El juez de control resolvió que en la carpeta de investigación por la compra de carne de res y pollo no se acredita que el rector separado del cargo participó en la comisión del delito que se le imputó

La Fiscalía General del Estado acusó al rector de la UAS separado del cargo, Jesús Madueña Molina, de abuso de autoridad sin pruebas y un juez de control dictó auto de no vinculación a proceso y el Tribunal Colegiado ratificó un amparo contra el auto de vinculación por la compra de carnes de res y pollo.

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La causa penal que el rector separado ya libró es la iniciada el 21 de agosto de 2023 en la que la FGE acusó que Madueña Molina y el entonces abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, se negaron a que los auditores de la Auditoría Superior del Estado auditaran los ingresos propios de la universidad.

Por la causa penal iniciada por la compra de 67 millones 296 mil 253 pesos en carne de res y pollo, el Tribunal Colegiado ratificó un amparo contra el auto de vinculación y está pendiente que el juez de control vuelva a celebrar la audiencia inicial y dicte una nueva resolución.

El juez que vinculó a proceso en las dos causas penales fue Adán Alberto Salazar Gastélum, hoy magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Por el delito de abuso de autoridad, la FGE había acusado que el 27 de marzo del año pasado la ASE notificó a la universidad que realizarían una auditoría el día 30 y pidió que proporcionaran un espacio a los auditores.

El 30 de marzo los auditores llegaron al campus Rafael Buelna, donde se encuentra rectoría, y fueron recibidos por Robespierre Lizárraga, en ese entonces abogado de la universidad y le pidieron que nombrara a dos testigos para iniciar la auditoría.

El abogado general nombró a los testigos, pero se negó a firmar el acta de inicio de auditoría, por lo que el personal de la ASE se retiró y el mismo día el área jurídica presentó denuncia penal contra Madueña y Lizárraga Otero por abuso de autoridad.

En mayo de este año el juez de distrito amparó al rector separado del cargo y ordenó dejar insubsistente el auto de vinculación.

Luego de que el juez dictó la sentencia, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Sara Bruna Quiñónez Estrada, anunció que apelaría la resolución y aseguró que no habían vulnerado los derechos del imputado.

“Se reclama el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia inicial del 21 de agosto de 2023, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de abuso de autoridad; actualmente está resolución se encuentra en los términos legales para ser recurrida, que son 10 días hábiles a partir del día siguiente de su notificación”, señaló la FGE.

El ministerio público y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa promovieron un recurso de revisión para tratar de revocar la sentencia, pero el Tribunal Colegiado los declaró improcedentes.

El Tribunal resolvió que en la carpeta de investigación no hay datos de prueba que acrediten que el rector participó en la comisión del delito imputado.

“En la audiencia inicial de 21 de agosto de 2023, el agente del ministerio público investigador no hizo referencia a ningún dato de prueba que revele la participación del quejoso en el hecho delictivo que se le imputa, sino que tanto en la imputación como en los datos de prueba verbalizados por el fiscal en la audiencia inicial, se mencionó que quien se negó a proporcionar la información, los documentos y el espacio solicitado por el ente fiscalizador el 30 de marzo de 2023, fue el apoderado jurídico de la universidad, Robespierre Lizárraga Otero y no directamente el rector quejoso”, señala la sentencia.

El documento establece que “tampoco se mencionó un dato de prueba del que se desprenda que el quejoso (Madueña) haya dado la orden al mencionado apoderado o que se hubiera puesto de acuerdo con él, para impedir que se llevara a cabo la auditoría mencionada”.

Tras la sentencia de amparo, el juez Carlos Alberto Herrera celebró de nueva cuenta la audiencia inicial y dictó auto de no vinculación a Madueña Molina; mientras que el de Robespierre sigue vigente.

Por la causa penal iniciada por la compra de carne de res y pollo, el Tribunal Colegiado ratificó el amparo que un juez de distrito concedió a Madueña Molina.

En ese proceso la FGE acusó que Madueña tuvo conocimiento de que las compras se estaban haciendo sin licitación y no las evitó estando dentro de sus facultades hacerlo.

El juez resolvió que la FGE no presentó datos de prueba que acrediten que el rector tuvo conocimiento de los hechos y que era su facultad evitarlos.

El tribunal colegiado ratificó la decisión del juez de distrito de dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso y ordenó que el juez de control de nueva cuenta realice la audiencia inicial y dicte una nueva resolución.

La sentencia ordena al juez de control que “determine que conforme a las atribuciones que corresponden al cargo de rector de la Universidad, previstas en el Ley Orgánica y los Estatutos Generales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el material probatorio con el que se cuenta en el procedimiento en mención, no está acreditado que el quejoso tuvo conocimiento de los hechos materia de la imputación, bajo la hipótesis que intencionalmente no lo evite si está dentro de sus facultades”.

El juez de control Carlos Alberto Herrera deberá celebrar de nueva cuenta la audiencia inicial y dictar una nueva resolución.

El rector separado tiene otros seis procesos penales por compras irregulares y esta semana se llevará a cabo una audiencia inicial nueva por la presunta compra de uniformes por 56 millones de pesos; y falta por celebrarse una más por la adquisición de 125 millones de pesos en mobiliario y equipo de oficina.

Artículo publicado el 03 de octubre de 2024 en la edición 1136 del semanario Ríodoce.