eso fue en lo oscuro, a espaldas de nosotros. Es manejo del ejecutivo con algunos regidores, es costumbre, quizá”, opinó Valdez Miguel.
Mientras que Salmerón consideró que el hecho pinta a los gobiernos actuales como corruptos, y cómo el alcalde usa los recursos públicos para corromper.
Hasta ahora, el alcalde Vargas Landeros, su tesorero Hervás Quindos y la síndica procuradora, Cecilia Hernández Flores no han manifestado opinión del caso que se investigará.
El Órgano Interno de Control se encuentra acéfalo puesto que el auditor, Fausto Rubén Ibarra Celis, renunció al cargo apenas terminó la administración del reelecto Vargas Landeros. El entonces secretario de la comuna, Dalvingh Iturrios Corrales es uno de los propensos a ocupar la vacante. Este estaba en funciones cuando el desvío de recursos públicos al cabildo se cometió.
Artículo publicado el 10 de noviembre de 2024 en la edición 1137 del semanario Ríodoce.
