Ricardo Monreal consideró inadmisible e improcedente toda resolución de cualquier juez o autoridad sobre el desempeño jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades del Legislativo.

El pronunciamiento fue hecho, luego que la Cámara de Diputados recibió notificaciones de dos Juzgados de Distrito en los Estados de Morelos y Chiapas, en el que pretenden que el proyecto de reforma judicial en materia constitucional no sea discutido ni votado por la Legislatura por la vía de un amparo.

Quien presidirá la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, advirtió que la mayoría Legislativa no se somete ni se someterá a la jurisdicción del Juzgado o Juzgados que lo ordenen porque no tienen competencia para ella, y por lo tanto no se puede suspender el dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial.

“A los únicos que respondemos es a nuestros mandantes, al pueblo, que fue quien nos designó en las urnas para reformar y adicionar al texto Constitucional”, afirmó.

Las acciones de los juzgados, cuestionó, no solo es violatorio del principio de legalidad e invasión del poder legislativo, sino una violación flagrante a la Constitución.

No hay duda que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretenda también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población, sostuvo.

No menos extraño, dijo, que se ha intentado de manera permanente obstaculizar esta reforma con sectores vinculados con el Poder Judicial.

Es inaudito, manifestó, que los que promueven el amparo sean los propios titulares de los Juzgados de Distrito.

Precisó que el análisis del dictamen en materia judicial está a cargo del Congreso de la Unión, el cual debería contar con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, además de tener el respaldo de la mayoría de los Congresos Locales.